Desahuciada tras 71 años en su vivienda de Madrid

La anciana de 87 años fue desalojada este miércoles pese a la resistencia de cientos de manifestantes, sin que el fondo propietario ofreciera una alternativa habitacional

Maricarmen, vecina del barrio de Retiro, ha sido desahuciada este miércoles de la vivienda en la que llevaba residiendo 71 años. La Policía Nacional ejecutó el desalojo pese a la resistencia de cientos de personas concentradas frente al edificio.

Era el cuarto intento de desahucio que sufría la anciana en los últimos meses. En ocasiones anteriores, la presión vecinal y sindical había logrado posponerlo.

Esta vez, la comitiva judicial llegó de madrugada tras una noche de vigilia. Decenas de activistas, junto a varias figuras públicas, habían acompañado a Maricarmen frente al portal.

Según su abogada, Beatriz Duro, la propiedad —el fondo de inversión Urbagestión— se negó a alcanzar cualquier acuerdo. La letrada denunció que no se ofreció ninguna alternativa habitacional a la anciana, que además tiene reconocida una discapacidad del 50%.

Una escritora se ofreció a pagar el alquiler horas antes

Horas antes del desalojo, una escritora que ha preferido mantener el anonimato se ofreció a pagar parte del alquiler de Maricarmen. La propuesta, conocida a través del Sindicato de Inquilinas, contemplaba que ella siguiera abonando sus 500 euros mensuales, mientras la escritora cubría la diferencia hasta los 2.650 euros que reclamaba la propiedad.

Según el sindicato, la escritora se comprometió a asumir ese pago «hasta el fin de sus días» de Maricarmen. El fondo Urbagestión, sin embargo, no aceptó la propuesta y el desahucio se ejecutó igualmente a la mañana siguiente.

Traslado al hospital tras el desalojo

Los servicios sanitarios del Samur sacaron a Maricarmen del edificio en camilla. Fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón tras el desalojo.

El origen del conflicto se remonta a la renta antigua que pagaba, de 500 euros mensuales. El fondo pretendía subir sustancialmente esa cantidad, algo que ella no podía asumir con su pensión.

Fuentes de Servicios Sociales del Ayuntamiento explican que emitieron un informe de vulnerabilidad en octubre de 2025. Añaden que pusieron recursos de alojamiento a su disposición en ocasiones anteriores, que Maricarmen rechazó.

Almeida ofrece un recurso «inmediato» tras el desahucio

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, calificó la situación de «drama» y ofreció un recurso habitacional inmediato una vez consumado el desalojo.

Detalló que el Ayuntamiento ya había puesto a disposición de Maricarmen servicios como teleasistencia y ayuda a domicilio. Insistió en que las administraciones «no pueden quitarse de en medio» ante casos así.

El caso ha derivado también en un cruce de acusaciones entre administraciones. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, señaló directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por tener la competencia normativa sobre el mercado del alquiler en la región.

Un símbolo de la crisis de vivienda en España

Rodríguez explicó que su ministerio intentó mediar con el fondo propietario para adquirir la vivienda. Aseguró también que apoyó una resolución de Naciones Unidas que pedía la suspensión cautelar del desalojo.

El fondo propietario de la vivienda de Maricarmen, Urbagestión, forma parte de un fenómeno más amplio en el mercado español. Según datos de la Fundación Civio a partir de registros autonómicos, los grandes fondos de inversión poseen en torno al 8% del parque de vivienda en alquiler del país, unas 124.000 viviendas.

Los mayores propietarios son entidades como CaixaBank y el fondo estadounidense Blackstone, este último con cerca de 19.600 viviendas alquiladas en España, más de 13.000 de ellas en la Comunidad de Madrid. Otros análisis, sin embargo, sitúan el peso de estos fondos en las compraventas anuales por debajo del 2%, lo que refleja el debate abierto sobre su verdadero impacto en los precios.

El Sindicato de Inquilinas, por su parte, reprochó tanto al Gobierno central como a las administraciones autonómica y municipal su falta de respuesta a las propuestas planteadas para resolver el caso. Aseguran llevar meses sin noticias del Ministerio de Vivienda.

El caso de Maricarmen se ha convertido en los últimos días en un símbolo de la crisis habitacional que atraviesa España. El país cuenta con uno de los parques de vivienda pública más reducidos de Europa, situado en apenas el 3,4% del total de viviendas.