La okupación de viviendas, “un problema inexistente”

El Congreso rechaza aprobar medidas contra la okupación ilegal de viviendas con los votos del PSOE y sus aliados de la izquierda

Hay una noticia que ha pasado de puntillas y me parece de extraordinaria relevancia: la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha rechazado una Proposición No de Ley de UPN que ha contado con el apoyo del PP y Vox en la que proponía agilizar las medidas contra la okupación de viviendas. La medida se ha rechazado con el voto en contra del PSOE y del resto de partidos de izquierdas, que han defendido con matices que se trata de un “problema inexistente” en lo que se refiere al allanamiento de viviendas habitadas.

Que haya partidos como el del Gobierno que hable de la okupación como un problema “inexistente” es un insulto a la inteligencia y ponerse de espaldas a la realidad porque, lejos de eso, sí que es un problema en la sociedad española que está alterando la convivencia y las reglas de juego en el mercado inmobiliario.

Desde el Gobierno se ha actuado con laxitud, con extremada negligencia diría yo, en materia de okupación de manera que en la actualidad alguien que decida okupar una vivienda y alegue situación de vulnerabilidad’ tiene por delante años de residencia gratis y para los propietarios años de tormento y burocracia policial y judicial en los que deberá hacer frente a los pagos de todos los gastos del inmueble sin recibir compensación económica alguna. Cuando al final consiga recuperar su vivienda, si lo hace, con frecuencia se encontrará un piso o una casa destrozada y saqueada y encima se sentirá feliz porque al menos vuelve a disponer de ella.

Responsabilidad del Estado

La Constitución española contempla que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna, como tantos otros servicios, que al final no están al alcance de todos los ciudadanos. Este derecho, que nadie puede negar por justicia y menos en una sociedad avanzada y de progreso como la nuestra, es una responsabilidad del Estado y a éste corresponde facilitar los medios para que una familia tenga un techo para dormir, tenga o no hijos. Pero lo que está ocurriendo en la sociedad española es que el Estado ha dejado en manos de los propios ciudadanos esta obligación y, al permitir y consentir la okupación, ha dejado el derecho a la propiedad privada en papel mojado.

Una familia que con sus ahorros y trabajo ha podido acceder a propiedades no tiene porqué perderlas sin más porque otros quieran apropiarse de ellas, y no siempre por razones de vulnerabilidad. Las mafias y la delincuencia manejan mucho de este mercado de la okupación porque saben que hay un amplio margen de impunidad en el que se pueden mover, y así lo hacen.

Alquileres: daños colaterales

Se habla mucho del disparato precio de los alquileres, en especial en los núcleos urbanos, y de la escasa oferta de viviendas, que en parte es la causa del aumento de los precios, porque un porcentaje importante de los inmuebles que antes estaban en el mercado ahora se dedican a alquileres turísticos, y otra parte importante de esos inmuebles sus propietarios no los quieren poner en alquiler porque no se fían de que finalmente sean okupados.

¿No hay nadie en el Gobierno que haya analizado la causa-efecto de la okupación y la caída en la oferta de pisos para alquilar? Pues debería, sobre todo en partidos como Podemos muy dados a esta práctica.

Antes en ventanas y balcones de cualquier calle se veían numerosos carteles con pisos que estaban en alquiler o venta y ahora han desaparecido. Los dueños temen que se vea como una señal de que la vivienda no está habitada y sea un reclamo para los okupas. Y son muchos también los que prefieren tener la vivienda vacía que ponerla en el mercado y tener problemas. ¿Quién le garantiza que si un inquilino deja de pagar pueda recuperarla sin problemas? En este momento nadie, y menos si hay niños, paro o problemáticas sociales de por medio.

Derechos y obligaciones

Siempre he entendido que el derecho de alguien empieza donde acaba el de otro. Y siempre he entendido que la ley debe proteger a todos por igual, vulnerables o no. No es fácil de entender que alguien salga de su casa un fin de semana y tenga miedo de que al volver se la encuentre okupada y no pueda hacer nada. Es inadmisible que alguien que haya heredado la casa de sus padres en el pueblo pueda ‘perderla’ porque no vive en ella de manera continuada. Es inconcebible que el Estado haga dejación de sus obligaciones y las deje en manos de los ciudadanos en una especie de ’apañaros vosotros’ que yo estoy en otras cosas como el cupo catalán. Es intolerable que se ignore el derecho a la propiedad privada. Es vergonzoso que en el Congreso el PSOE no considere conveniente agilizar medidas contra la okupación porque “es un problema inexistente”.

Por cierto, de acuerdo con los datos oficiales reconocidos y registrados en el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio de Interior y, más concretamente, atendiendo a los referidos como ‘hechos conocidos’, en España, en el año 2023, se registraron un total de 15.289 casos de allanamiento o usurpación de inmuebles, que para ser un problema inexistente parecen muchos. Y en 2024 las cosas no han ido a mejor.