Cómo Oltra pasa a ser Mónica K. en el proceso kafkiano de Valencia

Ya son dos los jueces que rechazan abrir juicio oral contra la exvicepresidenta y catorce imputados. El laberinto judicial coloca la decisión otra vez en la sección cuarta de la Audiencia de Valencia

ERNESTO EKAIZER / El Periódico de Catalunya

El juez Vicente Ríos, titular del juzgado 15 de instrucción de Valencia, resolvió el 2 de abril de 2024, después de una larga y meticulosa investigación de casi dos años sobre un presunto caso de encubrimiento, dictar un auto de sobreseimiento (archivo) de Mónica Oltra y otros catorce funcionarios de la Generalitat, con razonamientos que ocuparon noventa y seis páginas. La decisión fue recurrida en apelación por la acusación particular y acusaciones populares ultraderechistas.

La sección cuarta de la Audiencia Provincial, pues, acogió los recursos el 20 de junio de 2024, y revocó el citado auto y ordenó “la acomodación del procedimiento a los trámites del procedimiento abreviado y posterior apertura, en su caso, de juicio oral”.

El juez Ríos lo hizo el 21 de junio de 2024-dictó el equivalente al auto de procesamiento-por “imperativo legal”, esto es, obligado por la sección cuarta. La defensa de los 15 imputados recurrieron la decisión y solicitaron el sobreseimiento que inicialmente había resuelto el juez.

La sección cuarta, en una ponencia de la magistrada Clara Bayarri -jueza que pasó de la Audiencia Nacional a la Audiencia de Valencia-rechazó el sobreseimiento y mantuvo el procesamiento.

“Es suficiente con la existencia de indicios que establezcan la probabilidad de implicación, lo que no excluye la posibilidad de que tal implicación no exista”.

Obsérvese lo que la sección cuarta destacaba: “La probabilidad de implicación”.

Y se apoyaba “en el principio pro actione, principio constitucional vinculado al derecho a la tutela judicial efectiva que exige a los órganos judiciales”.

Era, cuánto menos, curioso que dicho principio, propio de la justicia administrativa, fuera la pirueta elegida en un procedimiento penal, que proclama el principio in dubio pro reo.

“Lo cierto es que el principio pro actione se contrapone, en cierto modo, al de in dubio pro reo en el derecho penal que favorece al acusado en caso de duda”, señaló un magistrado experto precisamente en justicia constitucional consultado por El Periódico.

El 27 de junio dd 2025, finalmente, el juez Vicente Ríos resolvía denegar la apertura de juicio oral contra Oltra y los catorce imputados.

“Respetando el derecho de acción como manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva no se entrará a valorar el hecho, que sin embargo debe ser reseñado por las consecuencias que de ello pudieran derivarse, de que las partes acusadoras introducen hechos que no se ajustan a los hechos recogidos en el auto por el que se ordenaba la prosecución de la causa en su fase intermedia [auto de transformación de las diligencias en abreviado], que reproducía literalmente los que se expusieron en el auto de sobreseimiento provisional de la misma y que no han sido modificados por resolución alguna” señalaba.

El juez venía a decir: oiga, el principio pro actione o derecho a la acción ha llevado a las acusaciones a tergiversar el auto de la sección cuarta de la Audiencia de Valencia para hacer pasar gato por liebre.

El juez concluía; “No existe absolutamente ningún indicio de que cualquiera de los quince acusados haya llevado adelante hechos penalmente relevantes. Estimo que nadie debe ser juzgado sin que exista un solo indicio racional de criminalidad contra el mismo y, en conciencia, reitero que no los aprecio en la conducta de los encausados”

Las acusaciones particular y las populares recurrieron en reforma y en apelación contra el juez Ríos. Y señalaron que el juez estaba poniendo en solfa con su negativa la decisión de la sección cuarta. Querían que se dictase el auto de apertura de juicio oral.

En realidad, la sección cuarta había decidido anular el sobreseimiento (procesamiento) y no se pronunciaba sobre si el juez debía abrir juicio oral.

Pero he aquí que por razones que se desconocen la causa se quedó en un cajón durante más de seis meses. Y los recursos quedaron sin resolver.

El 25 de noviembre pasado alguien se dio cuenta de ello y desempolvó los recursos.

Tocó ahora a la jueza sustituta Ana María Lillo Sánchez (el juez Ríos ha sido padre y está de permiso), resolver, lo que ha hecho en un auto de 18 de diciembre pasado.

La jueza recoge el informe del fiscal donde se aclara que “la sección cuarta se limitó a revocar el inicial auto de sobreseimiento de 2 de abril de 2024 para ordenar «la acomodación del procedimiento a los trámites del procedimiento abreviado y posterior apertura, en su caso, de juicio oral”.

Según el fiscal, “en ningún caso la superioridad adelantó la decisión de apertura del juicio oral pues ninguno de sus dos pronunciamientos versaba sobre tal cuestión aún no planteada al momento de sus respectivos dictados ni ésta es, como ya se ha dicho, más que de la competencia del instructor en su papel de juez de garantías. No existe pues y como pretende el recurrente ningún mandato de apertura del juicio oral que usurpe, anticipando un determinado pronunciamiento, el criterio del instructor al respecto”.

Será la sección cuarta, pues, la que deberá definirse ahora sobre la apelación contra el auto de la jueza Llillo Sánchez, que deniega abrir juicio oral.

Esto es: ya hay otra magistrada, aparte de Ríos, que ha rechazado abrir juicio oral.

Arendt, lawfare y lawlessness

Las acusaciones de guerra política por medios judiciales (lawfare) planean sobre este caso, no sin fundamento.

Pero ¿por qué no retrotraerse a Franz Kafka y su libro publicado en 1925 después de su muerte, es decir a El Proceso?

Entonces no existía como tal la idea tan reciente de lawfare.

Pero ella utilizó otro término: lawlessness. Es decir: inexistencia del estado de derecho.

El poder de la máquina que captura y ejecuta a Joseph K., el personaje de la novela de Kafka, no es otra cosa que la apariencia de la “necesidad”.

Según explica Hannah Arendt en un ensayo de 1948, Kafka, que era un empleado en una agencia de seguros de accidentes laborales, “sabía que, si uno se dejaba llevar por la maquinaria burocrática del aparato, ya estaba condenado”.

“El dominio de la burocracia aseguraba que la interpretación de la ley se convirtiera en un instrumento de ilegalidad (lawlessness), y la incapacidad crónica de los intérpretes se compensaba con un automatismo insensato en las capas más bajas de la jerarquía burocrática, a quienes se dejaban todas las decisiones reales”, señalaba.

Arendt era todavía más incisiva: “La máquina se mantiene en movimiento mediante mentiras en nombre de la necesidad, de modo que quien no quiera subordinarse a este «orden mundial», a esta maquinaria, es considerado, con todas sus consecuencias, un pecador contra algún tipo de orden divino. Kafka tiene la intención de destruir este mundo exagerando los contornos de su horrible estructura y, de ese modo, contraponiendo la realidad y las presunciones”.

Pues eso, es hora de terminar con Mónica K. y dejar que quienes han explicado a lo largo de un auto de archivo de 96 folios – cantidad más propia de una sentencia que de un auto de transformación de las diligencias- en el que se desmenuzaban argumentos y sospechas después de analizar 48.000 correos electrónicos cruzados dentro de la Administración valenciana, dejen que vuelva a ser la ciudadana Mónica Oltra.