El Gobierno ha dado el visto bueno al decreto que permitirá comenzar con el traslado de menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla hacia otras comunidades autónomas. La medida busca equilibrar la carga y garantizar que ningún territorio asuma más tutelas de las que puede gestionar.
El texto, aprobado este martes en el Consejo de Ministros, fija una regla clara: cada comunidad deberá tener 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes. Si un territorio triplica esa capacidad, podrá declararse en contingencia migratoria extraordinaria. En ese caso, el Ejecutivo activará el mecanismo de solidaridad para repartir a los menores.
Según los datos de julio, solo Canarias, Ceuta y Melilla cumplen ese criterio. Baleares también está sobrecargada, pero no llega a triplicar el límite. Aun así, deberá acoger menores para ayudar a las zonas más tensionadas.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha calificado el decreto como “un punto de inflexión” y ha dejado claro que el proceso seguirá adelante pese a la oposición de varias comunidades gobernadas por el PP y de Castilla-La Mancha. Todas ellas han recurrido la reforma ante el Tribunal Constitucional.
El nuevo protocolo, aprobado el 24 de julio, detalla los pasos a seguir desde que un territorio declara la emergencia hasta que se completan los traslados. El plazo máximo será de 15 días naturales desde que la Subdelegación del Gobierno proponga la ubicación de los menores.
Según ha publicado 20 minutos, el Gobierno de Canarias prevé declararse en contingencia migratoria extraordinaria este mismo jueves, cuando el decreto entre en vigor. Con esta medida, se pondrán en marcha los primeros traslados con un reparto basado en criterios como población, PIB, tasa de paro, dispersión geográfica y esfuerzo previo de acogida.
En la lista de asignaciones, Andalucía es la comunidad que recibirá más menores (677). Le siguen Madrid (647) y la Comunidad Valenciana (571). La mayoría de regiones tiene menos plazas de las que les correspondería por población, lo que, según el Ejecutivo, demuestra que pueden asumir parte de la tutela de los casi 4.000 menores que actualmente saturan los centros de Canarias, Ceuta y Melilla.
Con el decreto ya aprobado y un protocolo claro, el Gobierno asegura que todo está listo para que el sistema de acogida funcione de forma más equilibrada. El reto ahora será garantizar que el reparto se cumpla y que los menores reciban la atención que necesitan en cada territorio.