La Fiscalía especializada en Medio Ambiente y Urbanismo ha instado a los fiscales provinciales a verificar que los municipios más afectados por los incendios forestales cumplen con la obligación de contar con planes de prevención, tal y como establece la Ley de Montes de 2003.
“Es evidente que la situación que en este momento (agosto de 2025) estamos sufriendo es debido a la ausencia o, en su caso, a la aplicación improcedente de los planes de prevención de incendios. De lo contrario, no se explica lo que está pasando”, ha subrayado en un escrito el fiscal jefe de esta Fiscalía, Antonio Vercher.
El fiscal ha pedido a sus delegados que exijan responsabilidades penales a quienes tuvieran la obligación de elaborar estos planes y no lo hayan hecho. En los casos en los que la actuación no pueda derivar en un delito, los fiscales deberán comunicarlo a la administración sancionadora.
No obstante, Vercher reconoce la complejidad del problema: “Es evidente que los incendios forestales raramente tienen una sola causa y que su origen se complica por factores externos, como el debate político o diferentes interferencias extrañas, que hacen todavía más difícil la situación”.
El fiscal jefe recuerda además que el Ministerio Fiscal tiene la obligación de actuar con “objetividad e imparcialidad”, en virtud del artículo 124 de la Constitución. Esto, señala, implica atender aspectos “a los que tradicionalmente no se ha hecho referencia o que no se han utilizado, pero que no son en modo alguno ajenos en una materia ya de por sí novedosa”.
Fuentes fiscales consultadas por Europa Press recuerdan que esta Fiscalía remite cada año instrucciones a los delegados provinciales para reforzar la prevención. En su último informe anual, elaborado en febrero, se reiteró que “la prevención de los incendios forestales es una prioridad para esta Fiscalía de Sala”.