En las grandes ciudades de cualquier latitud del orbe, siguen proliferando los niños de la calle. En cada semáforo o esquina estratégica compiten con los enfermos, ancianos y desvalidos en la tarea de recibir una dádiva; durante este proceso, absorben las costumbres más adversas del entorno urbano. Este doloroso fenómeno universal evidencia la quiebra moral de las administraciones que ignoran el sufrimiento de la infancia marginada. En los discursos oficiales de los gobiernos del mundo sólo queda el cambio de denominación retórica: pasan de ser considerados niños de la calle a eufemismos de protección social, pero en la práctica nada cambia. Se repite incansablemente el ciclo de la demagogia, seguido por el silencio cómplice de las altas esferas. Nunca más, tras las promesas de campaña, se vuelve a dimensionar con rigor el drama de los menores abandonados, reflejando una absoluta insensibilidad institucional ante una tragedia que corroe las bases de la convivencia civilizada.
Igual destino padecen otros sectores excluidos de la colectividad. Ante este panorama, es inevitable concluir que la estructura estatal en múltiples naciones carece de políticas sinceras y definidas para atender las calamidades sociales, a pesar de disponer de presupuestos e inmensas riquezas. Los gobernantes, una vez encumbrados en el poder, olvidan sus promesas y mitigan sus propias exigencias con constantes privilegios, viajes suntuosos y retórica vacía. No obstante, existe otro componente que perpetúa esta ignominia: los numerosos ciudadanos que, convertidos en serenos cómplices, dejan transcurrir lo inaceptable de la realidad cotidiana. La resignación y la indiferencia social son detestables por el sacrificio que conllevan, por la degeneración humana que propician y por la virulencia con que destruyen los valores esenciales de la vida comunitaria.
Dentro de este drama universal destacan los niños que deambulan por las vías públicas. En los inicios de diversas gestiones gubernamentales, los aspirantes al poder pronuncian largas arengas manifestando su honda preocupación y su dolor ante los excluidos, prometiendo que en poco tiempo no existirá un solo menor abandonado en las calles, bajo la solemne promesa de redimir la justicia social y dignificar la infancia. Esta retórica demagógica y el posterior incumplimiento institucional ejemplifican el síndrome de hubris, donde los gobernantes, embriagados de soberbia y desvinculados de la realidad, prometen soluciones mágicas mientras la población infantil continúa sumida en el abandono más absoluto.
Hoy la realidad global parece más cruel e injusta que en épocas pasadas. Los menores malabaristas, limpiadores de parabrisas en las intersecciones viales y mendigos infantiles evidencian la incapacidad de los Estados para garantizar la satisfacción de las necesidades físicas y psicológicas básicas de los ciudadanos. Los gobernantes de turno manifiestan profunda preocupación y elaboran planes teóricos en épocas proselitistas, pero tras el triunfo electoral vuelve a cundir el silencio de los servidores públicos. Esta persistente indolencia oficial condena a la niñez a la intemperie moral y física, demostrando que el aparato estatal suele ser incapaz de transformar las estructuras de injusticia que oprimen a los más vulnerables.
Los niños de la calle constituyen una deuda social imperdonable que debe ser honrada por quienes administran las instituciones públicas y los organismos de asistencia. Incumplen su deber cívico, desatienden su obligación ética, maltratan el capital humano del porvenir y desprecian los valores morales quienes abandonan a su suerte a la infancia desamparada. La niñez abandonada representa el espejo más trágico del fracaso político, un recordatorio constante de que la soberbia del poder destruye el tejido solidario de la comunidad y condena el futuro de las nuevas generaciones a la marginación sistemática.
Ante este panorama desolador de abandono infantil y demagogia gubernamental, la respuesta colectiva de la sociedad civil no puede hacerse esperar, pues la justicia social no es una concesión graciosa del gobernante, sino el cimiento irrenunciable sobre el cual se edifica toda nación verdaderamente civilizada. Es imperativo rescatar la sensibilidad colectiva y exigir políticas públicas reales que devuelvan la dignidad a la infancia desatendida. Ayudémoslas con nuestra mejor artillería jurídica, conceptual y moral a alzar la voz con firmeza inquebrantable para desterrar de las ciudades la miseria y el abandono. Solo mediante la acción solidaria, la exigencia implacable de probidad y el compromiso ético con los más vulnerables lograremos superar las sombras de la indolencia y garantizar un porvenir de justicia y esperanza para todos los niños del mundo.
«No hay tiranía más implacable que aquella que se disfraza de benevolencia pública mientras abandona impunemente a su propia infancia» (Cicerón).
Doctor Crisanto Gregorio León
Profesor Universitario