El juez reactiva la pieza del ‘caso Villarejo’ contra el BBVA después de que hayan fallecido cinco víctimas esperando a que el fiscal se pronuncie

El magistrado Piña acaba de pedir a Anticorrupción que se pronuncie ya sobre los perjuicios causados por la entidad al dueño de Ausbanc, que fue encarcelado, perdió todo su patrimonio y luego fue absuelto

El Ministerio Fiscal incumple desde junio de 2024 su obligación legal de presentar su escrito de acusación contra el BBVA, su ex presidente Francisco González y su exjefe de seguridad Julio Corrochano. Cinco víctimas han fallecido durante la espera.

El fiscal y el resto de las partes tienen un plazo para formular su escrito, acusando, o no, una vez concluida la instrucción. Si alguna de las partes incumple esa obligación, tienen un grave problema, pero si quien lo hace es el fiscal, no suele ocurrir nada.

Por eso, tras 18 meses sin presentar su escrito, ya fuera de plazo, el juez Antonio Piñas acaba de instarle a que se pronuncie.

Luis Pineda, presidente de Ausbanc, ejerce la acusación particular en este asunto y es una de las víctima vivas del BBVA.

Estuvo tres años preso a petición de la Fiscalía Anticorrupción antes de que su condena, por la Audiencia Nacional, fuese revocada por el Tribunal Supremo, que declaró «legal y exitosa» la actividad de Ausbanc.

Mientras el Ministerio Fiscal ha mantenido en suspenso 18 meses la pieza separada número 9 del caso Villarejo, la de Ausbanc, las cinco personas que han fallecido son:

Javier Castro Villacañas (periodista y abogado), José Marín (delegado de Ausbanc en Sevilla), Rosa Aparicio (secretaria, a quien la Fiscalía llegó a pedir 60 años de prisión por delitos inexistentes).

Asimismo, han fallecido esperando al juicio José Maldonado (exsecretario general del BBVA) y Luis Suárez Jordana, director de publicaciones de Ausbanc, quien falleció el 6 de noviembre de 2025. 

Todos ellos murieron sin ver cómo se abría el juicio oral contra el BBVA como persona jurídica, su expresidente Francisco González, el exjefe de Seguridad Julio Corrochano.

También figura como denunciado el comisario José Manuel Villarejo y el exmando policial Enrique García Castaño, declarado inimputable el 8 de julio de 2025 por deterioro irreversible de salud. 

Villarejo y García Castaño figuran denunciados en esta pieza porque el BBVA se compinchó con altos mandos policiales para que estos investigasen a Ausbanc con la finalidad de buscar material que les incriminase.

El BBVA quería eliminar de la vida pública a Pineda porque este fue quien denunció en Europa, con éxito, el tema de las clausulas suelo, lo que le costó al banco decenas de millones de ruros. El Supremo les absolvió de los hechos que le fueron imputados.

El 15 de septiembre de 2024, la acusación particular ejercida por Luis Pineda y Ausbanc cumplió escrupulosamente con su obligación procesal ante el Juzgado Central de Instrucción núm. 6 y presentó su escrito de acusación, como manda la ley, y reclamó la celebración del juicio.

Desde junio de 2024, la Fiscalía disponía de plazo habilitado para hacer lo propio. Hoy, enero de 2026, lleva 547 días de silencio. Ni una línea. Ni una explicación. Ni siquiera una prórroga formalizada para presentar ese escrito. 

Lo que ocurre con la fiscalía es una dilación indebida que vulnera el artículo 24.2 de la Constitución Española -derecho fundamental a la tutela judicial efectiva- y vacía de contenido el principio de celeridad procesal reconocido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según explica Pineda.

«Es una estrategia de impunidad calculada: mientras el tiempo pasa, los testigos mueren, las pruebas se degradan y la memoria colectiva se desvanece», añade.

El BBVA, imputado por presuntos delitos de espionaje ilegal y corrupción», añade Pineda, «sigue cotizando en bolsa, repartiendo dividendos (36.000 millones prometidos hasta 2028 por el actual presidente Carlos Torres) y operando con total normalidad. Sus directivos imputados, incluido Francisco González, disfrutan de impunidad material mientras las víctimas pagan con sus vidas». 

La parálisis procesal no es anónima ni afecta solo a la fiscalía. También tiene los siguientes protagonistas, según la acusación:

Juzgado Central de Instrucción 6. Órgano instructor de la pieza 9, con competencia para requerir al superior jerárquico del fiscal conforme al artículo 784 LECrim. 

Fiscal General del Estado. Máxima autoridad del Ministerio Fiscal, destinatario obligado del requerimiento judicial para que explique por qué sus subordinados incumplen plazos legales desde junio de 2024. 

Francisco González. Ex presidente del BBVA, investigado como presunto autor de un plan de espionaje contra Ausbanc y Luis Pineda.

Julio Corrochano. Ex jefe de Seguridad del BBVA, señalado como ejecutor material de los encargos ilegales al comisario Villarejo. 

Carlos Torres: Presidente actual del BBVA, que mantiene el cargo pese al fracaso de la OPA sobre Sabadell y la imputación de la entidad que preside. 

La Fiscalía, escudo de impunidad y de demoras

Los datos son elocuentes, según Ausbanc: 

1. El primer fiscal asignado a la pieza 9 fue cesado sin explicación pública. 

2. El segundo fiscal fue promocionado a otro destino tras meses de inacción. 

3. Un ex fiscal figura hoy como imputado en la propia pieza 9 por presuntos vínculos con el entramado investigado. 

4. El BBVA mantiene una «larga trayectoria acogiendo a fiscales en sus servicios jurídicos», según denuncia documentada por Luis Pineda ante el juzgado. 

5. Tras los casos de los ex fiscales generales Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz, la Fiscalía ha perdido credibilidad como institución independiente, convirtiéndose en arma política en conflictos como el enfrentamiento con Isabel Díaz Ayuso. 

Este patrón de connivencia no es casual. Es sistémico. Y debe ser denunciado con nombres y apellidos. 

Pineda presentó el 14 de enero de 2026 un escrito ante el Juzgado Central de Instrucción 6 en el que solicitó formalmente que el juez instructor requiriera al superior jerárquico del fiscal – es decir, al Fiscal General del Estado- para que, en plazo improrrogable de 10 días, presentase su escrito de acusación o, en su caso, explicase por escrito los motivos de su inacción.  El juez acaba de hacerlo con fecha 2 de febrero.

Pineda explica: «El juez instructor tiene hoy en sus manos la oportunidad de restaurar la credibilidad del sistema. Si actúa con valentía, enviará un mensaje inequívoco: en España, ni los bancos ni sus ex presidentes están por encima de la ley. Si permanece en silencio cómplice, se convertirá en cómplice de una impunidad que ya ha supuesto cinco vidas humanas».