La justicia argentina ordena la detención de Maduro y altos funcionarios del chavismo por supuestas violaciones de derechos humanos

La decisión llega pocas horas después de que Caracas adoptara una medida similar contra el presidente argentino, Javier Milei

Un tribunal en Argentina emite una orden de detención contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios del chavismo, como el ministro del Interior, Diosdado Cabello, quienes son investigados por «graves violaciones de Derechos Humanos».

La orden responsabiliza a estos funcionarios de coordinar un plan sistemático de detenciones, secuestros y torturas en Venezuela, y se extiende a una treintena de altos cargos, incluidos miembros de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, fuerzas de seguridad y agentes de inteligencia. La decisión llega pocas horas después de que Caracas adoptara una medida similar contra el presidente argentino, Javier Milei.

Los jueces de la Sala Primera de la Cámara Federal de Buenos Aires, que han tomado esta decisión, también han solicitado que se notifique la decisión a Interpol para que se pida su captura internacional a través del sistema de alertas rojas, informa el periódico Clarín.

Histórica decisión en la lucha contra la impunidad

El Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD) presentó la denuncia en enero de 2023 ante la Justicia Federal Argentina, basándose en el principio de jurisdicción universal que permite procesar graves delitos contra los Derechos Humanos, independientemente de dónde se cometan o de la nacionalidad del sospechoso o de la víctima.

FADD ha considerado que la orden es una «histórica decisión»: «Maduro se convierte en un prófugo internacional, y el mundo es cada vez más pequeño para quienes han cometido atrocidades. Desde FADD celebramos este paso crucial hacia la justicia y el fin de la impunidad», ha indicado a través de su perfil en la red social X.

Horas antes, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela solicitó formalmente el arresto de Javier Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quienes acusan de un delito de «robo», por el caso del avión venezolano-iraní que las autoridades retuvieron en Buenos Aires en 2022 y que enviaron a Estados Unidos este año.