La UCO cifra en 78 millones el dinero de Villafuel desviado a Portugal por la trama de Aldama

Los investigadores solicitan al juez Pedraz que bloquee más de 70 cuentas bancarias y relaciona a Víctor de Aldama con tres de las sociedades radicadas en el país vecino, que recibieron casi 9 millones de euros

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha reconstruido una parte más amplia de la ruta seguida por el dinero en la causa sobre el presunto fraude de hidrocarburos que, según los investigadores, dirigían Claudio Rivas y Víctor de Aldama.

En un oficio fechado el 9 de septiembre de 2026 y remitido a la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Plaza n.º 5, de la Audiencia Nacional, el Grupo de Delincuencia Económica 1 cifra en 78.318.349,48 euros los fondos transferidos desde las cuentas españolas vinculadas a la trama hacia sociedades y cuentas bancarias en Portugal.

La nueva cifra supone un incremento de casi diez millones respecto a la primera cuantificación realizada por los investigadores. El atestado 209/2024, elaborado en octubre de 2024, situaba entonces en 68,6 millones de euros el dinero enviado al país vecino.

El nuevo documento fue incorporado a las Diligencias Previas 147/2024 el pasado 11 de septiembre. En él, la UCO solicita al juez nuevas diligencias para continuar siguiendo el dinero: requerimientos judiciales a dos empresas españolas, una Orden Europea de Investigación (OEI) dirigida a Irlanda para identificar al usuario que movió fondos a través de la plataforma de criptomonedas Kraken, otra OEI a Portugal y actuaciones destinadas a esclarecer transferencias hacia Hong Kong, Italia y Alemania.

Un fraude fiscal cifrado en más de 182 millones

La investigación se centra en una presunta organización criminal que, aprovechando su autorización para operar en el mercado mayorista de hidrocarburos, habría articulado un sistema para eludir el pago de impuestos. La Agencia Tributaria cuantificó inicialmente la cuota presuntamente defraudada entre 2022 y 2024 en 182.513.923,15 euros.

Según la reconstrucción de la UCO, la cabecera de la estructura era Villafuel SL, autorizada como operadora al por mayor desde septiembre de 2022 y propiedad de Still Growing SL, sociedad administrada por María Luisa Rivas Ruiz-Capillas.

Villafuel adquiría combustible de otros operadores y simulaba posteriormente su venta a siete suministradoras interpuestas: Canary Islands Fuel Company, Salamanca Fuel Center, Carburantes Jalón-Plaza, Obaoil 3000, Casmar Hidrocarburos, Espaeventos y Skyward Tech.

El oficio policial atribuye el control directo e indirecto de la estructura a Claudio Rivas, Víctor de Aldama y María Luisa Rivas, y señala asimismo la cooperación de Francisco Javier Cillán, Pedro Antonio Marín Alba y Félix Aparicio.

La operación policial que desarticuló la presunta organización se desarrolló el 7 de octubre de 2024, con detenciones y registros autorizados mediante autos de los días 4 y 8 de ese mes. Aldama, investigado también en el denominado caso Koldo, ingresó entonces en prisión provisional y quedó posteriormente en libertad tras prestar declaración ante el juez.

Los investigadores distinguen dos vertientes dentro de la estructura: una destinada al presunto fraude fiscal en el mercado de carburantes y otra orientada supuestamente a blanquear los beneficios obtenidos. Es esta segunda pata la que concentra ahora buena parte de las pesquisas.

Siete sociedades españolas y una red de pantallas portuguesas

La UCO ha reconstruido el origen de los 78,3 millones enviados a Portugal. De acuerdo con el oficio, Villafuel transfirió 36,4 millones de euros, prácticamente todos hacia cuentas propias abiertas en Portugal.

Obaoil 3000 envió otros 14,4 millones, principalmente a las sociedades portuguesas Labirinto de Bruma, que recibió 10,5 millones, y Calculo Corrente, con 3,45 millones.

A ellas se suman Salamanca Fuel Center, con 10,7 millones; Casmar Hidrocarburos, con 6,7 millones; Espaeventos y Still Growing, con 3,7 millones cada una; y Canary Islands Fuel Company, con otros 2,6 millones.

Las receptoras son, en su mayoría, sociedades unipersonales portuguesas cuya actividad aparente no guarda relación con el negocio de los hidrocarburos. Sus objetos sociales abarcan desde la fabricación de hormigón y la instalación de sistemas de alarma hasta la compraventa de inmuebles.

Varias de ellas conducen, según la documentación manejada por los investigadores, al entorno de Víctor de Aldama.

Atmosferaudaz Unipessoal Lda, con sede en Elvas y constituida en agosto de 2022, figura administrada por Aldama y recibió más de 8,8 millones de euros procedentes de tres suministradoras. Proezencontrada y Cuboflamejante, también administradas por él según la información tributaria incorporada al oficio, recibieron fondos procedentes de otras sociedades de la red portuguesa.

Agarrobvio, que recibió 1,45 millones de Salamanca Fuel Center, está administrada por Luis Alberto Escolano Marín, a quien la UCO describe como socio de Aldama. Por su parte, Calculo Corrente tiene como administrador único a Aarón Gómez Rodríguez, a quien los investigadores califican de testaferro de la organización para gestionar Obaoil 3000.

La UCO menciona igualmente a Constantino Ruiz Portillo, administrador de Airosoásis y Aroundpages, dos sociedades receptoras de casi 1,43 millones de euros.

En este caso, los investigadores reconocen que el análisis de los dispositivos intervenidos no les ha permitido establecer, por ahora, una vinculación directa de Ruiz Portillo con el resto de la organización. Su presencia al frente de las sociedades receptoras permitiría situarlo, según el oficio, como «posible testaferro». Los agentes añaden que Airosoásis aparece asimismo en otras dos investigaciones de la Audiencia Nacional por blanqueo relacionado con fraudes fiscales.

Pagos con el concepto «Claudio Rivas» a una armería de caza

Una parte del dinero enviado a Portugal terminó regresando a España.

Desde una cuenta de Agarrobvio en ABANCA Portugal salieron, entre marzo y mayo de 2023, 765.745 euros con destino a dos sociedades madrileñas.

La primera es Armería Argali SA, dedicada a la organización de cacerías dentro y fuera de España y extinguida en febrero de 2025. La sociedad recibió 255.745 euros en seis transferencias.

Entre los conceptos bancarios reproducidos en el oficio aparecen anotaciones como «Depósito Altai Argali September 2023», «Segundo pago Claudio Rivas Argali» y «Segundo pago Antonio Nieto Argali».

El argali es un carnero salvaje de las montañas de Asia Central apreciado como trofeo de caza. El oficio de la UCO, sin embargo, no determina a qué servicios concretos correspondían esas transferencias.

La segunda beneficiaria es Cacera Concejo SL, una promotora inmobiliaria administrada por el propio Escolano Marín. Recibió 510.000 euros en cuatro operaciones, cuyos conceptos bancarios hacen referencia a una «señal» y al «pago parcela».

Para aclarar estas operaciones, la UCO solicita al juez que requiera a ambas compañías toda la documentación justificativa, incluidos contratos y facturas, el motivo de los pagos y la identidad de las personas que actuaron en nombre de Agarrobvio.

Kraken, la puerta de salida hacia las criptomonedas

Otra de las vías investigadas conduce al mercado de las criptomonedas.

Entre junio y agosto de 2022, la sociedad portuguesa Letras e Contrastes Lda realizó 13 transferencias por un total de 213.663 euros a Payward, la entidad vinculada a la plataforma de intercambio de criptomonedas Kraken. Los pagos partieron de una cuenta de inversión abierta en Banco BPI.

Letras e Contrastes había recibido previamente más de cuatro millones de euros procedentes de cuatro suministradoras españolas investigadas.

La Guardia Civil se dirigió directamente a Kraken el pasado 6 de julio. La plataforma respondió ese mismo día que la identificación de la cuenta receptora requería una orden judicial dirigida a su entidad legal europea, Payward Europe Ltd, con sede en Dublín.

La UCO solicita por ello una Orden Europea de Investigación a Irlanda. Los agentes quieren obtener la documentación de identificación del cliente —el denominado KYC—, las carteras o wallets asociadas, las direcciones IP utilizadas, los dispositivos desde los que se accedió a la cuenta y las operaciones realizadas con otros usuarios de la plataforma.

Medio millón de euros acaba en Hong Kong

La investigación también ha detectado transferencias que sacaron fondos fuera de la Unión Europea.

El 17 de marzo de 2023, Dialogo Erudito Unipessoal Lda transfirió, en una única operación, 500.000 euros a Jiahe Wanji Mining Limited, una sociedad con sede en Kowloon Bay, Hong Kong.

Dialogo Erudito había recibido previamente 1,3 millones de euros de Canary Island Fuel Company. La UCO considera que el envío de fondos a Hong Kong puede responder a una estrategia destinada a deslocalizar el dinero y dificultar su trazabilidad.

La misma sociedad portuguesa transfirió además otros 720.000 euros, divididos en dos operaciones y con el concepto «Cifra Crobat», hacia una cuenta portuguesa cuyo titular todavía no ha sido identificado.

La ruta del dinero alcanza también Italia y Alemania. Desde Palacios & Abadias Lda, propiedad íntegra de Deise Soares dos Santos, salieron 97.232,94 euros hacia una cuenta italiana asociada a la denominación «Panamar» y otros 120.963,39 euros hacia una cuenta alemana vinculada a «Naumann».

En ambos casos se realizaron cinco movimientos entre mayo y julio de 2022.

La UCO considera insuficiente la respuesta de Portugal

Una parte relevante del oficio está dedicada a las dificultades encontradas por los investigadores para reconstruir la ruta portuguesa del dinero.

Las dos primeras órdenes europeas de investigación fueron remitidas a Portugal el 15 de julio y el 4 de noviembre de 2024. La segunda incluía una petición para bloquear de forma inmediata las cuentas investigadas.

Según relata la UCO, las autoridades portuguesas no respondieron hasta el 22 de julio de 2025 y lo hicieron, a juicio de los investigadores, de manera parcial.

El oficio señala que Portugal no aclaró si los fondos llegaron efectivamente a ser bloqueados. Tampoco facilitó los movimientos correspondientes a todas las cuentas solicitadas y parte de la documentación fue remitida en formatos que, según los agentes, dificultan su tratamiento y análisis.

Con la información obtenida hasta ahora, la Guardia Civil ha podido localizar la entrada en Portugal de 56,5 millones de euros.

Uno de los principales interrogantes se encuentra en una cuenta de Villafuel abierta en EuroBic. En ella entraron 50,3 millones de euros con el concepto «VILLAFUEL». Sin embargo, desde las cuentas españolas de la operadora únicamente constan salidas por aproximadamente 36,3 millones.

Quedan, por tanto, unos 14 millones de euros cuyo origen no ha podido determinarse. El dinero llegó mediante cinco transferencias SEPA realizadas entre julio y noviembre de 2023.

Los investigadores tampoco han podido seguir el destino de más de 14 millones de euros que salieron de una cuenta de EF Iber Combustiveis en ABANCA.

EF Iber, una sociedad «primordial» para los investigadores

La UCO considera a EF Iber una sociedad «primordial» dentro de la estructura portuguesa investigada.

La compañía fue constituida por Claudio Rivas en diciembre de 2019 con la denominación Intensyellow. En abril de 2022 pasó a estar administrada por Pedro Antonio Marín Alba y Still Growing entró en su accionariado, elevándose el capital social hasta los 225.000 euros.

El oficio destaca otros dos elementos que los investigadores consideran relevantes. Víctor de Aldama disponía desde noviembre de 2022 de un poder notarial ilimitado sobre Still Growing y, entre 2021 y 2024, Villafuel transfirió 15,18 millones de euros a esta sociedad matriz.

Ante las lagunas existentes, la UCO solicita una nueva Orden Europea de Investigación a Portugal para determinar el saldo que permanece bloqueado —o proceder al bloqueo inmediato si todavía no se hubiera ejecutado— en las cuentas de aproximadamente una docena de sociedades.

Los agentes reclaman además información sobre los procedimientos judiciales abiertos contra EF Iber y documentación que permita comprobar su actividad económica real.

La petición incluye igualmente información completa sobre Tsai & Iwa Lda, receptora de 733.056 euros procedentes de Casmar Hidrocarburos, así como los movimientos de decenas de cuentas abiertas en una docena de entidades financieras portuguesas que no fueron aportados en las respuestas anteriores.

Entre las entidades mencionadas figuran Novo Banco, Millennium BCP, Caixa Geral de Depósitos, Santander Totta y distintas cajas de crédito agrícola. La Guardia Civil reclama también los datos necesarios para identificar una serie de movimientos bancarios todavía sin atribuir y recogidos en cinco anexos del oficio.

Con estas diligencias, los investigadores pretenden completar una ruta financiera que comienza en las sociedades españolas utilizadas en el presunto fraude fiscal, atraviesa una extensa red de empresas y cuentas portuguesas y termina ramificándose de nuevo hacia España, plataformas de criptomonedas y cuentas situadas en Hong Kong, Italia y Alemania.

La UCO mantiene, no obstante, la cautela procesal habitual en sus informes. Las conclusiones expuestas en el oficio responden, como precisa el propio documento, al «juicio policial» de los investigadores y quedan sometidas a la valoración y decisión del juez instructor.