Nace la Asociación de Afectados por la Ley del 'sí es sí'

Si prosigue esta situación, «habrá que pedir responsabilidades» a Irene Montero «por los daños morales» causados a las víctimas a causa de «legislar mal y con el único y espurio fin político»

La Fundación Zaballos para la Defensa de los Derechos Constitucionales ha anunciado la creación de la Asociación de Afectados por la Reforma de la Ley del sí es sí para «paliar» los efectos desfavorables que ha generado la norma de cara a las víctimas de delitos sexuales.

Desde su entrada en vigor, 47 personas se han beneficiado, entre rebajas de condena (43) y sentencias posteriores en aplicación de la norma (4). Por su parte, 12 han sido excarceladas. Hasta 17 audiencias provinciales se han pronunciado a favor de revisar esas penas, solo, hoy por hoy, las de Navarra y La Rioja se mantienen en contra.

El fin primordial de esta asociación, según describen en un comunicado, es «el acompañamiento de todas esas personas, especialmente las mujeres, las grandes perjudicadas de la violencia de género, quienes ante la situación de desconcierto y confusión generada pueden verse desprotegidas». Con ese objetivo, ofrecen desde asesoramiento o información, hasta la defensa integral de los derechos en todas aquellas cuestiones que puedan plantearse para obtener una información jurídica objetiva y clara.

La pasada semana el Tribunal Supremo se pronunció sobre el ‘caso Arandina’ y aprovechó la ocasión para instar a que no se generalice y a analizar de forma individualizada cada caso cuando las defensas de los agresores sexuales interpongan recursos.

A este respecto, la nueva asociación resalta que si la jurisprudencia consolida una revisión sistemática y automática de las penas con la aplicación de la pena más beneficiosa para el reo «habrá que actuar y pedir responsabilidad a la ministra de Igualdad». También, en ese caso, subrayan que habrá que solicitar la «responsabilidad de la Administración del Estado por los daños morales que sufren las víctimas por legislar mal y con el único y espurio fin político».

«La ley orgánica no ha sabido blindarse para evitar lo que está sucediendo a día de hoy, con rebajas importantes de penas por hechos muy graves, que afectan a muchas mujeres y crean una grave alarma social, con el innato sentimiento de desprotección para las víctimas de la violencia sexual», zanja la fundación presidida por la abogada Emilia Zaballos con respecto a la grieta legal que ha generado interpretaciones favorables a los condenados.