La investigación desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto el foco sobre una presunta red de influencias vinculada a Leire Díez y a antiguos responsables de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Según las conclusiones recogidas en un informe reciente, esta trama habría desempeñado un papel relevante en las gestiones que precedieron a la concesión de una ayuda pública de 112,8 millones de euros a la empresa Tubos Reunidos, una operación aprobada en 2021 para garantizar la viabilidad de la compañía.
De acuerdo con la documentación analizada por los investigadores, varios integrantes del grupo habrían realizado contactos y movimientos destinados a facilitar el avance del expediente de rescate. Entre ellos figura una supuesta labor de interlocución con dirigentes del PNV, una circunstancia que la UCO considera relevante para comprender cómo se desarrolló el proceso. Los agentes sostienen que algunas conversaciones y mensajes intercambiados durante aquellos meses reflejarían intentos de obtener apoyos políticos que favorecieran la aprobación de la ayuda.
La investigación también analiza los pagos realizados posteriormente a través de una empresa intermediaria, que habría recibido cantidades económicas por servicios relacionados con estas gestiones. Los investigadores tratan de determinar si existió una relación directa entre dichos cobros y la influencia ejercida durante la tramitación del rescate.
Además, el informe apunta que las actuaciones no se limitaron a la obtención de la ayuda inicial. Posteriormente se habrían impulsado nuevas gestiones para mejorar las condiciones financieras de la deuda que Tubos Reunidos mantenía con la SEPI. Todo ello forma parte de una investigación que continúa abierta y que busca esclarecer el alcance real de las relaciones entre los distintos implicados y las decisiones adoptadas en torno a una de las operaciones industriales más relevantes de los últimos años.