El municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, es escenario de una brutal disputa entre grupos criminales que, desde 2021, ha dejado al menos 210 homicidios, según cifras de Ficosec. Los enfrentamientos entre “Los Salgueiro”, del Cártel de Sinaloa, y facciones de “La Línea”, como “Los Arellanes” y “Los Ramoncillos”, han provocado desplazamientos forzados, ataques con drones y ejecuciones públicas que mantienen aterrorizada a la población.
A finales de diciembre de 2024, El Diario de Chihuahua informaba de tres ataques con drones cargados de explosivos impactaron a las Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI) en comunidades como El Pinito y Dolores. Estos actos dejaron daños materiales, como la destrucción total de un vehículo militar, y obligaron a evacuar a familias enteras de sus hogares.
Los días previos, el hallazgo de cadáveres colgados en arcos de bienvenida a la cabecera municipal evidenció el nivel de terror impuesto por los cárteles. En uno de estos casos, un mensaje atribuido a un grupo delictivo amenazaba con realizar una “limpia” en la región.
Según explica el medio mexicano, el conflicto ya ha desplazado a cientos de personas. En diciembre, la Diócesis de la Tarahumara denunció agresiones directas contra comunidades indígenas, como Puerto Riyito y Santa Tulita. Familias enteras, incluidas 39 personas tepehuanas, huyeron de San Gerónimo y otras localidades tras la presencia de sicarios.
La titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Norma Ledezma Ortega, reconoció que aunque no hay denuncias formales por desplazamiento, las autoridades han brindado apoyo humanitario de forma interinstitucional. Sin embargo, esta ayuda resulta insuficiente ante la magnitud de la crisis.
La violencia se intensificó en 2022, tras la caída de una avioneta que transportaba familiares de Ildefonso “Poncho” Arellanes, líder de La Línea en Guadalupe. Este incidente, atribuido a “Los Salgueiro”, exacerbó el conflicto, llevando a los Arellanes a intentar desplazar al Cártel de Sinaloa con apoyo de “Los Ramoncillos”.
Desde entonces, la región ha sido testigo de ejecuciones masivas, como la de cinco hombres encontrados en una camioneta robada de la Comisión Federal de Electricidad, y de ataques dirigidos contra autoridades locales, incluyendo el asesinato de un policía municipal en septiembre de 2024.
En 2024, se registraron 61 homicidios en Guadalupe y Calvo, una cifra que se suma a los 55 asesinatos contabilizados en cada uno de los dos años anteriores. Aunque en 2023 hubo una ligera disminución con 39 homicidios, los eventos de desplazamiento forzado continuaron al alza, dejando a la población en una situación de extrema vulnerabilidad.
La guerra territorial entre cárteles no solo ha cobrado vidas, sino que también ha sembrado el miedo y el desarraigo en comunidades enteras, configurando un panorama de violencia que parece no tener fin.