Moncloa mantiene su apoyo a David Sánchez y espera que la Justicia revierta la condena

15 de julio de 2026
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el Congreso. /EP

El Ejecutivo asegura que respeta la resolución de la Audiencia de Badajoz, aunque no la comparte, y recuerda que la Fiscalía solicitó la absolución del hermano del presidente del Gobierno

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha mostrado este martes el respaldo del Ejecutivo a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, tras la sentencia que le condena a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa. La ministra ha asegurado que el Ejecutivo respeta la resolución judicial, aunque discrepa de su contenido, y ha expresado su confianza en que sea corregida en instancias superiores.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz ha insistido en que el Gobierno sigue considerando inocente a David Sánchez y ha recordado que la Fiscalía solicitó su absolución al no apreciar indicios de delito durante la investigación.

La portavoz también ha cuestionado el origen del procedimiento judicial, al señalar que la denuncia inicial fue presentada por una organización de ultraderecha, y ha destacado que no existe acusación particular ni perjudicados personados en la causa.

Pese a ello, ha reiterado el respeto del Ejecutivo hacia las decisiones judiciales, aunque ha precisado que no comparte el contenido de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Badajoz.

El fallo condena a David Sánchez a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo al considerarle cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa relacionado con su contratación en la Diputación de Badajoz.

La resolución también impone una pena de nueve años de inhabilitación al expresidente de la Diputación de Badajoz y exsecretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, como autor de dos delitos de prevaricación administrativa.

El Ejecutivo mantiene que será el recorrido judicial del caso el que determine el resultado definitivo y espera que los recursos permitan revertir la condena.

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