Nueva treta de Sánchez: disuelve las Cortes y resucita sus decretazos en la Diputación Permanente, donde los votos de Junts no son decisivos

El Gobierno vuelve a aprobar los textos que el Pleno del Congreso tumbó el viernes para convalidarlos en un órgano de 69 miembros en el que le salen las cuentas. Los juristas advierten de un posible fraude de ley

Pedro Sánchez ha convertido su derrota parlamentaria en una maniobra electoral, una nueva treta que puede ser ilegal.

El presidente adelanta las elecciones al 29 de noviembre tras el rechazo de los decretos de vivienda, y lo hace con una segunda jugada preparada: el próximo Consejo de Ministros ordinario prevé aprobar de nuevo los decretos que tumbaron PP, Vox y Junts el pasado viernes en el Congreso, esta vez para llevarlos a un escenario donde la aritmética le favorece. 

Del Pleno a la «mini-Cámara»

La clave está en el artículo 78.2 de la Constitución.

Ese precepto establece que, disueltas ambas Cámaras o expirado su mandato, sus facultades las asume la Diputación Permanente, entre ellas decidir sobre la convalidación o derogación de los decretos-leyes del Gobierno.

Al estar compuesta por 69 miembros, la mayoría absoluta se fija en 35, y allí el Ejecutivo no necesita los apoyos de Junts. El cambio de escenario no es menor: una vez disueltas las Cortes, Junts tendrá un único representante en la Diputación Permanente, frente al peso que mantiene en el Pleno. 

El Gobierno pretende aprobar los decretos de vivienda a través de la Diputación Permanente, que es un órgano inferior. Y se hará alguna pequeña modificación a los decretos para que parezca que se trata de algo distinto a lo que tumbó el Pleno del Congreso.

Cuentas ajustadas

Las cuentas que maneja Moncloa son ajustadas: 35 votos a favor frente a 34. Los nuevos textos deberán convalidarse en un plazo de 30 días, y, si el Gobierno los aprueba hoy, entrarán en vigor al día siguiente con su publicación en el BOE. 

El Pleno rechazó el primer decreto por 178 votos frente a 172, dejando sin efecto medidas como la prohibición de desahucios a personas vulnerables y la prórroga de determinados contratos de alquiler.

Su vida fue efímera: apenas algo más de 24 horas desde su entrada en vigor. El paquete incluía también la rebaja del IVA al 4 % para la vivienda protegida, préstamos ICO a interés cero para la entrada de una hipoteca, la prórroga por dos años de los alquileres que venzan antes de finales de 2028 y topes a la actualización anual de las rentas hasta 2027. 

El segundo texto tuvo aún menos apoyos. PP, Vox, Junts, PNV, Coalición Canaria y UPN rechazaron el decreto que renovaba automáticamente los contratos de alquiler y obligaba al propietario a indemnizar al inquilino con doce mensualidades si rompía el contrato. 

El PNV, árbitro de la maniobra

Ahí está la grieta del plan. El decreto de renovación automática tampoco reuniría mayoría en la Diputación Permanente, porque contó con el rechazo del PNV, y obtendría 34 votos a favor frente a 35 en contra. Los nacionalistas vascos no han desvelado su posición: han anunciado que examinarán en profundidad los nuevos textos antes de fijar su voto, y Sánchez ya negocia con el PNV la redacción de los nuevos decretos. 

Tampoco está claro cuánto cambiarán los textos. El ministro Ernest Urtasun confirmó que se aprobarán con «variaciones», ya que no se pueden repetir decretos en el Consejo de Ministros, mientras otras fuentes apuntan a cambios «técnicos» que no afectan al fondo. 

¿Atajo legal o fraude de ley?

El Gobierno defiende la operación. Félix Bolaños sostiene que es legal que la Diputación Permanente convalide los decretos que rechazó la semana pasada el Pleno, y Moncloa se escuda en el antecedente de 2019, cuando ese órgano ya convalidó un decreto sobre vivienda.

Pero el paralelismo es imperfecto: lo que nunca ha sucedido es que se lleven a la Diputación Permanente decretos similares o idénticos a los rechazados por el Pleno apenas unos días antes.

Esa es la objeción de fondo que plantean juristas consultados por la prensa especializada, que advierten de que la maniobra podría suponer un fraude de ley: un órgano reducido, con mayoría favorable al Gobierno, enmendando la voluntad expresada días antes por el Pleno de la Cámara. 

La oposición ha cargado contra la operación. Isabel Díaz Ayuso calificó de «catástrofe» que los decretos se aprobaran en la Diputación Permanente y lo presentó como una prueba más de la falta de legitimidad de Sánchez.

La vivienda como arranque de campaña

Más allá de la batalla jurídica, la lectura política es nítida. Sánchez busca que la campaña gire en torno a la vivienda, y la convalidación le sirve como primer acto de esa estrategia. Si sale bien, el presidente llegará al 29-N con una medida estrella en vigor pese a haber sido derrotada en el Congreso. Si el PNV se descuelga o los tribunales intervienen, la maniobra puede volverse en su contra en plena precampaña. El Gobierno aún no ha fijado fecha para que la Diputación Permanente se reúna.