Nueva reforma de financiación autonómica: privilegios blindados y un reparto poblacional distinto

El modelo diseñado por Hacienda debilitará las cuentas del Estado, favorecerá a Cataluña sobre el resto de territorios y calculará mal el gasto real en sanidad y educación, según expertos

El Gobierno ultima un nuevo modelo de financiación autonómica que se debatirá dentro de 17 días. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha analizado el borrador y detecta varios puntos conflictivos. Su director, Ángel de la Fuente, sostiene que el texto perpetúa un trasvase de recursos desde el Estado hacia las comunidades autónomas. Ese trasiego, según su análisis, agravaría los incentivos perversos que ya afectan a los gobiernos regionales y dejaría a la Administración central en una posición financiera débil. El plan, negociado con ERC, aspira a someterse a votación antes de que termine el año.

Compensaciones que no caducan nunca

El primer problema señalado por Fedea afecta a las llamadas compensaciones de ‘statu quo’. Estos mecanismos, pensados en teoría como una ayuda temporal, se revisarán de forma permanente conforme evolucione la recaudación tributaria estatal. Esa actualización continua alcanzaría a todas las comunidades por igual. El resultado, advierte la fundación, es un sistema que fija a cada región en su posición actual sin margen de movimiento. Ninguna comunidad podría descender en el reparto relativo, pero tampoco ninguna podría ascender. Esa rigidez, según Fedea, imposibilitaría los ajustes que la equidad territorial exigiría con el tiempo.

El borrador contempla ceder a las comunidades un tramo adicional del IVA, hasta alcanzar el 90% del impuesto. Esta vía serviría para sufragar competencias consideradas singulares dentro del sistema. Fedea rechaza esta fórmula porque generaría dos regímenes de financiación distintos y coexistentes. Esa dualidad complicaría el sistema y dificultaría comparar la financiación real entre territorios. Además, obstaculizaría cualquier intento futuro de ajustar el coste de esas competencias a un criterio homogéneo. La fundación teme que se acaben aplicando valoraciones distintas para las mismas competencias según la comunidad, algo que calificaría de perjudicial para la igualdad entre regiones. Ese diseño, subraya el informe, terminaría beneficiando sobre todo a Cataluña.

El texto del Gobierno también introduce un ajuste en dos fases sobre la población ajustada, la variable clave del reparto. Esa modificación busca aliviar a las comunidades que pierden peso demográfico con el paso del tiempo. Fedea considera preferible una alternativa distinta: aplicar una media móvil sobre las poblaciones ajustadas de base. Esa fórmula permitiría un ajuste progresivo y constante, en lugar de correcciones puntuales cada cierto tiempo.

Sanidad y educación, infravaloradas frente al gasto real

El informe detecta además una distancia notable entre lo que pesan sanidad y educación en el borrador y lo que realmente cuestan. El texto asigna un 38% a sanidad y un 20,5% a educación dentro del reparto. Sin embargo, el gasto autonómico consolidado real alcanza el 48,29% en sanidad y el 28,11% en educación. Fedea considera esas asignaciones insuficientes y apunta a otro desequilibrio: el peso del padrón poblacional, fijado en un 30%, duplicaría lo que sería razonable. La fundación plantea una ponderación alternativa que rebajaría la población general al 15,15% del reparto. A cambio, elevaría la sanidad al 46,84% y la educación al 27,27%. Este cambio recortaría la partida de servicios generales en favor de ambas áreas. La sanidad sería la gran beneficiada, con un incremento cercano a los nueve puntos porcentuales.