La odisea del policía denunciado por violencia de género por una mujer que simuló ser su pareja

Casi cinco años bajo la tenaza judicial de una surrealista orden de alejamiento que, además, le sumergió en un lentísimo proceso de cinco años atestado de anomalías y que le provocó graves perjuicios en su profesión

Cien mil euros de indemnización exige al Estado un hombre, Eduardo O. E., tras verse envuelto en una investigación judicial por violencia de género promovida contra él por una mujer que dijo ser su pareja sentimental y que en realidad no lo era. Casi cinco años bajo la tenaza judicial de una surrealista orden de alejamiento que, además, le sumergió en un lentísimo proceso de cinco años atestado de anomalías y que le provocó graves perjuicios en su profesión. Ex agente del Cuerpo Nacional de Policía y, ante el trance judicial que le acechaba, decidió pasar a segunda actividad, prejubilarse.

Tras casi cinco años encausado fue absuelto. El fiscal le mantuvo bajo sospecha durante casi cinco años, con orden de alejamiento incluida de su supuesta pareja sentimental. El juez que finalmente juzgó el caso describió en la sentencia la lentitud e irregularidades ocurridas durante el proceso. “En la causa abundan las irregularidades procesales destacadas por la defensa; y además, “contrariamente a los que mantenía la señora C. [el agente] no era su pareja sentimental”, apuntala la sentencia del Juzgado Penal 5 de la capital granadina.

 La denuncia fue puesta en la comisaría de Granada-Norte, y conoció de ella el Jugado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada. Aquí empezó todo.

Fichero de maltratadores

Eduardo fue acusado por Ángeles C. de maltrato habitual. El citado juzgado de violencia, antes incluso de incoar las diligencias, había tomado declaración a la denunciante, pero hasta tomársela a él tardó cinco meses, según la demanda que interpuso él para exigir responsabilidades por el trato judicial recibido. Agobiado por la tardanza de los sucesivos juzgados en resolver sus recursos y al ver que las diligencias se habían convertido en un laberinto de juzgados en el que unos a otros se van pasando la pelota a la par que transcurren los meses. Desde Granada, durante la instrucción, se remitió el asunto a Loja, por ser en esta localidad granadina donde habrían ocurrido los hechos. Pero los jueces de Loja, a su vez, los enviaron a Sevilla, ciudad en la que vivían.

Antes de todo esto, el Juzgado de Violencia de Granada había dictado contra él una orden de alejamiento de su “no pareja” (según la propia sentencia). “Ello supuso mi inclusión en el Registro Central de Maltratadores, sin ni siquiera haberme tomado declaración después de cinco meses esperando y cuando ya me habían abierto un expediente sancionador en la policía”. Cada paso judicial duraba meses y meses, hasta 38. 

El fiscal apenas intervino en la fase instructora. Solo tres escritos oponiéndose al sobreseimiento que una y otra vez pedía Eduardo. Muchos meses después de iniciadas las diligencias tras su visto inicial, pidió algunas pruebas y, una vez practicadas estas, cuando debía decidir si acusaba, optó por pedir el archivo de la causa. No vio ningún delito. Pero para entonces habían pasado más de cuatro años desde que se interpuso la denuncia.

Cinco meses para interrogarle

Cinco meses en tomarle declaración, y los otros siete meses que tardó el equipo psicosocial de Violencia de Género en elaborar un informe sobre ellos. “De no existir irregularidades, el procedimiento”, señala el agente policial en la demanda que interpuso ante el Estado por los daños personales sufridos, “habría tenido una duración de un año y me habría sido más fácil superar la enfermedad por la que estaba de baja y no se habría producido mi pase a segunda actividad, y me habría podido reincorporar a mi servicio de escolta policial”.

El Poder Judicial analizó este asunto. Es preceptivo que el Ministerio de Justicia, antes de decidir si indemniza o no a alguien, pida un informe al órgano de gobierno de los jueces. Este señala en su informe que lleva razón Eduardo, y apunta como causa de este perjuicio “a la irregular tramitación de la causa y al injustificado retraso a la hora de apreciar la existencia de un funcionamiento anormal de la justicia”. El Consejo deja en manos del ministerio la fijación de la cuantía, pero señala que el demandante lleva razón.