Hoy: 10 de diciembre de 2024
Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han decidido incentivar la competencia fiscal con rebajas históricas de tributos a un año de que se celebren las elecciones autonómicas y municipales. Se trata de las autonomías de Andalucía, que ha anunciado la supresión del impuesto de patrimonio; Madrid, que con su presidenta Isabel Díaz Ayuso al frente deflactará el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; y Castilla y León, que con el apoyo dentro del Gobierno de Vox aplicará una política liberal que reduzca al máximo los impuestos. En total, entre los beneficios tributarios vigentes y los anunciados suman más de 10.000 millones de euros.
Madrid conserva la primera posición después de que al inicio de la pandemia se acusara a Ayuso de plantear un dumping fiscal con el resto de comunidades. El dumping fiscal se refiere a los beneficios fiscales que ofrecen las comunidades autónomas a través de deducciones y bonificaciones para disminuir el impuesto a la baja o incluso a cero, generando una competencia desleal con las demás. Esto hace que sea más atractivo para algunas personas o empresas asentarse en esas comunidades. De este modo, este año alcanzará los 5.479 millones de beneficios fiscales procedentes del Estado, según datos ofrecidos por el diario Público.
Por su parte, Euskadi presume llegar a los 2.218 antes de sumarle otro agujero de 250 en medidas frente a la inflación anunciado hace unos días por el lehendakari Íñigo Urkullu, y que también incluyen una nueva deflactación del IRPF,, según las mismas fuentes. Ello le llevaría a mantener el segundo puesto a las haciendas vascas, aunque no es seguro puesto que Castilla y León ha planteado una estrategia fiscal agresiva en ese sentido. Estas gozan de un trato especial por u carácter foral en lo que concierne a la recaudación de impuestos dado que, al igual que Navarra, gestionan la mayoría de sus tributos.
La Junta de Castilla y León agregará previsiblemente un paquete de 2.000 millones de beneficios fiscales a los 509 ya previstos, a tenor de lo anunciado por su presidente, Alfonso Fernández Mañueco. El presidente de Castilla y León articuló una narrativa para justificar la utilidad como herramienta contra la despoblación de medidas como las rebajas en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para transferir empresas y para arrendar tierras. En ese punto, la influencia de Vox y de sus tesis liberales están surtiendo efecto en las políticas públicas que está poniendo en marcha el Gobierno regional.
Andalucía, tras el anuncio de Juanma Moreno Bonilla -aclamado electoralmente en las elecciones andaluzas- se consolida como la tercera comunidad con mayor volumen de beneficios fiscales del Estado, alcanzando los 1.747 millones, conforme asegura el citado diario.
En el momento en que empiecen a funcionar las medidas ya anunciadas por Moreno Bonilla y Fernández Mañueco, los cinco territorios en los que gobierna el PP pasarán a poseer más de la mitad de las rebajas fiscales de las comunidades autónomas. Ello dará lugar a que en esos territorios tengan 10.943 millones de euros sobre un total de 19.643, lo que equivale al 55,7% de las reducciones fiscales.
Así las cosas, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha insistido este martes en defender la decisión de su Gobierno de suprimir el impuesto de patrimonio en la comunidad, un anuncio que ayer hizo en Madrid, y ha apelado a empresarios y contribuyentes catalanes para que fijen su residencia en esta comunidad, que se convierte en la segunda con menor presión fiscal de España.
“Desde aquí le digo a los empresarios catalanes que aquí está su tierra. En Cataluña hay impuesto de sucesiones y donaciones y hay impuesto de patrimonio y aquí no y además aquí no os vamos a independizar nunca porque somos orgullosa parte de España”, ha indicado Moreno en declaraciones recogidas por Europa Press y este medio. A su juicio, hay “argumentos de sobra para que muchos empresarios, capitales y familias vengan a residir con nosotros porque además vivimos en una de las zonas con más calidad de vida del mundo”.
Ese ha sido el pronunciamiento de Moreno durante su intervención en Sevilla en el Foro Vocento ‘Next Spain: la España que queremos’, que se desarrolla bajo el lema ‘Sevilla en verde’. Ha manifestado que el Consejo de Gobierno aprobará este martes un decreto con una nueva reforma fiscal que mañana se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y que entrará en vigor de manera inmediata. Posteriormente, el decreto se someterá a la convalidación del Pleno del Parlamento, donde será aprobado en virtud de la mayoría absoluta del PP-A.
No obstante, el presidente ha hecho un llamamiento a los partidos de la oposición para que se sumen también a la convalidación de este decreto ley.
En cuanto a la supresión del impuesto de patrimonio, ha indicado que se quiere favorecer que determinadas rentas que ya pasan largas temporadas en Andalucía, fijen aquí su residencia, contribuyendo con sus impuestos en la comunidad. Ha indicado que la bonificación será del cien por cien y no tendrá apenas impacto negativo en las cuentas de la administración autonómica porque apenas supone un 0,6 por ciento de lo que se recauda, mientras que sí “atraerá capacidad inversora para el fomento de la actividad económica y del empleo”.
Se ha mostrado convencido de que incentivará que personas físicas establezcan su residencia fiscal en Andalucía, con lo que se contribuirá a un incremento de contribuyentes por IRPF y por otras modalidades de imposición indirecta mucho más relevante que la pérdida del impuesto de patrimonio.
El decreto ley contempla la supresión del impuesto de patrimonio y una rebaja en el IRPF especialmente destinada a las clases medias y trabajadoras y a las pequeñas y medianas empresas. También se contempla la supresión del canon del agua en el próximo año y medidas para dar más facilidades de pago a los ciudadanos con deudas con la Agencia Tributaria.
Tras las críticas que ha generado en los partidos de la oposición el anuncio sobre la supresión del impuesto de patrimonio, el presidente se ha mostrado convencido de que la eliminación de este impuesto va a tener un efecto positivo en el empleo porque en esta comunidad hay miles de puestos de trabajo asociados a grandes contribuyentes, que ya no tendrán “la tentación de irse” a la Comunidad de Madrid, que es la región con menos presión fiscal de España.
En sintonía con esa competitividad fiscal que las comunidades del PP están planteando, ha indicado que su objetivo es “competir con Madrid”, la “mejor” comunidad de España, con el PIB más alto: “Vamos a ir al mismo nivel con la Comunidad de Madrid y tenemos instrumentos para ello”.
La bonificación del impuesto de patrimonio será del cien por cien y no tendrá apenas impacto negativo en las cuentas de la administración autonómica porque apenas supone un 0,6 por ciento de lo que se recauda, mientras que sí “atraerá capacidad inversora para el fomento de la actividad económica y del empleo”, ha dicho el presidente. De esta forma, convencido de que incentivará que personas físicas establezcan su residencia fiscal en Andalucía, ha asegurado que ello contribuirá a un incremento de contribuyentes por IRPF y por otras modalidades de imposición indirecta mucho más relevante que la pérdida del impuesto de patrimonio.
En cuanto a la nueva rebaja en el IRPF, ha apuntado que el objetivo es que sólo el próximo año 360 millones de euros queden en el bolsillo de los andaluces, ayudándoles a mitigar la inflación.
Se trata, según ha apuntado, de adaptar la carga tributaria a la coyuntura económica y propiciar que las familias tengan la mayor renta disponible. Así, mañana se aprobará que en la tributación por IRPF, por un lado, se deflactará la tarifa en los primeros 3 tramos de renta en un 4,3 por ciento, de manera que los incrementos de salarios para compensar la inflación no supongan un mayor pago de impuestos y, por otro lado, se incrementará en un 4,3 por ciento las cantidades que quedan exentas del IRPF en aplicación del mínimo personal y familiar correspondiente al tramo autonómico.
El decreto ley también contemplará una medida para dar más facilidades de pago a los ciudadanos con deudas con la Agencia Tributaria. “Hay familias y pymes que tienen deudas con la Agencia Tributaria y tenemos que ser sensibles ante esa situación que están viviendo”, según Juanma Moreno, quien ha explicado que la medida consistirá en flexibilizar las condiciones de aplazamiento y de fraccionamiento de pago hasta un plazo general de doce años.