Marlaska y Planas no ven motivos para dimitir como ministros

¿Qué tiene que pasar en España para que un político dimita y asuma responsabilidades por sus errores o negligencias?

Día 9 de febrero. Miles de personas exigen en Budapest la dimisión de la presidenta de Hungría, Katalin Nóvak, por haber indultado al subdirector de un orfanato declarado culpable por encubrir abusos sexuales de menores cometidos por el director del centro.

Día 10 de febrero, 24 horas después. La presidenta Katalin Nóvak, anuncia su dimisión tras las manifestaciones registradas contra ella por el indulto. “Dimito. La decisión no es difícil por motivos personales. Es difícil porque hice un juramento. Tenía que encontrar una respuesta a la pregunta de si podría seguir ejerciendo el cargo de presidenta en beneficio de la nación húngara”, señaló en un comunicado en el que reconocía su error y dejaba claro que no podía haber dudas sobre la “tolerancia cero con la pedofilia”.

El ejemplo de la población húngara y de su presidenta es y debe ser un referente del buen ejercicio de la democracia en un país de principios, una demostración de la importancia de políticos con valores que se pueden equivocar, pero son capaces de reconocerlo, y anteponen los intereses de la sociedad de su país a los propios y los de partido.

Qué lejos está España de Hungría y de cualquier otro país que se tenga por democrático y avanzado. Y para demostrarlo valen casos como el de la ministra alemana que dimitió acusada de plagiar un documento, o el del diputado izquierdista noruego y líder del Partido Rojo, Bjørnar Moxnes, que fue pillado robando unas gafas de sol en el aeropuerto de Oslo. Y también el de la ex viceprimera ministra sueca Mona Sahlin, que se vio obligada a dimitir a mediados de los noventa por haber usado la tarjeta de crédito oficial para comprar chocolatinas, cigarrillos y pañales, o incluso el inocente caso del diputado esloveno Darij Krajcic, que acabó dejando el cargo presionando por sus compañeros por haber robado un bocadillo de una tienda de Liubliana, casos que nos recuerda el diario La Razón.

En España desde hace una semana miles de agricultores y ganaderos se han echado a la calle para denunciar el abuso y el desprecio que sufre el campo español por una clase dirigente política que no ha hecho nada -y no hace- para impedir que trabajen a pérdidas y tengan que dejar cosechas sin recoger porque salen más rentable dejar que se pudran en el árbol o en suelo. Y es comprensible cuando se les pagan 10 o 20 céntimos por un kilo de frutas o verduras por el que el consumidor pagará después una media de tres o cuatro euros en el supermercado. ¿Por qué no se buscan soluciones que se apliquen de verdad para impedir que los precios aumenten hasta un 1000% en el trayecto del campo al supermercado?

Esto sucede porque se permite la entrada de frutas y hortalizas de terceros países, que han utilizado productos prohibidos en la UE y tienen costes de producción muy por debajo de los que se exigen por ley en España o en cualquier otro país de la comunidad. Si a la competencia desleal se añade la escalada de precios en el combustible o en las materias primas, una excesiva burocracia o el drama de la sequía tenemos la tormenta perfecta para entender por qué el campo ha estallado.

¿Y dónde está Luis Planas, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España? Pues no está ni se le espera. Nueve días después de comenzar las tractoradas todavía no se ha reunido con los colectivos del sector y tampoco ha tenido un gesto que muestre voluntad de dar soluciones.

Pero si lo de Planas es vergonzoso lo de su colega de Consejo de Ministros Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior, es de juzgado de guardia. El fin de semana una potente narcolancha atacó en el puerto de Barbate y mató a dos guardias civiles y causó heridas a otros cuatro agentes, uno de ellos de gravedad.

El ministro Marlaska es responsable de dotar con medios suficientes y adecuados a los agentes que vigilan y protegen la zona que se ha convertido en uno de los principales enclaves del tráfico de drogas en el litoral español.

Han tenido que perder la vida los dos guardias y destrozar la vida de varias familias para que la sociedad sepa que la Guardia Civil lucha actualmente contra estos poderosos delincuentes con barcazas que parecen traídas del parque de recreo del Retiro, y eso cuando están en servicio porque de las cuatro tres estaban varadas por avería cuando sucedieron los hechos. La sociedad lo ha sabido ahora, pero el ministro lo sabe desde siempre porque repetidas veces las organizaciones profesionales del Cuerpo han exigido más medios y han tenido la callada por respuesta.

El ministro Marlaska es el mismo que ha desmantelado la unidad especial de lucha contra el narcotráfico, el mismo que un día antes de esta tragedia se fue al Estrecho para decir lo bien que lo estaban haciendo para combatir estas mafias de la droga, y el mismo que este lunes ha tenido la poca vergüenza de anunciar que él no dimite en respuesta al clamor político y profesional que se lo han pedido desde las cinco principales asociaciones de la Guardia Civil.

Veo a Marlaska y recuerdo al célebre ‘Sandokán’, que era como se conocía al concejal y líder de la oposición en el Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Gómez. Tras ser condenado en el ‘caso Malaya’ de cohecho por entregar dinero a Juan Antonio Roca para conseguir favores urbanísticos, un periodista le preguntó si iba a dejar el cargo tras la sentencia, y él visiblemente enojado respondió:

—¡“Qué dimitir ni qué dimitir! ¿Dimitir yo de qué? ¡Dimite tú”!

Y ¡Sandokán’ no dimitió, ni de coña. Y tampoco lo ha hecho Marlaska, mientras los guardias civiles siguen siendo pocos y mal dotados de recursos. Y tampoco ha dimitido Planas, mientras los tractores siguen exhibiendo la impotencia de un sector que se resiste a la muerte lenta… Y mucho menos su presidente Pedro Sánchez por dar indultos y negociar una amnistía para los condenados por el golpe de estado en Cataluña en 2017, entre ellos a un tal Puigdemont acusado además de mantener contactos con la Rusia de Putin para desestabilizar la democracia española, pero sobre todo dimitir por mentiroso.

¿Qué tiene que pasar en España para que un político dimita y asuma responsabilidades? ¡Cuánto daño ha hecho ‘Sandokán’!