Las dádivas electrónicas como prueba de la corrupción judicial

«Cuando la justicia se convierte en mercancía, el tribunal deja de ser el templo de la ley para transformarse en la antesala del infierno.» — Pensamiento del autor

El ambiente en los pasillos judiciales se ha vuelto completamente irrespirable, impregnado por un vapor nauseabundo que delata la descomposición absoluta de la función pública. El juez o la jueza, el fiscal o la fiscal, y el secretario o la secretaria ya no operan como garantes de la legalidad, sino como los engranajes criminales de un Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO).

Este ecosistema de asalto financiero ha despojado a la judicatura de su carácter sagrado; una embestida donde los funcionarios operan con la misma impudicia de un delincuente con pistola en mano, desvalijando a sus víctimas mediante una modalidad moderna y corporativa para extorsionar sistemáticamente a los abogados y a las familias de sus representados. Su única prioridad es la captación de divisas en un antro donde la inocencia o la culpabilidad carecen de valor real, reduciendo el derecho penal a un mercado negro de libertades al mejor postor.

Conviene aclarar, de forma categórica, que este severo análisis no está destinado a los jueces probos, a los magistrados estudiosos, honestos, con profunda ética y temerosos de Dios, quienes aún dignifican el sistema; va dirigido exclusivamente a la horda corrompida que mancilla la toga.

La degradación de estos funcionarios evidencia profundos trastornos de la personalidad, transitando entre un narcisismo patológico, rasgos psicopáticos destructivos y el Trastorno Explosivo Intermitente. El juez o la jueza, el fiscal o la fiscal, y el secretario o la secretaria se comportan como buitres al acecho de litigantes ingenuos, alternando falsas posturas de mansedumbre con iniquidades extremas y abusos verbales humillantes contra la defensa.

Gozan de una impunidad fáctica donde hacen y deshacen a su antojo, pisoteando la ley sin pudor. Son personajes consumidos por el síndrome de hibris —la enfermedad del poder—, quienes, al amparo de una autoridad efímera, maltratan la dignidad humana con la soberbia ciega de quienes se creen deidades intocables en su propio y decadente feudo.

Es crucial destacar que las graves corruptelas aquí descritas no constituyen una invención o denuncia aislada del autor de este artículo. Esta escandalosa realidad ha sido expuesta y denunciada abiertamente por altos personeros del poder ejecutivo y destacados diputados de las más altas esferas del poder legislativo, quienes de manera contundente han manifestado públicamente la urgencia de perseguir penalmente a estos operadores judiciales corruptos, castigarlos con severidad y enviarlos directamente a prisión.

No se trata, por tanto, de una simple queja gremial, sino de un clamor institucional proveniente de las propias voces del Estado que reconocen la metástasis en el sistema y exigen la depuración inmediata de los tribunales secuestrados por estas mafias.

La corrupción ha llegado al extremo de normalizar la microextorsión diaria mediante redes familiares que sirven de testaferros, involucrando descaradamente a parientes directos como el padre de una secretaria o los allegados de los fiscales.

Tampoco es posible abstraerse del descaro físico del dinero en efectivo, de ese flujo continuo de fajos de billetes en cash entregados directamente en las manos de estos personajes, o camuflados en el pago electrónico de resmas de papel, tóner y opíparos desayunos, almuerzos o cenas.

Es allí cuando el abogado, cansado del ultraje, interroga directamente al secretario o secretaria que recibe la dádiva: «¿Y el juez sabe que usted me está pidiendo y recibiendo esto?», obteniendo por respuesta un desvergonzado: «Claro que sí, el juez está enterado de todo».

Esta tácita confesión de complicidad sepulta de inmediato la falaz defensa del superior que pretenda alegar ignorancia. Los registros digitales resguardados demuestran cómo el juez o la jueza, el fiscal o la fiscal, y el secretario o la secretaria exigen dádivas electrónicas asiduamente, operando en pleno y absoluto conocimiento de la recaudación delictiva.

Con su avaricia, descaro y desenfreno han vendido sus almas a las tinieblas, actuando con un ateísmo práctico donde no existe temor a Dios. Se han comprado un boleto sin retorno hacia su propia condenación infernal; un destino de pánico y castigo eterno donde el fuego devorará el dinero ensangrentado que hoy atesoran.

Ante la mínima crítica universal, opera en ellos el célebre aforismo jurídico de la excusatio non petita, accusatio manifesta: el que se excusa sin habérselo pedido, declara que es culpable. Son exactamente como el ladrón que, al ver una patrulla a lo lejos, devuelve apurado la gallina robada al corral y ante la simple solicitud de sus documentos grita tembloroso: «¿Cuál gallina?».

No obstante conocer a la perfección este aforismo, estos funcionarios se encuentran tan profundamente inquietos al saberse descubiertos y con las pruebas en su contra, que les importa un bledo declararse culpables con sus propias acciones.

Sabiéndose culpables pero aferrados a la impunidad de su perversa y desquiciada tarea, estos zumbados pretenden usar el terror para asustar y causar temor en quienes los denuncian. Mueven su maquinaria de maldad con la absurda pretensión de silenciar toda boca, todo escrito y toda difusión, intentando amordazar a la prensa escrita o digital, ignorando que sus bárbaras corrupciones procesales ya constituyen un asunto de dominio público, notorio y comunicacional.

Esta radiografía del horror no es un ataque casuístico, sino el ejercicio legítimo del derecho universal a la contraloría social consagrado en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. Además, conforme a la doctrina de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de los organismos internacionales, los jueces, juezas y fiscales son precisamente los funcionarios públicos más expuestos al escrutinio y la crítica abierta de la sociedad, debido a la trascendencia e impacto de sus cargos.

Desde la semiología estructural de Saussure, la relación entre el significante institucional y el significado real de la justicia ha sufrido una ruptura total: el tribunal hoy connota delincuencia. Al final, la opulencia de estos burócratas es tan efímera como su paso por la tierra, dejando tras de sí únicamente el tufo imborrable de la infamia y la fetidez y el hedor nauseabundo de quien ya se está quemando en las llamas eternas del infierno.

«La crítica al magistrado corrompido no es una afrenta a la ley, sino el deber supremo de rescatar la dignidad del derecho frente a sus propios verdugos.» — Pensamiento de cierre.

Dr. Crisanto Gregorio León
Profesor universitario