Una investigación conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Nacional de Ecuador ha permitido desarticular una organización criminal internacional que introducía grandes cantidades de cocaína a través de puertos españoles. El balance de la operación asciende a 43 personas detenidas y 21 toneladas de droga intervenidas.
La red utilizaba principalmente los puertos de Málaga, Algeciras y Valencia como puntos de entrada de la mercancía ilegal, según ha trascendido a raíz del comunicado difundido por el instituto armado. En total suman 43 los arrestos practicados, repartidos entre las ocho personas capturadas en España y los 36 detenidos en suelo ecuatoriano.
Para operar sin levantar sospechas, los responsables de la trama habían montado una red de empresas que aportaba una fachada de legalidad a las importaciones procedentes de Sudamérica. Bajo esa cobertura, camuflaban la droga en determinados envíos que después llegaban a suelo español.
Las pesquisas se prolongaron durante 2024, periodo en el que los agentes lograron interceptar distintos contenedores cargados con droga, tanto en Brasil y Ecuador como en los propios puertos españoles implicados, hasta sumar las 21 toneladas totales.
La investigación reveló que la organización repartía el trabajo en tres bloques diferenciados. El primero, con sede en España y compuesto por ciudadanos españoles y marroquíes, era el encargado de levantar el entramado empresarial que servía de tapadera a la importación de los contenedores.
El segundo grupo operaba desde Ecuador, origen de la mayor parte de la droga incautada. Precisamente en instalaciones logísticas como las del puerto de Guayaquil es donde este grupo se encargaba de introducir la droga en los contenedores que más tarde partían rumbo a España.
La tercera rama, más sorprendente, tenía su base en Dubái. Según detalla la Guardia Civil, estaba formada por inversores de origen albanés que aportaban financiación a las empresas españolas, dinero que servía para enmascarar los envíos periódicos de cocaína bajo la apariencia de transacciones legales.
El desmantelamiento de la organización se ejecutó en dos tiempos. La primera fase tuvo lugar en marzo de 2025 en Ecuador por parte de la UCO y la fuerza policial ecuatoriana, donde se desarticuló la estructura local mediante decenas de registros domiciliarios y la detención de 36 personas.
En territorio español, esta segunda parte del operativo se tradujo en ocho arrestos y en varios registros llevados a cabo en distintos puntos del país, entre los que figuran La Rioja, Alicante y Sevilla. Con ambas actuaciones, las autoridades españolas y ecuatorianas dan por completamente desarticulada la trama en los dos países.