La justicia europea avala la multa de 4.000 millones a Google por abuso de posición dominante

La compañía impuso cláusulas contractuales que obligaban a fabricantes y operadores a preinstalar sus aplicaciones. Estas restricciones favorecían sus servicios frente a los de la competencia

La Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha respaldado la multa de más de 4.000 millones de euros impuesta a Google por parte de la Comisión Europea, recomendando al Alto Tribunal rechazar el recurso de casación presentado por la empresa estadounidense. Esta sanción, relacionada con el sistema operativo Android, se considera una respuesta al abuso de posición dominante por parte de Google en el mercado digital europeo.

El caso se remonta al año 2018, cuando la Comisión Europea impuso a Google una multa de 4.340 millones de euros, que posteriormente fue reducida a 4.124 millones por el Tribunal General de la UE en 2022. La sanción se basó en que Google impuso cláusulas contractuales restrictivas a fabricantes de móviles y operadores de redes móviles, obligándolos a favorecer sus aplicaciones frente a las de la competencia.

En concreto, Google exigía a los fabricantes la preinstalación de sus aplicaciones Google Search y Chrome como condición para acceder a la tienda de aplicaciones Play Store. Además, les prohibía vender dispositivos con versiones no autorizadas de Android, limitando así la competencia en el mercado de sistemas operativos móviles.

Reparto de ingresos

La empresa también ofrecía acuerdos de “reparto de ingresos” en los que condicionaba la participación en los ingresos publicitarios a la exclusividad de su servicio de búsqueda. Esto impedía la preinstalación de otros buscadores en los dispositivos, lo que reforzaba aún más la posición dominante de Google y afectaba directamente a la competencia.

Aunque las conclusiones de la Abogada General Juliane Kokott no son vinculantes, suelen influir en las decisiones del TJUE. En este caso, Kokott ha propuesto confirmar la sentencia previa del Tribunal General, considerando inválidos los argumentos jurídicos presentados por Google en su recurso de casación.

La Comisión Europea defendió que las prácticas de Google tenían como objetivo proteger su dominio en el ámbito de las búsquedas en línea y los ingresos derivados de la publicidad en dispositivos móviles. Al considerar estas restricciones como una infracción única y continuada, Bruselas subrayó su efecto perjudicial sobre el mercado y la competencia digital en Europa.