Los dos documentos que se exhiben en esta información, en un Estado de Derecho auténtico, deberían sonrojar al ahora ministro progre Marlaska (antes, sus cargos se los daba el PP) y hacer dimitir, también, al jefe de las prisiones españolas, Ángel Luis Ortiz.
Curiosamente, Ortiz era juez de vigilancia penitenciaria cuando su amiga comunista Manuela Carmena se lo llevó al Ayuntamiento de Madrid para terminar después como responsable de Prisiones del Gobierno del PSOE.
Bajo el mandato de estos dos seudoprogres, o reconvertidos ideológicos, se están cometiendo profusas tropelías en las cárceles españolas. Sobre todo, en materia sanitaria.
El auto judicial que figura a la izquierda certifica que el interno Juan Antonio Flores, de 44 años y padre de cuatro hijos pequeños, no cometió ningún quebrantamiento de condena.
Y que no lo cometió cuando -estando en el Centro de Régimen Abierto Victoria Kent de Madrid, donde son llevados aquellos internos que están próximos a cumplir sus condenas y han tenido buen comportamiento, por lo que se les permite salir a trabajar y volver al centro solo para pernoctar- sufrió una grave crisis diabética en su casa y acabó en un hospital.
Tras estudiar Derecho en la cárcel durante gran parte de su condena, ocho años de prisión, por un mero delito económico (ni es etarra ni ha matado a nadie) del que Flores resarció por completo a los perjudicados tras recibir la sentencia, un juez de vigilancia le concedió los beneficios del artículo 100. apartado 2.
Recibió este beneficio cuando estaba en la cárcel que Alcalá Meco, dirigida por el inextricable José Comerón, don Pepe. Uno de los hombres de confianza del jefe Ortiz.
Tan de confianza debe ser que no ha movido un dedo contra él después de que se le fugase un peligrosísimo recluso, El Pastilla, y se le suicidase un enfermero que pidió el traslado a otra cárcel porque no aguantaba a Comerón (dejó una carta póstuma tachándole de «machista» y de haberle amargado la vida). Don Pepe sigue ahí.
Comerón es la causa, una de ellas, de que el interno Juan Antonio Flores, a quien sucesivas desatenciones médicas en distintas prisiones le han hecho añicos su salud (entró siendo un deportistas y hoy tiene un discapacidad reconocida del 75%), se halle en este momento en situación de prófugo.
A finales del pasado octubre, Flores decidió no reincorporase al penal de Navalcarnero porque sufre la peor de las diabetes, la tipo 1, mellitus, y si hubiera seguido en la cárcel («sin cuidados médicos», como denuncia Juan Antonio Flores, que dispone de documentos oficiales de la que lo acreditan) posiblemente hoy estaría muerto.
Esa diabetes actuaba inexorable sobre una úlcera que le salió en el pie y cuya herida no se le cerraba.
Y huyó porque no quería que le pasara como cuando ingresó por primera vez, siendo un deportista, totalmente sano, en la prisión de Soto. Estuvo diez días en coma, hubo que ponerle un fémur de titanio y se pensó incluso en amputarle la pierna debido a una septicemia que los médicos de Soto únicamente combatían con analgésicos.
Además padece un glaucoma y sordera, debido a la diabetes crónica -de las gravísimas y más complejas que existen- que le afloró estando en la cárcel de Soto. Pero eso fue en la Soto.
Su huida de la de Navalcarnero, varios años después de haber estado en Soto, se debe a que al ser trasladado de Meco a Navalcarnero, el pasado 1 de agosto, portaba desde hacía un mes una úlcera sangrante en el dedo de un pie, pero no le administraban los necesarios antibióticos: se la autocuraba él como podía, sin éxito, con un bote de Betadine que le había prestado otro recluso a escondidas.
La herida, debido a la diabetes, no se le cerraba. Necesitaba estar en la calle e ir a la Seguridad Social. Disfrutando un permiso pendiente que no pudo tomarse en Meco, decidió no volver a Navalcarnero hasta que se curase la herida.
En este momento, Juan Antonio Flores está prófugo, escondido en una casa junto a su esposa y cuatro hijos. La herida ya la tiene prácticamente curada, gracias a los antibióticos que sí le han dado en distintos centros de salud. Y quiere reincorporarse voluntariamente.
Pero Marlaska (como si Flores fuera un asesino y no hubiera resarcido a las personas que perjudicó y hechos por los que ya ha cumplido seis de los ocho años a los que fue condenado) ha desplegado a su policía, tras las publicaciones de este periódico, e intensificado su búsqueda en los últimos días.
Él y Ortiz lo quieren pillar a toda costa.
No quieren que Flores cuente a este digital todas las vicisitudes sanitarias por las que ha pasado en los últimos años. Y los dos saben bien los estropicios médicos que le han causado a este interno en distintos centros. Sobre todo, en el de Soto del Real, donde estuvo a punto de morir.
Los dos saben, aunque según fuentes de su entorno afirmen que no se ha pagado nada, el pastón que ha tenido que pagar el departamento de Marlaska, del bolsillo de todos, para medio resarcir las graves patologías que sufre Flores desde que está en prisión.
Un dinero que Marlaka y Ortiz han debido sacar de los fondos reservados, para taparle la boca a Flores y que éste retirase una querella que interpuso contra todos los médicos de Soto y el director.
Los dos documentos que figuran arriba acreditan lo que los internos llaman una putada. En este caso, dos.
En el de la derecha, es un documento del hospital Fundación Jiménez Díaz donde (fechado luego de su paso por el Gregorio Marañón, que le salvó la vida tras la grave desatención médica de la prisión de Soto del Real) se especifica con nitidez los cuidados diarios que necesita el interno, entre ellas, las dosis de insulina etcétera (Véase el documento).
Ese informe fue remitido a la prisión. Pero, según Juan Antonio, nada de eso se cumplió. La atención sanitaria fue prácticamente nula. Ni dietas, ni cuidados diarios ni nada. Se cuidaba él solo como buenamente podía.
Estando en Meco dejó de asistir a 14 citas con especialistas provenientes de hospitales de la Seguridad Social y privados de la zona de Alcalá de Henares. Es decir, la cárcel de José Comerón, o don Pepe Comerón -cuyo tratamiento exige a los internos, sin tener derecho a él- no lo llevaba a las citas con sus médicos del Príncipe de Asturias. El interno avisaba de sus citas, las conocía de antemano, y aún así no lo llevaban.
Fue en el Meco de don Pepe donde consiguió que el juez le diera los beneficios del artículo 100.2; es decir, debía ser trasladado al centro Victoria Kent y una vez allí, saldría a trabajar todos los día. Y volver al centro antes de las 11 de la noche.
Efectivamente fue llevado desde Meco al Victoria Kent. Pero un día que salió a trabajar no pudo volver. Al llegar a casa tras el trabajo, su compleja azúcar cayó a la tasa de 30 y tuvo que intervenir el Samur, que lo llevó al hospital, donde estuvo dos días hospitalizado.
Las llamadas de la familia y de la propia jefa del Samur al Victoria kent fueron obviadas. Hasta que por fin contestó la subdirectora Leonor, que, en altanera voz alta, dijo que le daba igual quiénes «cojones» fueran los que la llamaban y que, o el interno estaba allí antes de las 11, o ella tenía suficientes contactos para trasladarlo a Estremera.
Cuando Juan Antonio se reincorporó al Victoria Kent tras dos días hospitalizado, Leonor no le preguntó por su estado de salud. Lo llevó a una sala aparte y empezó «a darle voces» por su incomparecencia, recuerda el interno.
Los partes médicos que le entregó el preso ni los miró. Ella es jurista. Y pese a la concurrencia de un evidente estado de necesidad, en términos jurídicos, que justificaba su incomparecencia esa noche al centro, lo que hizo Leonor fue cumplir su amenaza y forzar a la junta de tratamiento para quedarse le quitasen los beneficios del 100.2 y lo trasladasen a Meco, que es una cárcel cerrada. Ya no podía salir para trabajar.
Lo trasladó a Meco a la mañana siguiente de llegar del hospital. Y lo denunció por quebrantamiento de condena ante el juez. No hizo un mínimo análisis jurídico de la situación. A Meco, un centro cerrado, con don Pepe.
El documento de la izquierda es un auto judicial que dictó cuatro meses después ser llevado a Meco un juez de Madrid. Ni siquiera quiso celebrar el juicio y archivó el caso, ante las pruebas médicas que le hizo llegar desde la cárcel Juan Antonio Flores, las mismas que le entregó a la subdirectora Leonor.
No compareció aquel día porque estaba en un hospital, curándose de patologías que le habían ocasionado en la cárcel de Soto.
El auto judicial es claro: no hay tal delito de quebrantamiento, y queda archivada la denuncia del Victoria kent por quebrantamiento. Pues en ese (no) delito se basó la subdirectora y jurista, Leonor, del Victoria Kent, para quitarle el 100.2. y enviarle por la fuerza a la cárcel de don Pepe Comerón.
¿Y que hizo Comerón? Allí estuvo Flores más de cuatro meses hasta comienzos del pasado agosto. Flores llegó allí pidiendo ver al director y explicando que su traslado y el haberle quitado el 100.2 era injusto, y que volvieran a reclasificarle y dárselo, pues, además, tenía derecho a ello por el tiempo transcurrido desde su última clasificación. Exigía que lo devolvieran de nuevo al Victoria Kent. Y seguir trabajando.
Pepe Comerón no quiso oírlo personalmente hasta el pasado 29 de julio. Cuando Leonor se lo envió cuatro meses antes, don Pepe lo metió en un módulo de los chungos (cuando en su etapa anterior en Meco Flores estuvo en el bueno, en el de respeto) y, además, obvió llevarle a las citas hospitalarias. Hay hazte
Hay 14 citas contabilizadas por Salud Madrid tras observar su historial médico y reprocharle al interno, antes de saber que lo era, el no haber acudido a ellas pese a la gravedad de sus patologías. Aun fugado, Flores se ha estado curando la úlcera en la Seguridad Social.
El pasado 29 de julio Comerón recibió del juez en su despacho el auto que figura arriba. Llamó al interno y le dijo que él se iba de vacaciones y que a la vuelta vería qué hacía con él. Lo que hizo realmente Comerón es irse de vacaciones, pese a saber, tras la lectura del auto, que Flores estaba allí injustamente, y ordenar su traslado.
«Yo me voy de vacaciones y a la vuelta ya veremos», le soltó al interno. Fue más allá. Dos días después de irse de vacaciones, los funcionarios de Meco subieron a Flores a un furgón y se lo llevaron al módulo de toxicómanos de la cárcel de Navalcarnero.
Un mes después de arribar a Navalcarnero, y dado que tampoco allí le atendían y tenía la herida del pie sin cerrar, durante un permiso decidió no volver al penal. Hace casi dos meses que decidió no volver. Quería curarse en la calle, donde tenga acceso a antibióticos para la herida del dedo.
No quería que le sucediera lo mismo que en Soto del Real, donde le vio los ojos a la muerte fruto del criminal déficit sanitario sufrido en esa y en otras cárceles en que ha estado.
Los documentos que acompañan esta información, por su contundencia, y que revelan el caos sanitario que hay al menos en esas prisiones, deberían hacer sonrojar a Marlaska, máximo jefe de Prisiones como ministro de Interior, y a Ortiz, como ex juez de vigilancia. Pero hay más documentos, de otra índole, económicos, con el dinero de todos, que van mucho más allá de generar un simple sonrojo.