Las agresiones a funcionarios de prisiones se disparan: 529 en un año

El 93% de los ataques fueron leves o sin lesiones, mientras el Congreso avanza para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad

Instituciones Penitenciarias registró durante 2025 un total de 529 agresiones a funcionarios de prisiones en los centros dependientes de la Administración General del Estado, una cifra que supone el nivel más alto desde que se modificó el sistema de contabilización de incidentes en 2022.

Según una respuesta parlamentaria del Ministerio del Interior, el 93% de las agresiones fueron consideradas leves o no provocaron lesiones, mientras que únicamente siete casos fueron catalogados como graves, entre ellos uno de carácter muy grave.

El departamento dirigido por el Gobierno explica que el incremento registrado en los últimos años se debe, en parte, a un cambio en los criterios estadísticos implantado desde 2022. Desde entonces también se incluyen incidentes como empujones, lanzamiento de líquidos u objetos, amenazas o escupitajos, independientemente de las consecuencias físicas.

Antes de este cambio metodológico, las cifras eran significativamente inferiores. En 2020 se contabilizaron 176 agresiones y en 2021 un total de 159, frente al aumento progresivo registrado desde 2022 hasta alcanzar las 529 del pasado año.

En respuesta a una iniciativa parlamentaria de Santiago Abascal y su partido Vox, Instituciones Penitenciarias defendió que ha reforzado las medidas de protección para los trabajadores penitenciarios mediante equipos de seguridad y protocolos específicos de actuación.

Además, el organismo insiste en la necesidad de extremar la vigilancia sobre internos con perfiles especialmente conflictivos o con comportamientos agresivos, reforzando la observación y el conocimiento de la población reclusa.

El debate sobre la seguridad en las cárceles coincide con la tramitación parlamentaria de una reforma legal para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. La medida salió adelante esta semana en la Comisión de Interior del Congreso con amplio respaldo político.

La reforma contempla, entre otras cuestiones, que los funcionarios tengan presunción de veracidad, acceso a formación específica y derecho a indemnizaciones por daños sufridos durante el ejercicio de sus funciones.

Tanto el Partido Socialista Obrero Español como el Partido Popular celebraron el consenso alcanzado, mientras que Esquerra Republicana de Catalunya expresó sus reservas al considerar que la medida podría derivar en un “exceso de poder” dentro del sistema penitenciario.