Hoy: 23 de noviembre de 2024
La Guardia Civil interviene 1.200 kilos de pescado inmaduro a un mayorista en Sevilla
F. I.
El producto decomisado ha sido entregado al Banco de Alimentos de Sevilla tras la revisión de los Servicios Veterinarios de Salud y Consumo del Ayuntamiento
La Guardia Civil de Sevilla, a través de su Patrulla del Seprona, incautó 800 kilos de pijotas y 400 kilos de salmonetes almacenados en el interior de la cámara de refrigeración de un distribuidor mayorista. Estos productos estaban listos para ser comercializados a pesar de no cumplir con las normativas pesqueras, al presentar tallas inferiores a las reglamentarias y carecer de una trazabilidad adecuada, lo que motivó su decomiso inmediato.
La investigación fue realizada por el Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, en coordinación con los Servicios de Inspección Pesquera de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa). Este operativo se desarrolló dentro del Plan Anual de Control Integral de las Actividades Pesqueras (Paciap), diseñado para supervisar el cumplimiento de las normativas de la Política Pesquera Común y luchar contra la pesca ilegal, promoviendo la sostenibilidad de los recursos pesqueros.
Una vez inspeccionados, los técnicos constataron que tanto las pijotas como los salmonetes incumplían la normativa, ya que su tamaño era menor al permitido, afectando la legalidad de su procedencia. Estas irregularidades llevaron a la incautación de los productos para evitar su comercialización, asegurando así el respeto por las regulaciones en materia de conservación y gestión pesquera.
Conforme al procedimiento establecido, el pescado decomisado fue entregado al Banco de Alimentos de Sevilla tras la revisión de los Servicios Veterinarios de Salud y Consumo del Ayuntamiento, con el fin de distribuirlo en comedores sociales de la provincia y garantizar su aprovechamiento seguro.
La intervención dio lugar a diversas denuncias administrativas por infracción de la normativa vigente en Andalucía sobre pesca y defensa del consumidor, además de la apertura de diligencias por posibles delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.
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