Los últimos de Filipinas en el fin del ‘imperio’ judicial

26 de septiembre de 2022
6 minutos de lectura
últimos Filipinas CGPJ
Los últimos de Filipinas en el "desastre del 98", una situación asimilable a la que se vive en el CGPJ. | Fuente: Index / Aci

Durante 68 días el Consejo General del Poder Judicial ha podido nombrar a 2 magistrados del Constitucional, cuyos mandatos caducaron el 12 de junio pasado, y el sector conservador sigue resistiéndose a cumplir la Constitución

Sesenta y ocho días… de resistencia de los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra 337 de los últimos soldados españoles que defendieron su posición en el archipiélago de Filipinas, en el Pacífico, aun cuando la guerra entre España y Estados Unidos ya había acabado. Aquello fue el “desastre del 98”, el último suspiro del imperio español. Allí en Estados Unidos incitaba a la guerra el magnate de prensa William Randolph Hearst; y aquí, ante lo que ven como la caída del ‘imperio judicial’ -el dominio de la derecha sobre su feudo tradicional- algunos convocan a la ‘resistencia’ frente a los que asaltan el poder judicial.

Un Gobierno que no ha logrado en cuatro años la renovación del CGPJ y que lleva sesenta y ocho días sin nombrar a dos magistrados que le corresponde también designar para sustituir a los 2 que nombró Mariano Rajoy en 2013, caducados el 12 de junio de 2022, es, según la derecha mediática que emula a Hearst, el asaltante. 

El 20 de julio pasado, el Senado aprobó ley que faculta a este CGPJ realmente existente para nombrar a los otros dos magistrados caducados el 12 de junio. De ese modo, tanto el Gobierno como el CGPJ cubrirían las cuatro vacantes en el TC. El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, anunció, en un corrillo del acto de apertura del año judicial, el pasado 7 de septiembre, que pensaba dimitir si no se hacían los nombramientos en el TC, esto es, cumplir la ley. 

Al día siguiente, jueves 8, el sector conservador, que domina el CGPJ, aceptó hacerlos, pero se enzarzó en una larga reunión para elaborar un “reglamento” para esas designaciones, cuando era muy sencillo: nombrar un magistrado conservador y otro progresista. Los vocales procedieron en dicho cónclave a nombrar una comisión negociadora, pero los conservadores no podían dar los nombres de los suyos, según dijeron.

Finalmente, se intentó establecer una fecha de reunión, pero los vocales conservadores designados expresaron dificultades de agenda para acordar un encuentro.Después de un contacto no presencial pospusieron una semana un nuevo encuentro esta vez cara a cara. Y en el mismo dijeron que no tenían nombres de candidatos, que nadie del Tribunal Supremo estaba interesado en ir al TC. En todo caso, sería -dejaron saber- imposible hacer los nombramientos en lo que queda de septiembre. 

La visita del eurocomisario de Justicia como pretexto

A las excusas se añadió el hecho de que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, visitará Madrid el 29 y 30 de septiembre, con lo cual, se sugirió, era el momento para abordar la renovación del CGPJ. 

Problema: ya no es posible negociar la renovación del CGPJ si no se hacen los nombramientos en el TC. Porque es este CGPJ en situación de prórroga el que tiene que hacerlos desde el 20 de julio pasado. Y no solo el CGPJ. Según se ha apuntado, también el Gobierno debe nombrar a dos magistrados y espera a hacerlo -dado que el 8 de septiembre hubo un compromiso en el CGPJ de cumplir la ley- junto con el CGPJ para que los cuatro nuevos magistrados tomen posesión conjuntamente, habida cuenta de que el actual presidente caducado del TC, Pedro González-Trevijano, ha amenazado (ilegalmente) al Gobierno y a la ministra de Justicia, Pilar Llop, de denegar la posesión de los dos magistrados nombrados por el Gobierno si no son elegidos los dos del CGPJ.

El sector conservador, que cuenta con diez vocales, más el presidente, no es sólido. Cuatro vocales (Vicente Guilarte, Nuria Abad, Juan Martínez Moya y Wenceslao Olea) se han desmarcado últimamente (rechazo de dar luz verde al nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García, como idóneo; condena de la vocal Pilar Sepúlveda por apoyar con su firma el indulto a Juan Antonio Griñán). Y, además, el presidente ya no les sigue en su resistencia ‘filipina’. Pero es un hecho que el sector recalcitrante no tiene a un PP que le frene. 

Lesmes permitió a este grupo, cuya voz cantante en el Pleno extraordinario del 8 de septiembre fue de su antigua mano derecha, José María Macías, desobedecer al legislador y hacer los nombramientos en fecha posterior al 13 de septiembre. Así, les estaba dando una victoria moral. Es decir: no hacían caso de la fecha legal. Una manera de salvar la cara. 

Pero a la vista de que el sector recalcitrante amenaza, como en una partida de póquer, llevar el bluf hasta el final, Lesmes quiere poner los nombres de candidatos en el Pleno ordinario del jueves 29 de septiembre y convocar un Pleno extraordinario el 3 de octubre para votar. Y advierte que cuenta con los cuatro magistrados que se han separado del sector recalcitrante.

Con todo, Lesmes ha intentado no ponerse al sector conservador y Alberto Nuñez Feijóo definitivamente en contra. Por ello, al afirmar que dimitirá si el 3 de octubre no se concretan los nombramientos del TC, al tiempo le ha hurtado a los vocales del CGPJ la decisión de quién será el sucesor de Lesmes caso de que, efectivamente, dimita.

 Para ello ha designado sucesor al frente del Tribunal Supremo y el CGPJ, basado en un informe encargado a sus letrados, al presidente de sala del Supremo más antiguo es el de la Sala Primera: Francisco Marín Castán. 

La última trampa 

¿Hay algún precedente que haya influido en este informe ‘técnico’? Pues si hubiera influido la sucesión debería ser diferente. Porque en junio de 2012, el presidente del Tribunal Supremo y CGPJ, Carlos Dívar, renunció a su cargo y fue sustituido en el CGPJ por el vicepresidente del CGPJ (entonces existía ese cargo), Fernando de Rosa, y en la presidencia del Supremo por el magistrado presidente de sala más antiguo, en este caso por el de la Sala Primera, Juan Antonio Xiol.  

Ahora, en cambio, resulta que la presidencia del TS y del CGPJ es “inescindible”. Cuando llegó al TS y CGPJ, Lesmes creó el cargo de vicepresidente del TS y del CGPJ. Una maniobra típica de quien ya se perfilaba desde el principio como todo un zar. Elegía así a una persona progresista no por serlo sino porque era su amigo personal y mataba así dos pájaros de un tiro. Un papel de zar que ahora confirma eligiendo a su sucesor.

Pero el vicepresidente, Ángel Juanes, se jubiló en octubre de 2019. Y aunque el CGPJ podía sustituirle -entonces no tenía prohibido hacer nombramientos- decidió que el nuevo CGPJ, nada más renovarse, hiciera la designación por cinco años.

¿Por qué ahora Lesmes no ha repetido la designación de sucesor como se hizo en 2012 con Divar y afirma que no se puede escindir la presidencia del TS y CGPJ? Es sencillo: porque si se aplica el mismo concepto -magistrado presidente de sala más antiguo en el Supremo- en el CGPJ el vocal más antiguo es Rafael Mozo.

¿Y cuál es el problema? Pues que es progresista. Conclusión: Marín Castán, que no es vocal del CGPJ y que, por tanto, no ha sido elegido para un órgano del Estado, va a presidir el CGPJ sin que los vocales puedan decidir quién debe ser sucesor de Lesmes. Es decir: Lesmes se va y fija el futuro del CGPJ una vez que ya no forme parte de él. Si ya bastante anomalías existían con el bloqueo del TC y del CGPJ caducado el 4 de diciembre de 2018, Lesmes ha añadido uno más. El de nombrar a dedo a su sucesor.

Con todo, lo que chirría es el argumento del sector más recalcitrante capitaneado por Macías: “No tenemos candidatos”. ¿Pero no ha declarado Enrique López que el PP tiene el apoyo de la mayoría de la carrera judicial? O Pedro González-Trevijano, cuando ha declarado que “casi todos los jueces son conservadores porque el derecho es una ciencia conservadora”. 

“Es que no va de méritos y capacidad. Y aquí la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) no quiere, por ejemplo, a los conservadores Francisco Marín Castán o Diego Córdoba porque son de la asociación Francisco de Vitoria. El PP quiere a “‘uno de los nuestros’ lo que equivale a decir de la APM”, dijo una fuente judicial al Periódico de Catalunya.

Da la impresión de que en esta partida de póquer hay tapados. Lesmes tiene su tapado. Aquí el que pide ir al TC no sale en la foto. Atrincherados en el CGPJ después de que se ha acabado la guerra al devolver el Gobierno la capacidad de hacer los nombramientos en el TC, los miembros del sector recalcitrante siguen haciendo de su capa un sayo. 

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