Liberadas 18 mujeres víctimas de explotación sexual tras desarticular una organización criminal en Huesca

Hay cinco detenidos, de los cuales dos están en prisión provisional

La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal dedicada a la trata de personas y explotación sexual. Usaban pisos prostíbulos repartidos hasta en seis comunidades autónomas. Se han detenido a tres personas en Gijón y a otras dos, en Gijón. Gracias a ello, se han puesto en libertad a 18 mujeres reclusas de estos abusos.

Durante los registros domiciliarios, la Policía ha incautado 12,245 euros en efectivo, nueve teléfonos móviles y documentación incriminatoria de los hechos delictivos. Además, se ha procedido al bloqueo de diez cuentas bancarias.

La red de trata gestionaba los pisos prostíbulo de forma temporal o estable, en las comunidades de Galicia (A Coruña), Cantabria (Santander), Asturias (Oviedo y Gijón), País Vasco (Bilbao, San Sebastián, y Vitoria), Navarra (Pamplona) y Castilla y León (Burgos, León y Ponferrada), lugares donde llevaban una actividad «itinerante», según describen los agentes.

Perfil de las víctimas

Las víctimas eran mujeres de origen colombiano captadas mediante falsas ofertas de trabajo en España. Se les facilitaba el traslado al país donde posteriormente se les imponía una deuda variable entre 4500 y 5000 euros, que estaban obligadas a saldar. Para ello, debían prostituirse y además, se les exigía tomar estupefacientes para aumentar el tiempo de prestación de servicios sexuales.

La investigación de esta red comenzó por parte de la Policía Nacional en 2024, tras el testimonio de una víctima. Cuenta que había sido engañada y obligada a ejercer la prostitución en Santander. Esta información ayudó a descubrir hasta donde se expandía la red criminal.

En la declaración de la denunciante, se describen actos de abusos diarios, ya que las mujeres debían estar disponibles las 24 horas del día, todos los días de la semana. No existía forma de oponerse a las necesidades de los clientes.

Además, eran sometidas a rotar cada quince días de vivienda para así dificultar su localización y aumentar su estado de vulnerabilidad.

Se conoce también que en caso de intentar negarse a realizar el trabajo, las víctimas sufrían agresiones físicas por parte de sus captores.