La Generalitat ha recibido un total de 640 solicitudes de ayuda relacionadas con los efectos de la DANA que golpeó la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, una catástrofe que dejó 230 víctimas mortales y graves consecuencias para cientos de familias. El balance refleja la magnitud del impacto humano provocado por las inundaciones y la necesidad de apoyo económico para quienes sufrieron pérdidas irreparables.
Del total de peticiones registradas, 488 corresponden a familiares de personas fallecidas, mientras que otras 152 han sido presentadas por afectados que sufrieron una incapacidad absoluta y permanente como consecuencia directa del temporal. El plazo para solicitar estas ayudas finalizó recientemente, dando paso ahora a la fase de evaluación y resolución de los expedientes.
La administración autonómica prevé comenzar de forma inmediata la tramitación de las primeras resoluciones, especialmente aquellas vinculadas a las víctimas mortales. El objetivo es que una parte importante de los expedientes quede resuelta durante los próximos meses para agilizar la llegada de los recursos económicos a los beneficiarios.
Las ayudas contemplan una cuantía de 80.000 euros por víctima, una cantidad destinada a aliviar, en parte, las consecuencias personales y económicas derivadas de la tragedia. En los casos de fallecimiento, la compensación se reparte entre los familiares que acrediten su derecho a percibirla, siguiendo los criterios establecidos por la normativa vigente.
Además del apoyo económico, la Generalitat ha desarrollado una importante labor de información, orientación y acompañamiento para los afectados. Durante los últimos meses se han gestionado más de 400 consultas a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos, ofreciendo asistencia personalizada para completar los trámites y resolver dudas relacionadas con las ayudas.
Estas medidas forman parte de la estrategia de recuperación puesta en marcha tras la DANA, que busca atender no solo los daños materiales, sino también las necesidades sociales y humanas derivadas de una de las mayores tragedias recientes vividas en la Comunidad Valenciana.
La prioridad ahora es acelerar los procedimientos administrativos para que las familias y personas afectadas reciban cuanto antes el respaldo necesario para afrontar las consecuencias de un episodio que dejó una profunda huella en numerosos municipios valencianos.