La magistrada Beatriz Biedma, instructora de la causa que acabó condenando al hermano del presidente del Gobierno, ha pedido personarse como acusación particular en el ‘caso Leire Díez’. Sostiene que la presunta trama la convirtió en objetivo de una campaña dirigida a desacreditarla y apartarla del procedimiento.
Biedma fue la instructora de la causa que llevó a la Audiencia Provincial de Badajoz a condenar a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación por prevaricación en su contratación en la Diputación de Badajoz. Ahora ha remitido un escrito al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz solicitando personarse en el ‘caso Leire Díez’.
Esa causa investiga una presunta trama, liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez, orientada a obstaculizar procedimientos judiciales que afectasen al PSOE y al Gobierno. Biedma alega haber sufrido perjuicios personales e institucionales derivados de esa supuesta red.
La magistrada defiende su condición de perjudicada en el plano personal por haber sido objeto, según los indicios recabados, de actuaciones dirigidas a obtener información sobre ella, desacreditarla pública y profesionalmente, promover denuncias y quejas en su contra, recopilar datos sobre su entorno y apartarla de procedimientos judiciales concretos.
Extiende esa condición al plano institucional, al entender que esas actuaciones estaban conectadas con su papel como instructora del caso contra el hermano del presidente. A su juicio, los indicios apuntan a que la finalidad última era neutralizar, perturbar o incluso destruir el procedimiento que tenía encomendado.
El escrito recoge una conclusión de un informe de la UCO: «Otra de las líneas de actuación desarrolladas por la organización tenía como objetivo a la magistrada Beatriz Biedma». Según ese informe, se habría desplegado una actividad específica para recabar información sobre ella y su entorno personal, familiar y profesional.
A esa recopilación de datos se habría sumado, siempre según el escrito, una campaña de desprestigio articulada mediante denuncias, publicaciones y contenidos difundidos en medios digitales y redes sociales.
El escrito sostiene que habría sido la propia Leire Díez quien indicó al exjuez Luis José Sáenz de Tejada que presentara denuncias contra Biedma ante la Fiscalía General del Estado, al entender que la magistrada tenía capacidad de influencia sobre esa institución.
Sáenz de Tejada ya denunciaba a Biedma desde que esta intervino en la causa penal en la que él mismo terminó condenado. Según el escrito, el respaldo del grupo investigado le habría permitido aprovechar el interés mediático del caso David Sánchez para multiplicar el efecto de esa campaña de desprestigio.
La magistrada alude también a una anotación en la agenda de Leire Díez, registrada días después de que se rechazara la recusación promovida por Sáenz de Tejada. Según Biedma, respondería a «una última y desesperada estrategia para apartar a la magistrada del procedimiento», con actos que, según ella, pudieron poner en riesgo no solo su reputación, sino su integridad física.
Esa anotación, de acuerdo con la información que maneja la magistrada, estaría relacionada con investigaciones que ella misma dirigía sobre clanes dedicados al narcotráfico. Biedma asegura haber tenido conocimiento de contactos promovidos por el presunto grupo criminal con personas vinculadas a un conocido clan asentado en Badajoz, con el objetivo de actuar contra ella.
La magistrada reconoce que el alcance real de esos contactos deberá esclarecerse en la investigación judicial, aunque considera evidente la gravedad del episodio. Sobre todo, señala, si se confirma que buscaban obtener información, generar hostilidad hacia ella o presionarla, desacreditarla o poner en riesgo su seguridad por el ejercicio de sus funciones.
En una providencia a la que también ha tenido acceso esta agencia, el juez Pedraz da por recibido el escrito de Biedma y traslada a la Fiscalía la petición, para que se pronuncie sobre su solicitud de personarse como acusación particular en la causa.