Leire se querella contra el PP por una parodia de vídeo hecho con IA que le atribuye haber contratado «matones» para eliminar a la jueza Biedma

La exmilitante socialista acusa al partido de calumnias con publicidad, de un delito contra la integridad moral y de usurpación de identidad, y pide la retirada del vídeo

Leire Díez Castro, investigada por el juzgado central 5, ha presentado una querella contra el Partido Popular por la difusión de un vídeo elaborado con inteligencia artificial en el que se reproducen su imagen y su voz para atribuirle una conducta delictiva grave: haber contratado a «matones» para «quitar de en medio» a una jueza.

El escrito, fechado el 22 de octubre de 2026 y dirigido a la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Plaza n.º 5, imputa al partido los delitos de calumnias con publicidad, contra la integridad moral y usurpación del estado civil o suplantación de identidad digital.

Según la querella, el vídeo se publicó el 21 de octubre de forma simultánea en las cuentas oficiales del PP en X, Instagram, TikTok, Facebook y YouTube.

La defensa sostiene que la pieza se hace «en clara alusión» a la jueza Biedma y a la campaña mediática surgida tras la declaración de Díez ante la Audiencia Nacional el pasado 8 de septiembre.

En el montaje, añade el escrito, se la llama además «Lerda».

La querellante afirma que los hechos atribuidos en el vídeo son falsos y que el PP actuó «con pleno conocimiento» de esa falsedad. Un informe de la UCO la desmiente y el asunto está siendo investigado por Pedraz, lo que hace difícil que esta parodia sea penalizada.

La defensa subraya que el partido está personado en la causa y conoce, por tanto, el estado de las actuaciones y las declaraciones prestadas, así como la ausencia de cualquier prueba que vincule a Díez con la magistrada o con actuación alguna contra ella.

El escrito cuantifica la difusión con una tabla de métricas: 1,3 millones de reproducciones en X, 533.000 en Instagram, 256.600 en TikTok y 189.000 en Facebook, lo que suma 2.278.600 visualizaciones solo en las cuentas oficiales del PP. A ellas se añaden cerca de 35.000 reproducciones en perfiles de TikTok de otros medios, y una relación de cabeceras que se hicieron eco de la noticia.

Varios de esos titulares sitúan el vídeo como respuesta del PP a la campaña socialista ‘Sí, soy zurdo’.

La querella describe además las consecuencias personales: Díez y sus hijas se han visto obligadas a aislarse en su domicilio, ella ha sufrido un ataque de ansiedad por el que recibe tratamiento y ambas son objeto de insultos y descalificaciones a raíz de la publicación.

Registro en Génova

Entre las diligencias solicitadas figura la declaración del PP como querellado y el requerimiento para que identifique a los responsables de la gestión de sus redes sociales, a quienes diseñaron el vídeo, redactaron sus textos y aprobaron su publicación.

La defensa pide también la entrada y registro en la sede de la calle Génova por la unidad de delitos tecnológicos de la Guardia Civil, con acceso a servidores y ordenadores para identificar a los participantes y capturar las huellas digitales del material.

En cuanto a la calificación jurídica, el escrito reconoce que la jurisprudencia del Supremo, con la STS 635/2009 como referencia, exige para la usurpación del estado civil algo más que el uso del nombre ajeno.

Sin embargo, sostiene que la creación de un vídeo con la imagen y la voz de una persona encaja en el supuesto de «hacer algo que solo puede hacer esa persona».

Admite igualmente que no existe un precepto penal específico sobre los deepfakes, aunque considera que en este caso un solo acto basta para cumplir el tipo contra la integridad moral.

Retirada cautelar urgente

La defensa solicita, al amparo del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la retirada provisional e inmediata del vídeo de todas las cuentas controladas por el PP.

Pide además que se libren órdenes a las plataformas para que se conserve una copia íntegra como prueba y que la Policía Judicial verifique el cumplimiento. Invoca también la Ley Orgánica 1/1982 de protección del honor, la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información, el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial y el Reglamento de Servicios Digitales.

El escrito precisa que no pretende sustraer a Díez de la crítica política ni afectar al debate de fondo, sino impedir «provisionalmente» la difusión de «una concreta atribución criminal» que considera falsa y construida mediante manipulación audiovisual.

La medida quedaría limitada al vídeo individualizado, sin cierre de cuentas ni extensión automática a contenidos de terceros.