El Ministerio Público ha solicitado una condena de tres años de prisión para una mujer acusada de recibir fraudulentamente la pensión de viudedad de la madre de su pareja hasta el año 2016, a pesar de que esta última falleció en 1998, según el escrito de acusación al que Europa Press ha tenido acceso.
El juicio está programado para las 10.00 horas del miércoles 14 de febrero en la sala 006 de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia.
La acusada, nacida en 1971 en Alhama de Murcia y sin antecedentes penales, mantenía una relación sentimental con el hijo de la beneficiaria de la pensión. Ambos residían junto a sus hijos en Las Torres de Cotillas.
El hijo de la beneficiaria de la pensión falleció el 1 de noviembre de 2007. La auténtica beneficiaria, que murió en 1998, recibía una pensión de viudedad ordinaria suiza a través de la Caja Suiza de Compensación desde el 1 de noviembre de 1985, según una resolución de enero de 1986 que reconocía su derecho a esta prestación.
La Caja Suiza de Compensación transfería mensualmente el pago correspondiente desde esa fecha a las cuentas proporcionadas por la beneficiaria, que se comunicaba con la entidad financiera por correspondencia.
El Ministerio de Justicia español no comunicó el fallecimiento de la beneficiaria a la Caja Suiza de Compensación hasta el 22 de enero de 2016, a pesar de que esta última había muerto el 6 de enero de 1998.
El Fiscal sostiene que la acusada, con el objetivo de obtener un «beneficio patrimonial» y «lucrarse de lo ajeno», no informó a las autoridades suizas sobre la muerte de la beneficiaria y continuó cobrando su pensión desde febrero de 1998.
Inicialmente, la pensión era de unos 240 euros y finalmente ascendió a unos 430 euros mensuales. Según el Ministerio Público, la Caja Suiza de Compensación, mediante la Cooperación Judicial Internacional, ha determinado que la cantidad cobrada indebidamente asciende a 88.479 francos suizos, es decir, 79.296,468 euros.
Durante el presunto fraude, la Caja Suiza de Compensación solicitaba certificados de vida y estado para continuar pagando la pensión. La acusada enviaba varios certificados manuscritos con la firma de un funcionario del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas y el sello del Consistorio, aunque estos no eran auténticos.
La acusada también proporcionaba sellos de entidades como el Registro Civil y el Juzgado de Paz de Las Torres de Cotillas. Para lograrlo, se valió del certificado de defunción de su pareja, transfiriendo el sello y la firma del funcionario al documento que certificaba la fe de vida de la beneficiaria, todo con el fin de continuar recibiendo la pensión.
El Fiscal considera que la acusada es autora de un delito de estafa agravada por la cuantía y de un delito continuado de falsedad documental, por lo que solicita una pena de tres años de prisión. Respecto a la responsabilidad civil, pide que la acusada indemnice a la Caja Suiza de Compensaciones con 79.296 euros, más los intereses legales correspondientes.