Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio provocó una oleada de protestas en Madrid, había pedido ayuda directamente a Pedro Sánchez casi un año antes de perder su vivienda. En noviembre de 2025, escribió una carta al presidente del Gobierno para explicarle su situación y reclamar medidas que protegieran a los inquilinos.
La anciana llevaba siete décadas viviendo en la misma casa, gracias a un contrato de renta antigua firmado por su padre en 1956. Sin embargo, la nueva propiedad reclamaba unas condiciones de alquiler que ella no aceptó, lo que desencadenó un largo conflicto judicial.
En su carta, respaldada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, Maricarmen defendía que una vivienda debía ser mucho más que un negocio. También pedía recuperar los contratos indefinidos para garantizar estabilidad a quienes viven de alquiler.
Pese a su petición, el desahucio terminó ejecutándose el pasado 23 de septiembre, después de varios intentos. La mujer fue ingresada en el hospital Gregorio Marañón y falleció este miércoles.
Su historia ha reabierto el debate sobre la protección de los inquilinos vulnerables y la responsabilidad de las administraciones ante situaciones como la suya.