La grabación de la declaración judicial de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, revela que la investigada trasladó a Santos Cerdán la responsabilidad sobre la contratación de los abogados vinculados a las presuntas cloacas del partido. «En el PSOE el secretario de Organización es la persona que ostenta la máxima responsabilidad. Es el representante legal, por tanto, tiene el poder para efectuar cualquier tipo de acción», expuso Fuentes el 9 de septiembre ante el magistrado Santiago Pedraz.
Pedraz instruye la causa sobre la presunta operación financiada por el PSOE, liderada por Cerdán y ejecutada por Leire Díez, con el objetivo de desestabilizar procedimientos judiciales sensibles para Ferraz, el Gobierno y el entorno familiar de Pedro Sánchez. El magistrado mantiene imputada a Fuentes por su supuesta colaboración en la elaboración de facturas presuntamente falsas que habrían servido para ocultar la financiación de esta operación.
El 9 de septiembre, la gerente socialista se sometió a un extenso interrogatorio de la Fiscalía, que quiso saber quién impulsó el pago de los gastos de Leire Díez y la contratación de dos letrados presuntamente implicados en la trama: Ismael Oliver, que asumió brevemente la defensa de Koldo García, y Jacobo Teijelo, que más adelante defendería a Santos Cerdán.
Según Fuentes, Teijelo comenzó a asesorar al PSOE a raíz de un contrato verbal con Cerdán; el contrato físico se firmó más adelante. «El secretario de Organización tiene plenas facultades, puede contratar un servicio por contrato verbal. A la hora de realizar el pago sí que exigimos documentación», subrayó ante Pedraz. Lo único que Cerdán le explicó, según su declaración, es que Teijelo iba a ejercer de asesor jurídico, algo que le pareció necesario dada la cantidad de pleitos que afectaban al partido.
En el caso de Ismael Oliver, fue también la Secretaría de Organización la que tramitó una factura por valor de 26.500 euros, según declaró la gerente: «La secretaría de Organización es la que ordena la contratación y la asesoría jurídica hace la hoja de encargo». Fuentes añadió que ella no supo que el partido sufragaba algunos billetes de tren y avión de Leire Díez y su socio Javier Pérez Dolset, ya que «a la gerencia solo llegan autorizaciones cuando de algún modo se excede la política de viajes».
Ese mismo 9 de septiembre declaró también el letrado Ismael Oliver, igualmente investigado en la causa que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Oliver relató que conoció a Leire Díez a través de un cliente, el exdirigente chavista Nervis Villalobos, y que en 2024 Díez le ofreció asumir la defensa de Koldo García.
Según consta en conversaciones de WhatsApp intervenidas por la UCO y aportadas a la causa, Oliver reconoció que Díez le aseguró que el PSOE se haría cargo de su pago. Asumió inicialmente la defensa del exasesor de José Luis Ábalos, pero la abandonó meses después y, según ha indicado, no llegó a cobrar por ese trabajo concreto.
El letrado sí admitió haber cobrado en torno a 27.000 euros por otra vía. El instructor sostiene que en esa operación Oliver actuó como intermediario para que Ferraz pagara a Leire Díez. Él, en cambio, sostiene que el PSOE le abonó esa cantidad para analizar jurídicamente la comisión de investigación de la operación Cataluña en el Congreso, y justificó que su propia empresa pagara idéntica suma a Díez alegando que la había contratado para labores de comunicación.