EE UU pone precio a la cabeza de Maduro

En un país dividido y en máxima tensión, Estados Unidos ofrece hasta 25 millones de recompensa a quien ayude a detenerlo

En un país en alerta máxima y dividido, Nicolás Maduro, ha tomado posesión como presidente de Venezuela en la sede de la Asamblea Nacional tras las elecciones del pasado 28 de julio, en las que la oposición denunció fraude en el recuento de votos y se atribuye la victoria.

En un acto conducido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, Maduro ha jurado «por la historia» y por su «vida» acatar la Constitución y ejercer como presidente venezolano para los próximo seis años.

Mientras, el Gobierno de Estados Unidos ha elevado a 25 millones de dólares la recompensa por informaciones que faciliten el arresto o la condena del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dentro de un nuevo paquete de medidas que incluye también sanciones contra funcionarios vinculados a instituciones chavistas y con el que Washington quiere dejar claro que el opositor Edmundo González es el «presidente electo».

Fraude electoral

Para Washington, está «claro» que es González «quien debería haber jurado hoy el cargo de presidente», ya que existen «pruebas irrefutables» de que se impuso en los comicios del 28 de julio. «Lamentablemente, Maduro ha lamentado una vez más su completa falta de respeto por las normas democráticas y ha seguido adelante con una investidura ilegítima», indican fuentes de la Administración de Joe Biden.

Como respuesta, Washington ha elevado de 15 a 25 millones de dólares la recompensa contra Maduro, la máxima cantidad contemplada como contraprestación por información de personas señaladas por narcotráfico en Estados Unidos. También se ofrece la misma cuantía por el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, figura clave del chavismo.

Y otra recompensa

El Gobierno norteamericano introduce también una nueva recompensa para facilitar la detención del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, por quien se ofrece hasta 15 millones de dólares.

Además, la Administración Biden quiere ampliar sus restricciones de viaje contra personas vinculadas a actos de represión o al proceso electoral, mientras que el Tesoro nortemaericano ha adoptado un nuevo paquete de sanciones económicas contra varios altos cargos del Gobierno y de empresas estatales como la petrolera PDVSA y la aerolínea Conviasa.