Los ‘Aparatos Organizados del Poder’, dóciles mamporreros que saben leer la mirada del jefe para la comisión de delitos, sin pringarle

Pedro Sánchez y otros poderosos tienen su cohorte de aduladores y ‘mamporreros’ que analizan los deseos del líder y se los proporcionan sin que abra la boca

Información de LAURO SAN VALENTINO

La ciudadanía española contempla, entre indiferente, atónita e indignada, cómo desde determinadas estructuras políticas del Gobierno, los llamados AOP, se lleva a cabo, desde hace años y sin disimulo alguno, un cúmulo de hechos presuntamente delictivos que colocan a España al borde de un Estado tercermundista casi delincuencial y fallido.

En el auto de 9 de junio de 2025 que acuerda continuar las actuaciones contra el fiscal general Álvaro García Ortiz y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández -la del “poquito de cianuro”-, el magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado afirma que los hechos que indiciariamente atribuye a los reos se producen “a raíz de indicaciones recibidas de la Presidencia del Gobierno”.

De esto se infiere que estamos, presuntamente, ante un caso de autoría mediata: los referidos miembros del Ministerio Fiscal serían testaferros del “hombre de atrás”, o sea, de quien les dio la orden de cometer tales hechos.

Desde una perspectiva penal, el “caso del Fiscal General”, así como los de Ábalos, Leire, Cerdán, etc., no puede contemplarse aisladamente; los árboles no pueden impedirnos ver el bosque.

Desde hace años, la ciudadanía asiste atónita al pago de prostitutas, orgías, drogas y francachelas con fondos públicos y en lugares -Paradores de Turismo de España- en que la Administración tiene un deber de control-.

También asiste a la colocación en empresas públicas por parte de políticos de sus amantes meretrices mediante inexistentes o chuscos procesos de selección -claramente prevaricadores-; así como a la atribución a hermanos e hijos de titulares de altas magistraturas del Gobierno y del Constitucional de puestos de alta dirección suculentamente retribuidos.

Altos empleados que, tras años de supuesto ejercicio, ni siquiera saben dónde trabajan ni qué funciones desarrollan. Beneficiarios de dádivas que, por su tierna edad y absoluta inexperiencia profesional, resulta imposible imaginar que lo hubieran podido lograr de una forma honesta.

En realidad, la sensación es que con las fabulosas retribuciones que se les dá, más bien parece que con ellas se retribuyen los servicios del progenitor; en concreto, y a juicio de prestigiosos juristas, las insólitas interpretaciones del texto constitucional que se hacen.

El número 1

La atribución a la esposa del presidente del gobierno -“el 1” para sus próximos- de la codirección de másteres universitarios en una universidad pública, careciendo de titulación homologada para ello, es un disparate delictivo.

Sin contar la presunta malversación de los servicios prestados para ella en esa codirección por una alto cargo nombrada por su marido; ni su colocación en un, otrora, prestigioso centro privado de posgrado para desempeñar etéreas tareas en el continente africano generosamente retribuida.

O la sospecha de su intervención decisiva en operaciones de salvamento de empresas privadas con cuantiosos fondos públicos -lo que haría, en su caso, incurrir a su profundamente enamorado cónyuge en un patente conflicto de intereses. O, tal vez en hechos merecedores de una grave calificación jurídica.

A todo esto se suman los exitosos intentos de utilización de la Fiscalía para acabar con oponentes políticos y servidores del Estado que luchan contra la corrupción política y económica.

Y los planes para influir en la judicatura a fin de lograr (aunque, por ahora, con algo menos de brutalidad que en México) unos jueces sumisos, que abdiquen de su independencia ante los miembros de la casta política superior, de familiares y sus socios en negocios inconfesables.

Introduciendo, además, por “la puerta de atrás”, en el escalafón de las carreras judicial y fiscal y sin someterse a la difícil oposición, a casi mil quinientos sustitutos que, se supone, estarán siempre agradecidos al partido político que los integra.

O el enfangamiento de la Hacienda Pública, que perdona deudas o retrasa pagos a los amigos y correligionarios, a veces a cambio de mordidas, y que se utiliza para amenazar o actuar implacablemente contra los enemigos del poder-

La bastardización de la Abogacía del Estado, convertida en defensora de oficio de miembros del partido gobernante, sus socios y funcionarios afines corruptos, e igualmente transformada en acusación particular de enemigos políticos, el ataque, la asfixia económica, el desprestigio y el ninguneo de los medios de comunicación insumisos y periodistas insobornables que sacan a la luz, en abnegado cumplimiento de su deber, el intento de siniestros fontaneros de desprestigiar e incluso acabar con la carrera profesional de funcionarios honrados.

Especialmente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Fiscalía, que luchan contra la corrupción, los enjuagues propios del capitalismo de amiguetes propiciados por políticos, sindicatos y partidos con la complicidad de una casta empresarial medularmente pervertida.

La aniquilación de las perspectivas de carrera profesional de funcionarios diplomáticos, policiales, militares y de cualquier clase que no se plieguen dócilmente a las directrices, caprichos y el nepotismo de los titulares políticos a la hora de nombramientos y ceses, concesión de subvenciones, amaño de procedimientos de contratación, cohechos y percepción de sobornos y coimas, etc.

Todo este rosario delictivo nos lleva a plantearnos si los españoles nos encontramos en manos, no ya de una organización criminal que ha copado la dirección de las principales instituciones del Estado, sino, en concreto, de un Aparato Organizado de Poder, los llamados AOP.

Son los que ejecutan la comisión, de manera planificada, metódica y con procedimientos cuasi científicos, de hechos presuntamente delictivos, o, al menos, de los de mayor trascendencia política y económica conforme a un proyecto concienzudamente elaborado. Son los mamporreros del poderoso.

Esta figura, aunque conocida en la doctrina, sobre todo la internacional, es desconocida en la jurisprudencia penal española: la especie dogmática de autoría mediata (cuando el “hombre de atrás” o autor mediato dá la orden de cometer el delito al autor material o directo), que consiste en la actuación dentro de un AOP para la comisión de hechos delictivos.

Esta figura tuvo su expresión primigenia en la URSS estalinista y en la Alemania nazi.

El AOP se estructura jerárquicamente y la orden de cometer cualquier delito funciona de forma tan efectiva que no solo cumple automáticamente cualquier indicación, incluso implícita, de quien dirige la organización del Aparato.

Además, y aquí radica la especificidad distintiva de esta forma de participación criminal, los secuaces son capaces, por su desempeño de cargos de confianza del jefe oculto, de “adivinar” sus deseos delictivos para, sin necesidad de que este exprese su voluntad de que algo se haga, ejecutan el hecho delictivo.

Pues saben que es la voluntad de la cabeza del AOP-

El control del “hombre de atrás” o “autor de escritorio” es total en estos casos. El ejecutor directo o material actúa presumiendo, acertadamente, que el hecho que perpetra es la solución que por el director del AOP se espera que él adopte.

La Alemania nazi

En la Alemania nazi a eso se llamaba “trabajar en la dirección del Führer” –working in the direction of the Führer-, tal y como muchos altos funcionarios y miembros del Partido alegaron en los juicios contra criminales de guerra para justificar su barbarie.

Actos basados, no ya en la obediencia a órdenes explícitas, sino en el logro de la transformación de la sociedad y el mundo según la ideología nazi.

En la URSS estalinista, la adivinación de la voluntad del jefe por sus secuaces para alcanzar las metas del “socialismo real” era más difícil, dadas las características de la personalidad de Stalin, que prescindía de ellos de un día para otro, ejecutándolos directamente o previo proceso amañado.

Pedestre ideología sanchista

En el erial de la España actual, carente de un Carl Schmitt que fundamente filosóficamente la pedestre ideología sanchista, hay que conformarse, por ejemplo, con un tal Gonzalo Werther Miró (hijo de la fallecida cineasta Pilar Miró), quien, a pesar de ser de Madrid, se jacta de no ser un cateto como Isabel Díaz Ayuso.

Tener un apellido alemán, de lo que Goethe no es culpable, y haber iniciado estudios de humanidades, periodismo y cine, parece que no le permiten tener otro oficio que el de opinador de todo y sabedor de nada, aunque, eso sí, le facilitan pingües beneficios con un mínimo esfuerzo. Opinador.

Otro ejemplo de este erial. Zaida Cantera, tan entendida en leyes y otras disciplinas, salvo la militar, que se permite criticar un auto de 53 folios de un magistrado del Tribunal Supremo que, sin duda, ha entendido perfectamente, a la que, obviamente, podríamos considerar una suerte de Martin Heidegger femenino y cañí del actual progresismo patrio.

E incluso falto de un Hans Frank, un Franz Gürtner o un Andréi Vyshinsky, que confirieron consistencia jurídica, al menos formal, a las tropelías y dislates que se cometen a diario en esta materia.

Además de quien ha decidido hace años embarrar de polvo su toga a cambio de continuas prebendas para sí y su familia, aquí hay que conformarse con este ignaro jurista de pacotilla e ínfulas dictatoriales que dice llamarse Félix Bolaños-

Es un personaje que ocupa sin rubor el mismo puesto que Gaspar Melchor de Jovellanos, aunque probablemente desconoce quién fue este. Su mérito es haber entrado por “la puerta de atrás” en el Banco de España.

Estamos ante una pléyade de maleantes erigidos en la masa crítica de un AOP.

La izquierda caviar -y, en lo que ahora nos ocupa, la judicial- no sirve más que para la ideación y planificación de los desmanes y atropellos del sanchismo.

Son los habitantes de los que antes eran los valleinclanescos bajos fondos del ruedo ibérico -matones de prostíbulos, políticos fervientemente feministas pero habituales de meretrices; la coca y las mordidas, recaudadoras de saunas gais elevadas a profesionales del crowdfunding y la universidad.

De ininteligible verborrea. Hampones y fontaneros/as sin otro conocimiento que el de las ratas, cucarachas y demás fauna de las cloacas, Ni otro oficio que la mentira, la coacción, el chantaje, el enredo y la parasitación del presupuesto; electricistas convertidos en apparatchiks de turbio origen que se permiten decidir con un prófugo de la justicia sobre la unidad de la primera nación de Europa.

A la vez que se reparten comisiones a cuenta de las obras públicas en que se interesan, gañanes/as convertidos en políticos de medio pelo que se permiten criticar a jueces ejemplares amparados en su inmunidad de diputados.

Y periodistas de ideología ajustada al importe de las ventajas económicas que perciben, etc., que han venido a convertirse en la élite rectora del país, convenientemente seleccionada por un único mérito, a saber: su capacidad de aceptar los deseos de un jefe que, o bien les proporciona sinecuras o bicocas -a compartir con la izquierda caviar, en especial la judicial y empresarial-, o bien salen de la marginalidad, la canalla y de la indigencia económica para convertirse en sanguijuelas del erario público. 

Para cualquier integrante de esta tropa no es preciso que el jefe de todos ellos (“el  1” o el “señor X”, que se decía en aquel siniestro episodio de cloacas con muertos que investigó, cuando y como le convino, el ex juez Garzón) emita personalmente orden o indicación alguna para acabar con los políticos, jueces, fiscales, funcionarios o ciudadanos que le incomoden.

O que se permitan sacar a la luz las corruptelas de sus allegados, parientes y esbirros.

Patxi López, Pilar Alegría y Óscar Puente se permiten, en un aquelarre de indigencia intelectual, arremeter irresponsable y brutalmente contra un magistrado por una resolución precisa y meticulosamente redactada, fundamentada y razonada.

Una resolución en la que, a la vista del numeroso y sólido aporte probatorio indiciario que en ella se desgrana, lo que se lleva a cabo, dado el momento procesal en que se adopta, es un juicio de probabilidad, no un juicio de certezas, como estos Carneluttis pretenden. 

Estos habitantes de la ciénaga social e intelectual conocen perfectamente -cada uno a su nivel- lo que han de decir y hacer en cada momento sin necesidad de instrucciones expresas.

Además de prescindibles o intercambiables -es seguro que alguien está ya desempeñando las funciones que realizaban los Ábalos, Koldos, Leires, Cerdanes y demás instrumentos y que ya hay alguien preparado/a para sustituir al Fiscal General en caso de que la Sala Segunda dicte sentencia condenatoria- saben que, en caso de no seguir la dirección del jefe, el castigo será severo -el ostracismo o el hambre-.

Sin embargo, si obedecen, aunque caigan en manos de la justicia, tendrán los “mecanismos de pago especiales” propios del AOP: es decir, colocación, tras sus avatares judiciales o penitenciarios, en discretos puestos de las múltiples Administraciones muy superiores a su generalmente escasa o nula cualificación profesional; situación de esposas, amantes, hijos y otros allegados en empresas públicas o en las que el Gobierno central, las autonomías o ayuntamientos afines controlan, como Telefónica, Indra, Tragsa, entidades bancarias, asesorías, consultorías y chiringuitos varios, etc..

Todo esto compensará sus eventuales cuitas, siempre que la Fiscalía y la Abogacía del Estado no se empleen a fondo para convertir en leves infracciones simbólicamente penadas los más graves crímenes y que posteriormente la administración penitenciaria convierta en unas originales y no largas vacaciones su estancia en prisión, otorgándoles toda clase de beneficios penitenciarios.

En conclusión, no es descabellado inferir que “mister 1” (parece ser que no se defiende mal en inglés, lo que en caso de fuga o exilio podría serle útil) pudiera ser conocedor de las circunstancias que le permiten dominar a través de otros la comisión de los hechos.

Y que también sabe que, salvo debacle, no será delatado por ninguno de ellos, quienes, por otra parte, carecen de cualquier prueba directa que pudiera relacionarlo con sus actos, puesto que han actuado “en la dirección del 1” -quien, por su lado, siempre ha conservado el dominio del hecho de cuanto esos adláteres de su organización han llevado a cabo-.

Y todo ello dentro del AOP en que se ha convertido la cumbre de la estructura de poder que nos gobierna. 

Jueces independientes

Solo una investigación a fondo de jueces independientes y fiscales no contaminados (¡¡¡qué difícil va a ser reestructurar la Fiscalía española, cuyo prestigio, como el de la Abogacía del Estado, tardará largos años en recuperarse!!!), y con una policía judicial bien dotada, permitiría volver a la racionalidad. Una vez que el pueblo español, en unas elecciones generales libres y no manipuladas, se libere de esta costra delincuencial que lo parasita.

¿Cómo justificarían los magistrados Robles y Marlaska su ignorancia de todo lo que el AOP haya perpetrado?, ¿se acogerán a las tácticas defensivas de los altos funcionarios de la Alemania nazi que tan poco éxito tuvieron?, ¿invocarán el error de tipo?…

Hay que esperar -lo que es, tal vez, demasiado- que el Gobierno que sustituya a este AOP se atreva a levantar totalmente las alfombras del poder.

Sin temor a afrontar la gravísima crisis institucional, moral, económica y social que esa limpieza de las pestilentes sentinas del Estado español sin duda puede originar.