La Guardia Civil se ampara por tercera vez en la Ley de Secretos oficiales para torpedear la investigación de Pedraz sobre el ‘caso Balizas’

Un brigada del cuerpo confesó en una grabación a su amante que era “el más ilegal de los ilegales” en relación con la colocación de balizas de seguimiento a investigados

Desde que, en el verano de 2023, aflorase el caso de las presuntas irregularidades protagonizadas por un equipo de la Guardia Civil de Madrid (la colocación de balizas de seguimiento a personas investigadas sin la debida autorización judicial), el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha visto frustrados sus intentos de esclarecer lo sucedido.

La Guardia Civil se ha amparado por tres veces en la Ley de Secretos Oficiales para no cumplimentar determinados requerimientos del juez.

En julio de ese año, una investigación periodística reveló cómo el equipo de delitos económicos de la unidad orgánica de la policía judicial en Madrid utilizaba balizas ilegales contra investigados por un tema de drogas. Supuestamente utilizaron documentos sustraídos para conseguir esas balizas de forma subrepticia.

Grabación en hotel

Sergio B.M, el brigada de instituto armado que fue responsable del citado equipo, y que ha investigado casos como el 8M, la llamada Operación Pantano de presunta corrupción del PSOE o la supuesta organización criminal dedicada al narcotráfico de la que formaba parte el asesinado a tiros Borja Villacís, reconoció en la citada grabación ser “el más ilegal de los ilegales”, en relación con las balizas.

Este miembro del cuerpo y sus cinco subordinados están siendo investigados por haber empleado, presuntamente, métodos que atentan contra los derechos fundamentales de las personas investigadas, prohibidos para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

La investigación sobre esta forma de proceder por parte de un equipo de la Guardia Civil se desarrolla en los juzgados de instrucción de Madrid, de forma separada de la causa de la Audiencia Nacional que instruye Pedraz, pero dimana de la misma y por eso Pedraz la remitió a la plaza de Castilla.

No obstante, la investigación de Pedraz, relacionada con un tema de drogas, puede verse viciada si se demuestra que los investigadores vulneraron el principio de legalidad.

Por eso, Pedraz lleva tiempo exigiendo a la Guardia Civil que le faciloite determinados datos con la finalidad de analizar si la investigación que el realiza por un delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico se halla comprometida por esas irregularidades.

En esta investigación, además del grupo de delitos económicos de la Guardia Civil de Madrid, ha intervenido la Unidad Central Operativa (UCO).

Ante los requerimientos del juez a ambas unidades, las actitudes han sido diferentes. Mientras la UCO respondió con rapidez y aseguró no haber participado en vigilancias contra narcos cuyos informes puedan estar falseados y señaló que tampoco dispone de fotos o metadatos que las respalden, el Grupo de Delitos Económicos —al que pertenece el brigada Sergio B. M.— tardó en responder al juez y, cuando lo hizo, se refugió en la Ley de Secretos Oficiales para justificar su negativa a facilitar determinados datos.

No es la primera vez que sucede esto.

Cuando las defensas de los investigados pidieron a través del juzgado conocer si eran reales o ficticios los nombres de los agentes mencionados por el brigada Sergio B.M. en una conversación que fue grabada por su amante en un hotel, su superior en la Guardia Civil también se amparó en la Ley de Secretos Oficiales para no dar esos datos al juez.

Sin embargo, un informe posterior de la Policía Nacional adscrita a la Audiencia Nacional ha puesto en evidencia que, en efecto, los nombres revelados por Sergio B. M a su amante (del entorno del asesinado Borja Villacís, hermano de Begoña, ex teniente de alcalde de Madrid) eran reales.

Ese informe policial, solicitado por Pedraz, confirma igualmente que, como
denunciaron las defensas de los investigados en esta causa, se utilizaron
balizas de seguimientos sin la preceptiva autorización judicial y que las mismas se obtuvieron igualmente de forma irregular.

Nuevos requerimientos

La Audiencia Nacional, mediante un auto emitido de este mismo mes, insiste en que la Guardia Civil no puede en este caso acogerse a la ley de secretos oficiales y que debe entregarle los números de identificación (TIPS) de los agentes y los horarios de servicio.

Quiere saber si estos efectivamente, como era su obligación, participaron activamente en los seguimientos, como ellos han asegurado, o se limitaron a poner las balizas y realizar otros trabajos.

El juez señaló que, si no existen imágenes ni metadatos de las vigilancias supuestamente realizadas, todo esto debe indicarse explícitamente en los informes con el fin de evitar la indefensión de los investigados.

En este caso en concreto, las defensas solicitan 96 horas seguidas de vigilancia a la furgoneta de un supuesto narco. Es decir, que agentes los hicieron y donde se hallaban durante esas horas.

Al juez no le satisface la negativa de la Guardia Civil a facilitar esos datos. Por eso, dictó una tercera resolución para que se cumplieran sus órdenes.

Aun así, el grupo de delitos económicos implicado ha vuelto a contestar lo mismo y ha remitido al juez un documento firmado por el capitán de la unidad en el que vuelve a ampararse en la Ley de Secretos Oficiales.

Esta negativa resulta especialmente sospechosa después de que el propio Sergio B. M. haya admitido haber falsificado esas vigilancias ilegales, si bien ha explicado que sus comentarios en la cinta se han malinterpretado. Y que si dijo eso fue para impresionar a su amante.

Las defensas de los investigados en esta causa sostienen que esta forma de actuar por parte de la Guardia Civil choca de lleno con las garantías procesales y compromete seriamente el derecho a la defensa de los investigados.

Opacidad

No es la primera vez que la Guardia Civil recurre a la Ley de Secretos Oficiales para no aportar información que resulta crucial para concluir una investigación.

En el conocido caso Aldama, el entonces coronel jefe de la UCE-2 (unidad encargada de investigaciones relacionadas con terrorismo internacional) se amparó precisamente en esa norma para evitar explicar ante el juez las razones por las que condecoró en 2022 a Aldama.

Las consecuencias de estas maniobras, de la falta de transparencia, van más allá de los implicados directos.

Cualquier institución que manipule pruebas u obstruya investigaciones judiciales mina la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático. Sin transparencia y responsabilidad, se abre la puerta al abuso de poder y a la corrupción.

“La ciudadanía española merece fuerzas de seguridad que actúen con legalidad y rectitud. Por ello, las recientes revelaciones sobre el uso de balizas sin autorización, la elaboración de seguimientos ficticios y la negativa a cumplir con órdenes judiciales, «exigen respuestas contundentes que permitan restaurar la credibilidad del sistema judicial y de la propia Guardia Civil”, defienden los abogados implicados en la causa.