Incapacidad y viudedad, las pensiones que más se alejan de lo aportado durante la vida laboral

La diferencia entre lo cotizado y el valor de la prestación alcanza 188.825 euros en las mujeres y 131.441 en los hombres

Las pensiones de incapacidad permanente y las prestaciones de supervivencia, entre ellas las pensiones de viudedad, son las contingencias del sistema público español que presentan las mayores diferencias entre el capital aportado mediante cotizaciones y el valor actuarial de las prestaciones que se generan.

Es la principal conclusión del estudio NDC Benchmarking of Spanish Pensions: Disability, Survivor Reversibility and Hidden Redistribution, elaborado por Ahmed Ación López, de la University of Cassino and Southern Lazio, y Carlos Vidal-Meliá, de la Universitat de València y Patrimonium, y publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

El trabajo advierte de que analizar únicamente la jubilación ordinaria ofrece una visión parcial de los compromisos del sistema. Al incorporar la incapacidad y los derechos de supervivencia, las diferencias entre las aportaciones realizadas y el coste actuarial de las prestaciones aumentan de forma significativa.

Los datos correspondientes a la cohorte de 2023 muestran que la brecha mediana entre el coste actuarial y el capital contributivo reconstruido alcanza los 188.825 euros en las mujeres y los 131.441 euros en los hombres cuando se analiza la incapacidad permanente.

La diferencia es notable respecto a la jubilación ordinaria. En este caso, el desfase mediano se sitúa en 103.573 euros para las mujeres y 50.092 euros para los hombres.

El estudio utiliza además la denominada ratio de valor recibido (MWR) para comparar el valor actuarial de las prestaciones con el capital acumulado. En el escenario que no incorpora derechos de supervivencia, la MWR mediana alcanza 3,477 entre las mujeres con incapacidad, frente a 1,710 en las jubiladas. Entre los hombres, se sitúa en 2,109 en incapacidad, frente a 1,280 en jubilación.

Los autores relacionan estas diferencias con varios factores: una menor acumulación de cotizaciones durante la vida laboral, el acceso a la prestación a edades más tempranas y las características de la protección asociada a la incapacidad. El análisis también tiene en cuenta las diferencias de mortalidad según el grado de invalidez.

El estudio señala además que las prestaciones de supervivencia pueden modificar de forma considerable el balance actuarial. El efecto se produce tanto por el lado de las cotizaciones como por el de las prestaciones.

Si se incorpora al cálculo la parte de las cotizaciones destinada a cubrir la supervivencia, aumenta el capital nocional atribuido al trabajador y se reduce la diferencia inicial. Pero, cuando existe un beneficiario de una pensión reversible, el valor actuarial de las prestaciones también aumenta.

Los investigadores lo ilustran con los hombres jubilados en 2023. Al incluir la cotización correspondiente a supervivencia, pero sin asignar un cónyuge beneficiario, el capital mediano pasa de 190.310 a 232.499 euros. En ese escenario, la MWR baja de 1,280 a 1,048.

Sin embargo, al introducir una pensión de viudedad equivalente al 52%, la ratio vuelve a elevarse hasta 1,267.

Por ello, los autores advierten de que analizar la viudedad de manera aislada puede ofrecer una imagen distorsionada del equilibrio entre las aportaciones y las prestaciones del sistema.

Para realizar el estudio, los investigadores construyen un escenario contrafactual basado en cuentas nocionales de contribución definida (NDC) utilizando 31.382 observaciones administrativas procedentes de la Muestra Continua de Vidas Laborales. La muestra incluye 4.659 jubilaciones y 26.723 incapacidades.

El modelo NDC se utiliza como herramienta de medición para reconstruir el capital contributivo y compararlo con el valor actuarial de las prestaciones. Los autores recalcan que este ejercicio no plantea sustituir el actual sistema español de prestación definida.

Su objetivo es separar el componente estrictamente contributivo de otros elementos vinculados al seguro social y a la redistribución, como las prestaciones de viudedad, los complementos mínimos o la protección asociada a determinadas contingencias.

El estudio también pide cautela a la hora de interpretar indicadores como la MWR o la tasa interna de rendimiento (TIR). Una rentabilidad actuarial elevada no significa necesariamente que el beneficiario vaya a cobrar una pensión mensual más alta.

Las carreras laborales cortas o fragmentadas y el acceso temprano a una pensión de incapacidad pueden generar ratios elevadas porque el capital previamente acumulado mediante cotizaciones es menor. En este sentido, las métricas utilizadas sirven para identificar transferencias implícitas dentro del sistema, pero no permiten por sí solas medir la suficiencia de las pensiones o el riesgo de pobreza.

El trabajo toma el sistema italiano como referencia para mostrar que incluso los modelos basados en cuentas nocionales necesitan reglas específicas para determinar cómo se financian las contingencias de incapacidad y supervivencia, cómo se incorpora la mortalidad y qué mecanismos de redistribución se aplican.

A partir de sus resultados, los autores plantean tres líneas de análisis para el sistema español: estudiar conjuntamente jubilación, incapacidad y supervivencia; diferenciar los derechos directamente vinculados a las cotizaciones de los componentes de seguro y de las transferencias sociales; y utilizar el modelo NDC como herramienta de diagnóstico para identificar el origen de los compromisos financieros.

El estudio insiste, no obstante, en una precisión importante: las cantidades citadas corresponden a medianas individuales de la muestra analizada y no representan la deuda total ni un cálculo del déficit de la Seguridad Social española.