La víctima ante sus verdugos en la tragicomedia del Tribunal Supremo

El acto de apertura del año judicial incomoda a los magistrados que esperaban la dimisión de Álvaro García Ortiz y tuvieron que mirarlo a los ojos y escucharlo durante 35 minutos eternos

Cuando el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, llegó a la página 9 de su discurso sobre los datos de la memoria fiscal 2025-26, levantó la vista, miró fijo, a través de sus gafas retro redondas de color dorado, al frente de la Sala de Plenos del Tribunal Supremo y, después de apuntar que las sentencias absolutorias dictadas por los juzgados de lo Penal constituyeron en 2024 el 19,4 % del total (contra el 20,6 % en 2023), matizó:

–Debo hacer notar que una sentencia absolutoria nunca puede interpretarse -en un riguroso análisis de la justicia penal- como un dato discordante. Más al contrario, significa que el sistema funciona y que el proceso es garante de los derechos de la ciudadanía.

Algunos de los ilustres invitados al alcance de mi vista se volcaron hacia sus colegas de asiento con una risa socarrona.

Vaya: ¿qué estaría pensando el fiscal general del Estado al decir que las absoluciones suponen que el sistema funciona?

¿Que será absuelto en el juicio al que se someterá por haber revelado, presuntamente, el secreto del correo del 2 de febrero de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso?

Un correo en que el presunto defraudador expresaba al fiscal de Madrid su disposición a firmar un acuerdo de conformidad sobre dos delitos fiscales y uno de falsedad, aceptando 8 meses de cárcel (cuatro por cada delito) y el pago de 500.000 euros a Hacienda

Se puede entender.

Porque la próxima semana, el juez Ángel Hurtado, que se encontraba este viernes 5 entre el respetable, hará dos cosas: rechazar la suspensión cautelar del fiscal general del Estado que han pedido las acusaciones populares, esto es, suspenderle ya para que, al ser acusado formalmente -auto de apertura de juicio oral-, acuda al juicio sin su cargo; y, a continuación dictar ese auto de apertura de juicio oral. Estas dos resoluciones se notificarán a partir del próximo lunes 8 según anticiparnos a primeros de agosto pasado.

La Sala Segunda procederá entonces a citar la fecha del evento para el mes de octubre próximo.

Este viernes 5 dr septiembre, Manuel Marchens, autor intelectual de esta crisis -que ha debilitado enormemente al Ministerio Fiscal- no se encontraba como estos ultimoa diez años en primera fila en su calidad de presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo,

En cambio lo podias ver de costado empotrado en la gran sala en uno de los asientos, situado entre los fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza.

Volvía a sus orígenes, es decir, a la carrera fiscal.

Y estaba entre dos personalidades que con el resultado del juicio del procés se desengañaron de su relación con él. Y con el personaje.

Porque ellos -junto con Jaime Moreno y Fidel Cadena- querían una sentencia por rebelión y no abandonaron la esperanza hasta el final.

No querían una condena por sedición. Y dijeron, después, que habían sido engañados.

¿Leyeron mal los gestos y las palabras de Marchena?

Ellos creen que les “equivocó”.

Vaya usted a saber.

En julio de 2024, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) envió la exposición razonada para que la Sala Segunda abriera causa contra el fiscal general del Estado, Marchena no tardó en oler sangre.

En septiembre de 2024, la Sala de Admisión -de la Sala Segunda- fue integrada por Marchena (presidente), Susana Polo (ponente), Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela.

Susana Polo y Marchena son viejos conocidos.

Ella era titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid cuando él era fiscal del mismo ya hace largos años.

Ahora, en octubre de 2024 en la exposición razonada del TSJM, Polo estudió la nota informativa que, según el TSJM, revestía caracteres de posible delito de revelación de secreto y las referencias a la posible filtración del ya célebre correo.

Pero no vio indicios de delito. Marchena -según ella ha narrado a lo largo del último año a diversas personas- le explicó que, si bien se podía asumir que la nota informativa no suponía delito, en cambio convenía investigar la filtración del correo.

Polo asumió que en los procesos de instrucción no se pueden hacer votos particulares en la Sala de Admisión, y finalmente acordaron que se harían unas diligencias y ya se vería. La investigación de filtraciones en el Supremo llenaría muchos folios y brilllaría por terminar siempre en un archivo. Es una catarsis que termina evaporadores.

En el auto de admisión del 16 de octubre de 2014, basado en la ponencia de Polo, se decidió poner que en la nota informativa «se desprende que, aparentemente, no hay información indebidamente revelada… pero de la instrucción se desprende que horas antes de la nota de prensa, los correos entre el fiscal del caso y el letrado del particular [Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso] fueron revelados, estando los mismos en poder del fiscal general del Estado y de la fiscal jefa provincial».

La instrucción, confiada a un magistrado procedente de la Audiencia Nacional, Ángel Hurtado, hizo el resto.

La espectacular entrada y registro de la UCO en la Fiscalía General del Estado y en la Fiscalía de Madrid, el clonado de los ordenadores y dispositivos de Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez, respectivamente, durante doce horas, y el descarte consciente de todas aquellas pruebas que colocaran en contexto las filtraciones -vamos, lo que hizo el voto particular del magistrado Andrés Palomo, al señalar que no existía «conducta típica» y la «prueba es insuficiente«- han configurado esta crisis.

Fue una crisis provocada. Lo peor es que los verdugos nunca creyeron que el fiscal general del Estado resistiría.

Y quisieron que no se presentara en el acto de este 5 de septiembre ante el Rey.

Se sentían -se sintieron- incómodos. Pues ellos se lo buscaron. El trabajo sucio de acabar con García Ortiz, la guinda de la ofensiva, quedó sin consumar.

La tragicomedia se adueñó del escenario. La derecha judicial del Gonsejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Partido Popular intentaron in extremis impedir que García Ortíz acudiera a un acto en el que su discurso es una de las columnas del acto y está tasado por ley.

Y, además, que también se obstacularizara la presencia del ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la mesa junto al Rey.

Feijóo decidió solidarizarse con Isabel Díaz Ayuso acudiendo a un acto en Arganda del Rey, una de las principales escenas del crimen de Gürtel, allí donde antes del verano, durante uno de los juicios el constructor Fernando Martín, expresidente del Real Madrid, firmó un pacto de conformidad con la Fiscalía en el cual reconoció haber pagado con un cheque de 25 millones de euros uno de sus sobornos a la trama corrupta. Esa solidaridad de Feijóo con Díaz Ayuso ha llegado unos días antes de que a Alberto González Amador, pareja de Ayuso, le abran juicio oral por dos delitos fiscales y falsificación de facturas por los cuales la Fiscalía y las acusaciones populares solicitan 3,9 años de cárcel y 5 años, respectivamente.

Ahora el nuevo campo de batalla será el juicio oral.

Con el nuevo presidente de la Sala Segunda, Andrés Martínez Arrieta, en calidad de presidente del tribunal de enjuiciamiento del fiscal general del Estado, y con Susana Polo de ponente.

Estos dos magistrados más Javier Hernández se unirán a Marchena, Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela para formar un tribunal de siete magistrados que juzgará a García Ortíz.

El deshielo en lo que hemos llamado el Soviet Supremo, caracterizado por su unanimidad, donde poner un voto particular podía tener costes muy altos -el caso de Ana Ferrer sobre la amnistía, por ejemplo- ha empezado.

El voto particular del magistrado Palomo -que ya habia discrepado en la Sala de Apelaciones sobre los recursos del fiscal general del Estado, pero sin presentar voto particular- finalmente rompió la unanimidad al votar en contra del auto de procesamiento del fiscal general- en una enmienda minuciosa de la totalidad de la instrucción del juez Hurtado.

Y puede influir en el juicio oral.

Solo una nota a pie de página sobre el discurso de la presidenta del Supremo y CGPJ.

El Pacto PSOE-PP que renovó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha creado un Frankenstein corporativo.

La presidenta Isabel Perelló entiende la división de poderes en una sola dirección: el de la intromisión del Poder Judicial sobre el Poder Legislativo.

Los múltiples ataques al poder y a los políticos son exagerados en lo que llamo el Estado Judicial Español (EJE). Pero la gruesa y larga cabellera que impide a veces apreciar los ojos de Perelló quizá también le oculte la injerencia del Poder Judicial sobre el Poder Legislativo, le desdibuja lo que es el imperio de la ley al que ha hecho referencia en su discurso lleno de autoreferencias y ombliguismo infantil impropio de la presidenta del Supremo y el CGPJ.