Casi la mitad de los españoles rechaza la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Gobierno

Según una encuesta de DYM, la medida para dar papeles a más de medio millón de personas solo cuenta con el apoyo mayoritario, aunque moderado, de los votantes del PSOE y Sumar

La regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Gobierno cuenta con un respaldo minoritario entre la población española. Según una encuesta del Instituto DYM para 20minutos, el 46,2% de la ciudadanía rechaza esta medida con la que se pretende otorgar papeles a más de medio millón de personas en situación irregular, frente a un 39% que se posiciona a favor.

El barómetro refleja una marcada división política, siendo los sectores de izquierda y centro-izquierda los que muestran un mayor respaldo a la iniciativa. Sin embargo, este apoyo tampoco es abrumador dentro del propio bloque de Gobierno: solo el 59,9% de los votantes del PSOE y el 63,5% de los de Sumar avalan la medida, mientras que aproximadamente uno de cada tres electores de ambas formaciones se manifiesta en contra.

En el espectro de la derecha y el centro-derecha, el rechazo a la regularización es contundente, superando el 66% en ambos casos. Por partidos, los votantes de Vox lideran la oposición con un 80% en contra y apenas un 13% a favor, mientras que entre las filas del Partido Popular, solo uno de cada cuatro electores apoya la medida del Ejecutivo frente a un 62% que la desaprueba.

Esta iniciativa, que representa la séptima regularización extraordinaria en la historia de España, concede un permiso de residencia y trabajo por un año a quienes estuvieran en el país antes del 1 de enero de 2026, acrediten cinco meses de estancia ininterrumpida y no tengan antecedentes penales. El proceso afronta ya su recta final, fijando el próximo 30 de junio como fecha límite para presentar las solicitudes.

Los cálculos gubernamentales estiman que entre 500.000 y 700.000 inmigrantes se beneficiarán de la norma, habiéndose registrado ya 549.596 solicitudes hasta el 21 de mayo. A pesar de los recursos presentados por Vox y la Comunidad de Madrid para suspender la medida de forma cautelar, el Tribunal Supremo ha rechazado la paralización, por lo que el proceso continuará su curso legal.