La realidad irrespirable de México: 130.000 desaparecidos, 40 al día

El aumento constante de desapariciones mantiene en alerta a organismos internacionales y grupos civiles, mientras el gobierno federal niega la existencia de un patrón sistemático

El estado de Jalisco encabeza la lista con un total de 15,489 desapariciones hasta el 25 de julio de 2025, seguido por el Estado de México con 14,339 casos, Tamaulipas con 13,514, Michoacán con 7,012, Veracruz con 6,988 y Sinaloa con 6,607, según los datos difundidos por Vanguardia México. Estas seis ciudades concentran una parte significativa de los casos a nivel nacional, reflejando patrones regionales de violencia y desaparición.

Incremento histórico

Las cifras oficiales muestran un alarmante aumento en los casos de desapariciones a lo largo de los últimos 25 años:

• Durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), se registraron 935 desapariciones.
• En la administración de Felipe Calderón (2006-2012), la cifra ascendió a 16,991.
• Bajo el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se documentaron 32,788 desapariciones.
• Finalmente, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), se alcanzó la cifra récord de 55,541 casos.

Además, desde el 1 de octubre de 2024 y hasta la fecha, la administración de Claudia Sheinbaum Pardo acumula 11,701 desapariciones

ONU activa el artículo 34

En marzo de este año, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió un presunto campo de reclutamiento y exterminio en Teuchitlán. En respuesta, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó en abril el artículo 34, considerando que en México se cometen desapariciones forzadas de manera sistemática, lo que podría constituir un crimen de lesa humanidad.

Esta medida fue rechazada por autoridades mexicanas, entre ellas el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, mientras que el gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, negó que existan desapariciones sistemáticas y generalizadas.

Reforma legislativa

El pasado 16 de julio, el Gobierno publicó una reforma a la Ley General sobre Desaparición Forzada, así como cambios en la Ley General de Población, con el objetivo declarado de reforzar los mecanismos de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.

Sin embargo, diversas organizaciones de derechos humanos han criticado la reforma por considerarla insuficiente y por haberse aprobado sin un parlamento abierto ni la participación activa de familiares de personas desaparecidas. Según declaraciones recogidas por Vanguardia México, María Luisa Aguilar, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), advirtió que la reforma prioriza el control estadístico antes que la atención efectiva a los casos existentes.

“Se está intentando reducir las cifras mediante una base de datos de carpetas de investigación, pero muchas familias ni siquiera pueden denunciar formalmente la desaparición de sus seres queridos”, señaló Aguilar.

La magnitud de la crisis de desapariciones en México refleja no solo la debilidad institucional para enfrentar este delito, sino también la urgencia de reformas estructurales, participativas y con enfoque de derechos humanos. Mientras el Estado sigue negando la existencia de una práctica sistemática, organismos internacionales, expertos y colectivos ciudadanos reclaman justicia, verdad y políticas públicas efectivas.