La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha formalizado su oposición a que Soledad Iparraguirre, alias Anboto, acceda al régimen de semilibertad concedido por el Gobierno vasco. La exjefa de ETA, responsable de 14 asesinatos y con condenas que suman casi 800 años de cárcel, pretendía abandonar la prisión de lunes a viernes apelando al artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, una medida que el fiscal califica de «tercer grado encubierto».
El informe presentado por el fiscal Carlos García-Berro sostiene que se ha producido un “uso indebido” de la normativa, argumentando que este artículo no puede utilizarse para otorgar beneficios anticipados. Según el documento, la aplicación de esta flexibilidad debe ser un “mecanismo excepcional y puntual”, y no una vía para habilitar actividades de reinserción externas que resultan incompatibles con su situación penal actual.
La acusación subraya una “vulneración frontal” del principio de progresividad, recordando que la terrorista apenas ha cumplido seis años de condena en España desde su extradición en 2019 y está lejos de alcanzar las tres cuartas partes de su pena. Además, el fiscal reprocha al Ejecutivo autonómico una “falta de motivación reforzada”, exigible al tratarse de una criminal de “extrema notoriedad y especial gravedad”.
La reacción de las víctimas no se ha hecho esperar. Desde Covite, su presidenta Consuelo Ordóñez calificó la decisión inicial como “escandalosa”, criticando la vinculación de Iparraguirre con la izquierda abertzale y su nula colaboración con la justicia. En este sentido, el texto recuerda el reciente silencio de la etarra al ser preguntada por el periodista Cake Minuesa: «¿Vas a pedir perdón?», una cuestión que quedó sin respuesta.
A pesar de la contundencia del informe, la Fiscalía se encuentra ante un vacío legal: al no tratarse de un tercer grado formal, sino de una flexibilización técnica, el informe no es vinculante y no han podido presentar un recurso directo. Esta situación ha llevado a Covite a reclamar que se actúe contra lo que consideran “más de 90 terceros grados fraudulentos” concedidos en los últimos años.
El historial de Anboto justifica la alarma social; su historial incluye la orden de asesinar al comandante Luciano Cortizo, el atentado contra el Rey Juan Carlos en el Guggenheim y el asesinato de agentes de policía y civiles. Iparraguirre, que fue la voz del vídeo de disolución de ETA en 2018, sigue siendo para las víctimas el símbolo de una impunidad que, según denuncian, “la realidad supera la ficción”.