Más presos, menos delitos: la paradoja del sistema penal español

17 de enero de 2026
4 minutos de lectura

“Hay tres cosas que nunca vuelven atrás: la palabra pronunciada, la flecha lanzada y la oportunidad perdida.” Proverbio chino

‘La cárcel del siglo XXI que vive el preso’. Reseñas de libros 03.3. ‘ANDAR 1 KM EN LINEA RECTA’

​Continúa el estudio realizado por los profesores haciendo una valoración de por qué se lleva a cabo una política criminal y penitenciaria tan nefasta. Y ellos lo analizan en el epígrafe nº 17 de la introducción del trabajo de investigación, titulado Huida hacia el derecho penal: la presión social y mediática.

En dicho epígrafe se analiza cómo los medios de comunicación, con sus intereses económicos de por medio, con el ansia de conseguir una mayor cuota de audiencia son los responsables de la intoxicación informativa de la ciudadanía, que, aunque no sea así, se muestra preocupada por la seguridad, lo que hace que el legislador, con sus ansias de conseguir votos y seguir en la poltrona, legisle coartando aún más la libertad de las personas.

Así, cuando se supone que el Derecho Penal debe ser la “última ratio” del Derecho, cuando se supone que la mayor parte de las controversias entre los ciudadanos deben resolverse por otros medios que no sean la vía penal, cada día vemos que se penalizan nuevas acciones y que cualquier diferencia se resuelve por la vía penal.

Así lo reflejan los autores: “El gobernante español ha descubierto que el recurso al Derecho Penal es un procedimiento sumamente barato que además resulta rentable políticamente por los votos que proporciona en los procesos electorales. Pero, por desgracia, el continuo y desmesurado recurso al Derecho Penal, ignorando su carácter subsidiario, no deja de provocar disfunciones con otros sectores del ordenamiento jurídico y otros medios de control social y, en todo caso, no constituye el medio más eficaz ni más justo de solucionar los conflictos sociales y evitar y prevenir los delitos.”

Los medios de comunicación son los responsables de la alarma social creada ante la comisión de algún delito de cierta gravedad. Machacan a la audiencia con imágenes, contra más macabras mejor, imágenes del lugar de los hechos, imágenes de la detención del (presunto) culpable, que deja de ser presunto ante la opinión pública, imágenes de los vecinos golpeando el furgón policial donde trasladan al (presunto) culpable pidiendo “justicia” (Diez minutos a solas con el (presunto) culpable), imágenes de las pintadas en las paredes de la casa de la familia del (presunto) culpable, con mensajes de aliento: “asesinos, iros del pueblo”, “familia de asesinos”, y lindeces por el estilo.

Después del bombardeo de imágenes escabrosas vienen los “todólogos” esos expertos que lo saben todo y de todo. Y comienzan a clamar por el agravamiento de las penas para esos delitos y la penalización de actuaciones conexas como el no decir donde se ha escondido el cadáver, lo cual debería ser reconocido como anticonstitucional, ya que es lo mismo que obligar a declararte culpable, o el invento de llamar a todos los delitos de índole sexual “agresión sexual”.

Y así, los ciudadanos, se sienten “inseguros” y presionan a los políticos a endurecer las penas y crear nuevos delitos, para así, creer que se sienten más seguros, lo cual no es cierto de ninguna de las maneras.

Y así lo recogen los autores en este magnífico trabajo: “La política criminal de un Estado de Derecho debe huir de este tipo de presiones para tratar de resolver los conflictos introduciendo racionalidad, serenidad y distancia. No es admisible que cada poco tiempo el Código Penal esté siendo objeto de modificaciones a golpe de telediario, tertulia radiofónica o programa del corazón, algo que por desgracia nos está resultando ya habitual.”

Y así continuamos desde hace cincuenta años, sin una política criminal coherente y diseñada por expertos de verdad que no tengan ningún interés en subir su cuota de audiencia o en arañar un puñado de votos, sino en reducir lo máximo posible la comisión de delitos, ya que la ausencia de dicha comisión es técnicamente imposible.

“El resultado es la ausencia de una política criminal que responda a decisiones meditadas, claras, realistas y eficaces en la lucha contra el delito. El continuo parcheo de las reformas y modificaciones legales está haciendo irreconocible la identidad del Código Penal”.

Y estas palabras se apoyan en las estadísticas, y así termina este capítulo, con lo que ya hemos dicho en varias ocasiones pero que no cunde en las mentas de los ciudadanos que las tienen lavadas por los programas de la caja tonta, que somos uno de los países de la Unión Europea que menor tasa de criminalidad tiene y sin embargo somos uno de los países que mayor número de presos tiene por cada 100.000 habitantes, lo que indica que hacemos un uso indebido del Derecho Penal, que abusamos de él.

Así, de los 63 presos por cada 100.000 habitantes que tiene Noruega, nosotros tenemos 164, y la media en Europa es de 90 presos por cada 100.000 habitantes, teniendo la tasa de delitos más baja de toda Europa.
​Y por supuesto, se estudia también la relación entre la exclusión social y el control penal. Los ciudadanos vemos a los pobres, a los “invisibles” de la calle, como posibles peligros, como posibles delincuentes. Lo hemos dicho muchas veces, incluso los ha dicho el presidente del Tribunal Supremo: “El código Penal está redactado para los “robagallinas” no para los verdaderos delincuentes”.

Los políticos, los banqueros, los Jueces y fiscales, los delincuentes de “cuello blanco” esos no van a la cárcel, salvo que molesten a los poderosos o las “feminazis”.

(Continuará)

Alfonso Pazos Fernández

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