La Audiencia Nacional ha ordenado al Gobierno que no ejecute, por ahora, la resolución que permite instalar un campamento temporal de acogida para migrantes en el Puerto de Ceuta. La decisión responde al recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que reclama la «paralización inmediata» del proyecto hasta que se estudien sus posibles efectos sobre la seguridad y las condiciones de funcionamiento de la instalación portuaria.
Mediante una providencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha comunicado al Ministerio de Transportes que «no se puede ejecutar la resolución u orden referidas» hasta que se resuelva la medida cautelar urgente planteada por el sindicato. Antes de adoptar una decisión definitiva sobre esa petición, los magistrados han reclamado a Transportes que remita «con la mayor urgencia» la resolución cuestionada y toda la documentación del expediente administrativo.
El proyecto contempla habilitar unos 16.000 metros cuadrados del Puerto de Ceuta para instalar un dispositivo temporal con capacidad para cerca de 1.000 personas. El SUP no cuestiona la atención humanitaria a los migrantes, pero sí la ubicación elegida y las garantías previstas. «No cuestionamos la atención humanitaria. Cuestionamos que se improvise una ubicación de estas características sin acreditar previamente todas las garantías de seguridad», sostuvo el sindicato, que planteó como alternativa el uso temporal de un buque-hotel.
Entre sus argumentos, el SUP señala los incendios registrados en distintos asentamientos de la ciudad y reclama una evaluación previa de los riesgos de incendio, evacuación y respuesta ante emergencias. El sindicato considera que deben quedar acreditadas las condiciones de compatibilidad portuaria, protección, emergencias y prevención de riesgos laborales antes de poner en funcionamiento el dispositivo. Si parte del campamento ya estuviera instalada, solicita que se paralice cualquier ampliación y que «no se deriven nuevas personas a este emplazamiento».
Además, el sindicato reclama un refuerzo estable de las plantillas policiales, especialmente en las áreas de Extranjería, Fronteras y Seguridad Ciudadana, junto con la actualización de los puestos de trabajo y compensaciones económicas para los agentes que afrontan la situación extraordinaria. La decisión de la Audiencia Nacional no supone todavía la suspensión definitiva del proyecto, sino que mantiene su ejecución paralizada mientras el tribunal estudia las medidas cautelares solicitadas.