El juez pone en libertad sin pasaporte a los seis acusados de la muerte de dos guardias civiles en Barbate

31 de julio de 2024
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Entrada de los juzgados de Barbate / EP

La fiscal antidroga de Cádiz señala que aunque se puede concluir que los investigados «no son los autores del asesinato», siguen imputados en «delitos graves de contrabando»

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate (Cádiz) ha decretado este martes la libertad para los seis investigados por delitos de contrabando, pertenencia a organización criminal, resistencia y desobediencia, tras no haber oposición por parte de la Fiscalía a esta medida. Los seis investigados habían estado en prisión desde febrero, tras los trágicos hechos en el puerto de Barbate que resultaron en la muerte de dos agentes de la Guardia Civil atropellados por una narcolancha.

Según ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), como medidas cautelares, los seis investigados tienen la obligación de comparecer todos los lunes en sede judicial, la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional así como la prohibición de expedir un pasaporte nuevo. Ya han notificado los autos a las partes.

Un informe descarta la implicación de los seis detenidos

Cabe recordar que el pasado mes de mayo se dio a conocer que un informe de la Guardia Civil había descartado que la narcolancha que patrullaba Kiko el Cabra fuera la que embistió hasta asesinar a dos agentes del Instituto Armado en el puerto de Barbate. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido al juzgado de Barbate descarta la autoría en el doble asesinato de los seis detenidos que están en prisión, entre ellos Kiko el Cabra.

No obstante, la fiscal antidroga de Cádiz, Ana Villagómez, señaló que aunque se puede concluir que los investigados como presuntos autores de la muerte de dos guardias civiles «no son los autores del asesinato», seguían imputados en «delitos graves de contrabando y pertenencia a organización criminal, castigados con penas que pueden alcanzar los siete años de prisión», por lo que no consideraba que se debían variar las medidas cautelares de prisión adoptadas.

Posteriormente, la semana pasada llamaron a declarar a los encarcelados en la causa como testigos. Este martes, la Fiscalía remitió al juez un informe en el que manifestó que, dado el estado actual de la investigación, no se oponía a la puesta en libertad provisional de los detenidos.

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