Los dos policías locales de Móstoles, ambos expertos en Kárate, que en mayo del año pasado fracturaron los huesos de la muñeca izquierda a una inmigrante de 31 años y madre de dos hijos, tras allanar su vivienda y llevársela detenida a rastras y semidesnuda (todo porque tenía la música alta a deshoras) han declarado ante un juez de Móstoles. Ellos tienen denunciada a la chica y esta a ellos. Aseguraron al juez que la joven dio una patada a uno de ellos y, además, propinó un fuerte golpe en la boca a otro provocándole sangre durante el forcejeo que mantuvieron.
Niegan también los agentes el delito de allanamiento de morada que, entre otros, les imputa el juez y revelan que entraron dentro de la casa pese a no tener orden judicial porque la chica forcejeó con ellos y los arrastró dentro de la casa.
En esto sustentan ellos los delitos de resistencia y atentado a la autoridad que le atribuyen, y son los aspectos en los que basan su defensa y en los que argumentan el por qué accedieron a la casa sin, como es preceptivo, una orden judicial y se llevaron detenida a Anna D., la denunciante, por un tema administrativo como es tener la música alta a deshoras.
En resumen, lo que han declarado ante el juez estos policías es muy similar a lo que muchos agentes hacen constar en sus atestados cuando un detenido denuncia haber sido agredido injustificadamente durante su arresto. Para el juez lo que manifiestan los policías prevalece sobre lo que dice el detenido porque la ley concede a aquéllos la presunción de veracidad.
Si no hay ninguna prueba irrefutable del detenido de su agresión, el juez suele creer a los agentes frente al arrestado y, además, si los policías afirman que les ha agredido, también acaba condenado por atentado a la autoridad.
Eso ocurre miles de veces, pero este caso es distinto. Hay una grabación hecha desde un móvil sobre lo ocurrido, que fue adelantada en exclusiva por este digital. Y en esa grabación, que los policías pidieron al juez, sin éxito, que la retirase de la investigación judicial, se ve claramente que no hubo ningún puñetazo de la chica a un agente en el labio, ni ninguna patada, en contra de la falsedad que estos afirman de que la joven soltó un puñetazo y una patada a los agentes.
Lo que se ve en la grabación es a dos agentes en la puerta de un tercer piso de Móstoles, con uno de ellos retorciéndole con fiereza la muñeca a la víctima, con la puerta abierta, ellos por fuera y la chica por dentro, y cómo entran en la casa por la fuerza, tumban a la joven en el suelo, con las rótulas de uno de ellos sobre la espalda, mientras la chica pide auxilio porque siente que se asfixia (es asmática); y también se ve cómo los agentes la esposan en el suelo y se la llevan en bragas y camisón al coche patrulla agarrada escaleras abajo por los dos agentes.
Según la chica, fue tal el golpe que le dieron al subirla al ascensor, que este se bloqueó y entonces la bajaron por las escaleras a rastras. La chica ya tenía la muñeca fracturada. Uno de los policías, campeón mundial de Kárate, quiso sacarla a la fuerza de la casa retorciéndole el brazo. La tenía cogida para que esta no pudiera cerrar la puerta. Basta ver el vídeo.
En la irrefutable prueba del vídeo se basa César Mateo-Sagasta Llopis, abogado de oficio de Anna D., la víctima, una migrante africana de 31 años, para acusar a los agentes de cinco delitos graves: allanamiento de morada, torturas, detención ilegal, simulación de delito y falsedad documental.
En contra de lo que han declarado los agentes, y siempre según los pasajes del vídeo, la chica no agrede a los policías; estos a ella, sí (ha tenido la mano escayolada casi dos meses), y detienen a la chica dentro de la casa, tras decirles que no les dejaba pasar sin orden judicial y que si lo hacían cometerían un allanamiento de morada.
Lo que alegan los policías es que ella se negó a identificarse. La denunciante narra que tras llamar los policías y abrirles ella la puerta, los agentes le pidieron identificarse, por lo que ella cerró la puerta y fue en busca de su NIE, pero que, con los nerviosos, solo acertó a encontrar en su maleta, pues estaba de visita en esa casa, de su amiga, en ese momento ausente, una tarjeta de crédito. Y que como los agentes no paraban de llamar al timbre corrió de nuevo a abrirles la puerta y darles la tarjeta, lo que no fue del agrado de los policías.
El abogado Mateo-Sagasta asegura en la querella que los agentes mintieron en el atestado al redactar que la chica les había agredido, lo que no se aprecia en el vídeo. Los policías tratan con ello de justificar el allanamiento de morada, alegando que la chica cometió un delito en flagrante.
Tras prestar declaración, totalmente diferente a la ofrecida por la joven, los agentes han pedido al juez que archive la querella de la joven contra ellos y que la condenen a ella por atentado y resistencia a la autoridad. El abogado se opone frontalmente. Asegura que en la querella, además de a estos dos policías, pide que se investigue por allanamiento a los otros ocho policías locales que, tras llevarse a Anna D. al coche patrulla, irrumpieron en la casa aquella noche y la registraron. También sin orden judicial. ¿Qué pasa con estos?, cuestiona el abogado al juez.
“La detención era evidentemente ilegal, por lo que, para convertirla en legal proceden a inventarse los delitos de atentado y resistencia, no dándose las circunstancias ni los hechos de ninguna de las dos figuras, extraordinariamente similares. A lo que añaden las lesiones leves, que en ningún momento les ha producido mi representada…”, destaca el abogado Mateo-Sagasta en uno de sus escritos al juzgado.
Los agentes no quieren que el juez, que sí lo ha hecho ya, admita el vídeo como prueba. Aseguran que está manipulado y que no recoge las escenas en que la joven les agredió. El vídeo se hizo desde el móvil de uno de los jóvenes que había esa noche en el citado piso, un tercero. Los policías, que tienen títulos internacionales en kárate, dicen que está manipulado y que no debe aceptarse por el juzgado. Pero, en cambio, no piden que se practique una pericial judicial indicando qué pasajes están adulterados.
Después de llevarse detenida a rastras a Anna D., ocho agentes de la policía local de Móstoles que acudieron en supuesta ayuda de sus colegas karatecas también irrumpieron en la casa sin orden judicial e hicieron un registro. Testigos del hecho, los otros jóvenes que había esa noche en la casa. Por eso, el abogado César Mateo-Sagasta ha pedido al juzgado que ordene al Ayuntamiento de Móstoles que identifique a esos agentes.
“Infracción administrativa”
Sostiene el letrado que también esos ocho policías cometieron un allanamiento de morada. “Incomprensiblemente y mientras procedían a un registro absolutamente ilegal los refuerzos, los agentes querellados se llevaban detenida a mi representada por una infracción administrativa, pero como el ascensor, al parecer, no funcionaba, se la llevaron a rastras por la escalera”, afirma.
El abogado añade que los agentes convirtieron un tema administrativo, susceptible, por ejemplo, de la imposición de una multa, por tener la música alta, en un tema penal con allanamiento de morada. “En ese caso sería un ilícito administrativo, que en los casos que establece la Ley, serían susceptibles, o no, de la correspondiente sanción, pero no un asunto penal”, señala.