Las expresiones de cultura sorda y la lengua de signos se convierten en Patrimonio Inmaterial

El reconocimiento se inició en mayo mediante la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes

A partir de hoy, las expresiones culturales vinculadas a la cultura sorda y la lengua de signos española son manifestación representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Ese reconocimiento de parte del Ministerio de Cultura, junto al de Derechos Sociales, se inició en mayo a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes. Esto supone para el colectivo el «paso definitivo de protección», así han informado ambos ministerios.

El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana un decreto en el que las expresiones culturales vinculadas a la cultura sorda y la lengua de signos española son un patrimonio vivo que da respuesta a las necesidades comunicativas, sociales y emocionales de la comunidad sorda signante.

«Se trata de un conjunto de expresiones culturales creadas y transmitidas, un acervo cultural inherente a esta comunidad, resultado de los rasgos sociales y culturales que caracterizan al conjunto de personas sordas signantes en nuestro país y que tiene en la lengua de signos española su principal manifestación y soporte, sin perjuicio de aquellos rasgos que caracterizan a la comunidad sorda que utiliza la lengua de signos catalana en su ámbito de uso», recoge el decreto.

El texto expresa la consideración de la cultura sorda y la lengua de signos como «una cultura rica y compleja, conformada por valores, conocimientos, prácticas sociales, tradiciones y expresiones artísticas específicas, transmitidos y aprendidos». También se reconoce que las expresiones culturales vinculadas a la cultura sorda y la lengua de signos española «se enfrentan a múltiples riesgos y amenazas».

Por otro lado, indica la necesidad de protección debido a que «su uso es reducido, teniendo en cuenta el número de personas signantes en relación con el total de la población sorda en el país», lo que enfatiza, según recoge el decreto, «no solo la singularidad de la lengua, sino también su situación de vulnerabilidad y la necesidad de protección de las expresiones culturales producidas a través de esta lengua minoritaria».