La Policía analiza «cientos de informes» para aclarar los crímenes de ETA sin resolver

Han analizado «más de 200 armas de fuego» pertenecientes a la organización terrorista ETA y elaborado, en consecuencia, «centenares de informes judiciales»

La Policía Nacional y la Guardia Civil han analizado «más de 200 armas de fuego» pertenecientes a la organización terrorista ETA y elaborado, en consecuencia, «centenares de informes judiciales en los últimos años para poner elementos probatorios a disposición de jueces y fiscales» y esclarecer de esta forma los crímenes sin resolver.

Así lo ha detallado el Gobierno a través de una respuesta parlamentaria escrita, recogida por Europa Press y que cita FUENTES INFORMADAS, con la que da contestación a una pregunta de Vox en la que la formación pedía información acerca de los avances en la investigación del material incautado a la banda y si esta podría llevar a la resolución de «los 379 atentados cometidos por la organización» y que están pendientes de resolución.

La formación liderada por Santiago Abascal preguntó en concreto si «el análisis realizado» por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «de la documentación incautada en esos nueve zulos hallados en Francia» podría ayudar a avanzar en algunas de los crímenes que están sin aclarar.

«Los crímenes de los que no se conoce autor o autores son una preocupación constante para el Ministerio del Interior y para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que tienen instrucciones muy concretas de perseverar en la investigación de todos los atentados de ETA», ha aclarado el Ejecutivo.

Los «sellos de ETA» aportados por Francia

A este respecto, el Gobierno apunta que desde febrero de 2018 se cuenta con un importante volumen de documentos, armas y otros efectos, cedidos por las autoridades francesas. Se trata, explica, de los conocidos como ‘sellos de ETA’, que se componen de efectos y documentación incautada en Francia en las operaciones contraterroristas realizadas en los últimos veinte años.

«Esta documentación está siendo analizada e investigada por equipos de técnicos del Ministerio del Interior, así como expertos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, todo ello bajo la coordinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional», afirma el Ejecutivo, que anuda que «se pueden destacar varias investigaciones concluidas» además de «numerosas investigaciones en curso».

En este contexto, el Gobierno ha asegurado que desde el Ministerio del Interior «se siguen destinando recursos especializados para poner a disposición de la justicia a los autores de los atentados por muy antiguos que estos sean, para revisar los casos sin condena judicial, en la idea de poner en conocimiento de los jueces y tribunales la información disponible para su enjuiciamiento e incluso para abrir nuevas líneas de investigación».

No importa su antigüedad

El Ejecutivo ha elogiado el «esfuerzo específico» que «vienen realizando tanto el Servicio de Información de la Guardia Civil como la Comisaría General de Información de Policía Nacional para poner a disposición de la justicia a los autores de los atentados por muy antiguos que estos sean».

Una labor, continúa el Gobierno, enfocada en «revisar los casos sin condena judicial, en la idea de poner en conocimiento de los jueces y tribunales la información disponible para su enjuiciamiento e incluso para abrir nuevas líneas de investigación en los casos con más lagunas de información».

«Así mismo, a través de estas actuaciones policiales, se consigue interrumpir los plazos legales de prescripción, sin perjuicio del tiempo transcurrido desde que se produjeron las circunstancias que las motivaron, permaneciendo abiertas todas las investigaciones e incorporándose a las mismas cualquier novedad que pudiera surgir y poniéndolas en conocimiento de las Autoridades Judiciales correspondientes», detalla la respuesta parlamentaria.

«Fruto de ese trabajo «, concluye el Gobierno, se han elaborado «centenares de informes judiciales en los últimos años, para poner elementos probatorios a disposición de jueces y fiscales, que son los competentes para determinar si hay elementos suficientes para el enjuiciamiento».