La presidenta del Supremo anticipó al fiscal general que la Sala II abriría causa contra él, tres días antes de ocurrir

Álvaro García Ortíz, que ha sido procesado este lunes día 9 de junio junto con Pilar Rodríguez, fiscal jefa de Madrid, conocía desde el 12 de octubre de 2024 que la Sala Segunda presidida por Manuel Marchena abriría causa contra él por presunta revelación de secretos en el caso del correo de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en el que admitía haber cometido dos delitos fiscales

ERNESTO EKAIZER / EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

Ha sido la crónica de la apertura de una causa, un procesamiento y un próximo juicio oral anunciado. El 12 de octubre de 2024, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que había adoptado con respaldo del gobierno de Pedro Sánchez, la decisión de no dimitir en caso de abrirse unas diligencias contra él en la Sala Segunda del Tribunal Supremo -el caso del correo de Alberto González Amador, pareja de Ayuso- recibió la noticia de lo que ocurriría tres días después.

A saber: que la sala presidida por Manuel Marchena, con ponencia -aparentemente forzada de Susana Polo, pero ponencia al fin- abriría causa por presunta revelación de secreto.

Ya no era la advertencia de Miguel Ángel Rodríguez de la semana anterior -que el FGE iría pa’ lante, es decir, sería imputado- sino una información de la presidenta del Supremo y del CGPJ, la máxima autoridad de España.

El 15 de octubre, en efecto, la sala bajo presidencia de Marchena, formada por Susana Polo (ponente), Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela dictó un auto por unanimidad en el que se abría una causa penal por presunta revelación de secreto contra Álvaro García Ortiz.

La fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, por su parte, ya estaba imputada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por compartir, presuntamente, el mismo delito con su superior, el FGE.

Según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), García Ortiz, al ser imputado el día 16 -en realidad el auto es del 15 de octubre- borra correos el mismo 16, lo que da fuerza al relato.

Según fuentes judiciales, uno de los borrados ha sido del día 16 de octubre de 2024, pero no fue el único borrado, ya que, tal comí declaró García Ortíz, lo hacia periódicamente.

En realidad, según estamos informando, ya sabía desde cuatro días antes del 16 de octubre que sería imputado.

En el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado -equivalente a procesamiento- el magistrado instructor Ángel Hurtado sostiene que García Ortiz presumiblemente filtró el correo del 2 de febrero de 2024 siguiendo instrucciones o coordinador con el Palacio de la Moncloa. Esta hipótesis ya la planteo Hurtado con seguridad en sus resoluciones. No es nueva.

Lo que es nuevo es lo siguiente: se esperaba la aportación por parte de Hurtado de indicios diferentes a los que el instructor ya había examinado (la filtración del correo desde el gabinete de presidencia del Gobierno -Moncloa- el 13 de marzo de 2024, al entonces diputado socialista Juan Lobato para que lo exhibiese, como así hizo, en la Asamblea de Madrid).
Pero en su auto no hay más indicios que Lobato. El magistrado instructor viene a decir: blanco y en botella. ¿Será esto suficiente para que el tribunal condene a García Ortiz y a Pilar Rodríguez?

Los pasos siguientes son: recurso contra el auto de este 9 de junio ante Hurtado y de apelación ante la Sala de tres magistrados que preside Julián Sánchez Melgar y luego auto de apertura de juicio oral (que no es recurrible). ¿Habrá unanimidad en la Sala de Apelación sobre el recurso contra el procesamiento? Porque se ha impuesto la idea «soviética»de que no se pueden emitir votos particulares en procesos de instrucción.

La sala de enjuiciamiento está formada por los cinco magistrados que abrieron causa penal contra García Ortíz el 15 de octubre de 2024 a lis cuáles, al tratarse de un caso relevante – es la primera vez en la historia judicial democrática que se enjuiciará a un FGE- se unirán otros dos: Andrés Martínez Arrieta y Javier Hernández (el más antiguo y el más nuevo). Y como Martínez Arriera es presidente en funciones le tocará presidir el enjuiciamiento.

La magistrada ponente será Susana Polo, la misma que hizo la ponencia que abrió causa contra García Ortiz.

Polo, según las versiones que ella misma ha dado, no era favorable a abrir causa contra García Ortiz por la nota informativa que el TSJM había considerado presuntamente delictiva. Pero, según esa versión, el magistrado Marchena -entonces era presidente de la Sala II y de la Sala que trató la petición del TSJM de abrir causa- consideró que en efecto la nota informativa no era en sí misma delictiva pero la persuadió de que se debían investigar las filtraciones.

Y Polo, según esa versión, quedó persuadida.

El Supremo del entonces presidente Marchena consideró, pues, casus belli la filtración del correo del 2 de febrero de 2024 – y mira tú por donde esa Sala II del Supremo filtró tres días antes de decidirlo que García Ortiz sería imputado a la presidenta Perello. Para no hablar de la filtración de la «calificación» de los delitos en la sentencia del procés del 19 de octubre de 2019, un extraño caso de autofiltración.