Organizaciones y colectivos de inmigrantes denuncian que haya que pagar hasta 500 euros para obtener una cita con la policía

FEDRA SOLANO

Son trámites fundamentales para inmigrantes en España que han devenido en negocios lucrativos

Diversas organizaciones ciudadanas, colectivos de apoyo a personas migrantes y asociaciones jurídicas han alzado la voz contra el creciente negocio clandestino que comercializa citas previas ante la Policía Nacional para trámites de extranjería en España.

Un servicio que, en puridad, es gratuito y accesible se ha convertido en un mercado ilegal, con precios que oscilan entre 40 y 300 € por cita, generando vulneración de derechos y situación de desprotección para quienes dependen de estos trámites.

Según investigaciones recientes, redes criminales han sido desmanteladas en Valencia, Málaga, Ibiza y otras provincias.

Estas organizaciones utilizan bots informáticos para apoderase de las citas que saca la policía en su web oficial y luego revenderlas a precios exorbitantes, pese a tratarse de servicios público gratuitos.

Casos graves

En uno de los casos más graves, fueron arrestadas 21 personas en Alicante, Murcia y Valencia, implicadas en falsificación de documentos esenciales y favorecimiento de inmigración irregular, además de bloquear sistemáticamente el sistema de reserva de la web policial.

En Málaga, se han observado contactos fraudulentos a través de redes sociales en los que se ofrecían citas de asilo por hasta 300 €; muchas de estas resultaron ser falsas, dejando a los afectados sin trámite y sin recurso real.

Expertos legales y defensores de derechos humanos denuncian que la causa principal de esta situación es la falta de recursos y transparencia en la Administración.

Abogados y gestores coinciden en que el sistema está controlado por mafias, que acaparan las citas tan pronto como se liberan, haciéndolas prácticamente inaccesibles para la ciudadanía, que se ve obligada a recurrir al mercado negro y pagar.

Son prácticas que contravienen el Código Penal y la normativa sobre delitos informáticos.

Violación de derechos

Además, supone una clara violación del derecho de acceso a servicios públicos esenciales. Los cobros por citas llegan a superar los 150 € e incluso rondan los 500 € según la provincia y el tipo de trámite.

Los afectados piden una investigación pública exhaustiva sobre los fallos del sistema oficial de citas. Auditorías independientes sobre la seguridad de la plataforma de cita previa online. Refuerzo de transparencia y recursos en las oficinas de Extranjería, así como canales alternativos (teléfono, presencial, email) con garantía de acceso equitativo. Sanciones efectivas contra quienes lucran con trámites públicos gratuitos y contra cualquier red intermediaria, incluyendo gestores y abogados cómplices.

Impacto social

Este negocio ilícito no solo perpetúa la vulnerabilidad de personas inmigrantes y solicitantes de asilo —quienes, en muchos casos, han esperado años para obtener una cita—, sino que también pone en cuestión la eficacia de nuestro sistema público. La desesperación ante la imposibilidad de acceder a citas legítimas convierte organismos esenciales en espacios inaccesibles y discriminatorios.

Citas para jura de nacionalidad:

En todo caso consultamos también con personas de varias localidades a las que les llego la resolución de la nacionalidad y denuncian que tampoco se consiguen citas y los registros totalmente desocupados, este el el caso de Madrid, Mostoles y en la ciudad de León donde hicimos contacto con la notaria y dijeron que las citas estarían disponibles a partir de septiembre.