Los abogados del Estado se han sumado hoy a toda la carrera judicial española en su rechazo al pacto de Sánchez con Puigdemont. Estos abogados, que dependen del Ministerio de Justicia, se unen así a los jueces decanos de 70 partidos judiciales y a los presidentes de las audiencias provinciales, en apoyo al manifiesto suscrito por los fiscales y las asociaciones judiciales españolas sobre las referencias que se hacen en el pacto a la “judicialización de la política” y sus consecuencias, lo que se conoce como ‘lawfare’.
Como los abogados del Estado, también hoy se ha sumado a la oleada de comunicados críticos la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con un escrito en el que por unanimidad rechazan el pacto en los mismos términos que las demás organizaciones profesionales de justicia.
Los jueces decanos de setenta partidos judiciales de España, además del de la Audiencia Nacional, han firmado un duro documento contra el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts, el partido independentista de Puigdemont.
También se han unido al rechazo los presidentes de todas las audiencias provinciales españolas, que han elaborado un comunicado en el que “repudian” el pacto en lo concerniente a lo que en él se dice sobre la politización de la justicia y a la posibilidad de formar comisiones parlamentarias para investigar a los jueces que intervinieron en el procés catalán. Lo consideran intolerable y aseguran que acceder a ello supone una “quiebra del Estado de Derecho”.
A todos ellos se unió está mañana, además, la Asociación de Abogados del Estado, que emitió un contundente comunicado de rechazo al pacto y en concreto a las alusiones que en él se hacen sobre la judicialización política de los magistrados que intervinieron en el procés. El malestar en la Abogacía del Estado es tal que su directora general está meditando presentar su renuncia al cargo, según fuentes de la citada asociación.
Por otro lado, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo tiene previsto reunirse el próximo lunes y es previsible que también se pronuncie sobre el contenido del acuerdo que ha firmado Sánchez con los separatistas catalanes para seguir a toda costa en el sillón de La Moncloa.
Los jueces decanos, por su lado, en un comunicado hecho público hoy, afirman que se suman íntegramente al contenido del manifiesto suscrito por las cuatro asociaciones judiciales españolas, en especial en cuanto a las referencias que se hacen de la “judicialización de la política” y sus consecuencias, que se conoce como ‘lawfare’, que se traduce como cierta ‘mala fe’ en la actuación y decisión judicial en este caso respecto de Cataluña.
“Los jueces decanos de España, ante el documento suscrito por el PSOE y Junts para facilitar la investidura, y conociendo el contenido del comunicado publicado este jueves por las asociaciones judiciales, (Asociación Profesional para la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente), nos adherimos expresamente al contenido del mismo”, señala el escrito.
Interés personal de Sánchez
Las asociaciones judiciales, incluida la progresista y afín al PSOE Jueces para la Democracia, a las que aluden los jueces decanos, denunciaron ayer el atentado al Estado de derecho y a la separación de poderes que implica este acuerdo, “que solo busca la permanencia en el poder del propio Sánchez”. Asimismo, las tres asociaciones de fiscales, incluida la progresista UPF, han elaborado un comunicado condenando el pacto, que incluye la creación de comisiones para analizar actuaciones judiciales durante el procés. Califican de intolerable una injerencia de este calibre en la separación de poderes.
El documento añade que muestran el nuestro rechazo por las referencias al ‘lawfare’ o judicialización de la política” y sus consecuencias. “El texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”, aseveran.
Intromisión
Para los jueces decanos, eso “podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”.
Advierten que los jueces “han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución”, y que estas expresiones, “en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables.
El documento recalca que el Poder Judicial en España “es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta.”
Partidos judiciales
Los firman los jueces decanos de los partidos Judiciales de Alcalá de Henares, Pamplona, Santander, Jaén, Murcia, Valencia, Oviedo, Hospitalet de Llobregat, Girona, Lanzarote (Arrecife), Sevilla, Melilla, Lugo, Ourense, Cáceres, Palencia, Palma de Mallorca, Ibiza, y Formentera, Barcelona, Huelva, Torrent, Badajoz, Algeciras, Albacete, Cádiz, Toledo, Jerez de la Frontera, Pontevedra, Segovia, Vigo, Marbella, Gandía, Coruña, Sabadell, Santiago de Compostela, Bilbao, Dos Hermanas, Logroño, Almería, Móstoles, Las Palmas de Gran Canaria, León, Lleida, San Sebastián, Granada, Alicante, Zamora, Mérida, Huesca, Elche, Zaragoza, San Cristóbal de La Laguna, JJCC Audiencia Nacional, Ferrol, Burgos, Guadalajara, Valladolid, Castellón, Madrid, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Alcalá de Henares, Alcobendas, Arganda, Aranjuez, Colmenar, Collado Villalba, Coslada, Getafe, Leganés, Móstoles, Navalcarnero, Parla, Pozuelo de Alarcón, Torrejón de Ardoz, Torrelaguna, San Lorenzo de El Escorial, Valdemoro, Mahadahonda y Ponferrada.
Texto íntegro del pacto PSOE-Junts
