La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido que la presunta trama liderada por el ex número tres del PSOE, Santos Cerdán, se activó con la misión explícita de «proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación» a la formación socialista. Según el sumario del caso, al que ha tenido acceso Europa Press, estas maniobras de desactivación judicial buscaban amparar, «directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente».
Los investigadores sitúan el origen de la red en 2024, concretamente en los días posteriores a la carta de reflexión publicada por Pedro Sánchez tras conocerse la investigación a su esposa, Begoña Gómez. El informe detalla que «Santos Cerdán y Leire Díez se constituirían como los dirigentes de la trama», el primero en el plano superior y la segunda al frente de un nivel ejecutivo. La organización criminal se mantuvo operativa hasta mayo de 2025, poco antes del ingreso en prisión provisional de Cerdán.
La policía judicial destaca que la «misión principal se constituye en la defensa del Gobierno y su partido», llegando a instrumentalizar al PSOE para «intentar atacar la integridad de todos los procedimientos con afectación al entorno del Gobierno». En la estructura colaboraron figuras como el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías o el abogado Jacobo Teijelo. Para coordinar la operativa, Cerdán «habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura» de la formación política, que asumió los costes logísticos y prestó sus dependencias en Ferraz.
El que fuera jefe la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entre 2023 y 2025, Rafael Yuste, desveló ante agentes de esta misma unidad que recibió presiones por parte del que fuera director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, y del director adjunto operativo (DAO) para «ponerse de perfil» en la investigación que afecta a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que fuese la autoridad judicial quien «tomase la iniciativa».
Según consta en el sumario del ‘caso Leire Díez’, al que ha tenido acceso Europa Press, el actualmente general responsable de la Jefatura de Servicios Técnicos, dependiente del Mando de Apoyo de la Guardia Civil, aludió ante los agentes de la UCO a una reunión que se celebró el 12 de julio de 2024.
El que fuera coronel jefe de la UCO relató el pasado 27 de mayo que el entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos –antecesor de la actual directora, Mercedes González–, afirmó que el oficio de solicitud efectuado por la UCO en la investigación del hermano de Sánchez era «totalmente prospectivo y malintencionado».
Según recoge la UCO, el exdirector de la Guardia Civil apuntó que la «credibilidad estaba por los suelos» y solicitó que el siguiente viernes (19 de julio) tenían que efectuar un informe con todo «analizado y que no haya nada».
El entonces jefe de la UCO se opuso a la pretensión del director general, al señalar que era «materialmente imposible ya que se debían analizar los correos electrónicos y posteriormente confeccionar el informe preceptivo dirigido a la Autoridad Judicial».
Un agente de la UCO de la Guardia Civil que participó en la incautación de correos de varios responsables de la Diputación de Badajoz y su posterior análisis ha concluido que la creación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios que se adjudicó a David Sánchez «no nace de Cultura», sino que partió «de un nivel superior» como el expresidente de la institución, Miguel Ángel Gallardo.
«Entonces, al no partir del área interesada, que era Cultura, nosotros entendemos que debe de estar en un nivel superior con una capacidad política», ya que «el tema de personal debe corresponder a unas estrategias políticas, tiene que ser de un nivel superior».
Por este motivo, «el único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo», según ha declarado el teniente coronel de la Guardia Civil este miércoles en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017.
Por otra parte, la UCO ha señalado que la exmilitante socialista Leire Díez mantuvo encuentros con la directora del Instituto Armado, Mercedes González, para que «iniciara actuaciones administrativas» contra los propios agentes investigadores.
En un informe incorporado al sumario del ‘caso Leire Díez’ que investiga la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes indican que «se ha apreciado cómo Leire pone en marcha una serie de actuaciones, en las que, mediando entrevistas personales con la directora general de la Guardia Civil, habría conseguido instigar a que esta última iniciara actuaciones administrativas contra la UCO».
Los investigadores hacen hincapié en «la existencia de una relación» entre Díez y González «previa a su nombramiento» como jefa de la Guardia Civil, a lo que añaden que, tras su designación, «se ha podido constatar la existencia de al menos tres reuniones entre ambas», celebradas entre septiembre de 2024 y abril de 2025.
Según la UCO, también existen indicios de los que «se desprende» que Díez «estaría haciendo llegar» a González «información obtenida en el marco de la actividad supuestamente delictiva que venía desarrollando».
Y asegura que Díez habría pretendido el inicio de una «investigación interna» en el seno de la Guardia Civil y dirigida contra la UCO, «previsiblemente valiéndose de la propia directora».
La UCO intervino al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías 19.850 euros en efectivo que encontraron en un baúl del salón de su casa y en un sobre en un vestidor.
Así se desprende del acta de entrada y registro, al que ha tenido acceso Europa Press, que la UCO ha entregado a la Audiencia Nacional y que forma parte del sumario de la causa en la que el juez Santiago Pedraz investiga una presunta red para intentar desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.
Ese mismo día, en un registro en el domicilio del exsecretario general del PSOE Santos Cerdán, los efectivos de la UCO se incautaron de dos teléfonos móviles y un ordenador, así como dos carpetas y tres agendas.
El juez Pedraz imputó tanto a Zarrías como a Cerdán por su presunta implicación en la trama, así como a la exmilitante socialista Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, entre otros.
La empresaria Carmen Pano declaró como testigo ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le ofrecieron dinero para que negara su versión de que entregó 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE y «salvar el culo a Ábalos y Koldo».
Pano testificó ante los agentes que Leticia de la Hoz, abogada del exasesor ministerial Koldo García, y un socio de su despacho les comentaron tanto a ella como a su chófer Álvaro Gallego que «había gente interesada en hablar» con ellos «sobre las entregas de dinero en Ferraz».
Ante ello, la empresaria les preguntó si era «gente del partido» y De la Hoz habría dicho que sí, que «gente del PSOE», y añadió que «era para salvar el culo a Ábalos y Koldo», a quienes la letrada habría definido como «cabezas de turco», según declaró Pano.